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Domingo Julio 03, 2022

Hoy se anunciaron los ganadores de los Premios Alejandro Ángel Escobar, los más prestigiosos del mundo científico en Colombia. Y el primer puesto en la categoría de medio ambiente se lo ganó el atlas de páramos que hizo el Instituto Humboldt a una escala de 1 a 100 mil, un exhaustivo trabajo cartográfico que el Ministerio de Ambiente encargó pero que no ha querido adoptar oficialmente.

Colombia tiene oficialmente 1,9 millones de hectáreas de páramo, pero -como contó La Silla en abril- esta nueva actualización cartográfica que el Ministerio le encargó al Humboldt demostró que en realidad hay 900 mil hectáreas más que no aparecían en el anterior atlas, elaborado a una escala menos precisa de 1 a 250 mil.

El problema es que el Ministerio no ha querido adoptarla oficialmente mientras se hace el atlas definitivo de 1 a 25 mil, que ordena el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos pero que hasta ahora arrancó y que puede demorar unos tres años.

Y esa decisión es clave porque los páramos y los humedales fueron declarados -por su importancia hídrica- como zonas vetadas para cualquier tipo de explotación minera por el Plan de Desarrollo. Pero esa protección sólo cobija a los páramos que aparecen en el viejo atlas, que la ex ministra Beatriz Uribe adoptó oficialmente y que aún sigue vigente.

Así que por ahora estas 900 mil hectáreas nuevas de páramo están hoy desprotegidas de actividades como la minería, debido a que estos últimos mapas se han topado con una fuerte resistencia por parte de algunos sectores dentro y fuera del Gobierno, que no quieren que sean blindadas contra actividades económicas. Al menos no todavía.

Este hecho ha generado una pelea dentro de la misma institución -que pagó 650 millones de pesos por este nuevo atlas- porque los más ambientalistas creen que ellos, comenzando por el Ministro Juan Gabriel Uribe, son quienes deberían liderar esa pelea de la protección de los páramos.

¿Será que el prestigio académico del Premio Alejandro Ángel Escobar y el aval de la comunidad científica en el país ayudan al Gobierno a tomar la decisión de adoptarlo?

(Para ver cuáles páramos crecen en el último atlas vea este mapa de La Silla y para todos los mapas del Humboldt acá).

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2013-10-19 19:40
Debe ser mejor esperar a tener la nueva cartografia porque si la diferencia n el numero de hectareas es la misma que la que hubo entre la cartografia 1:250.000 y 1:100.000 (1'000.000 hectareas) entonces estamos ante un porcentaje bastante alto de subestimacion de las areas y por consiguiebte de error en la toma de desiciones.
Mié, 2013-09-04 12:46
Eso de esperar a que el otro salga es precisamente lo que pretenden las multinacionales mineras y el gobierno al rechazar el Atlas actual. Las acciones de conservación se deben tomar con la mejor información disponible no esperar a que salga el atlas de 1:1000...
Mié, 2013-09-04 10:27
Es muy amañada la actitud del gobierno al desechar este trabajo donde se invirtió tanto dinero, qué sentido tenia apoyarlo si serviría para nada. Por qué no darle credibilidad y proteger esas reservas mientras se elabora el que si les satisfaga. El actuar del gobierno no es por desconocimiento, y esta actitud siempre será amañada.
Mié, 2013-09-04 08:22
Pero si el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra en manos de un conservador, cuyo partido se caracteriza por su antiambientalismo....
Mié, 2013-09-04 01:53
El Atlas es fantástico en términos de la información que provee *a la escala que fue elaborado*. Pero la calidad del Atlas es fundamentalmente independiente de su resolución espacial. Por ejemplo, para ciertas aplicaciones mapas excelentes con resolución relativamente baja (e.g., 1:250.000) son indispensables, y mapas (también excelentes) con mayor resolución (e.g., 1:100.000) inútiles. Si el Atlas no tiene la resolución para caracterizar pertinentemente las areas/predios de interés, pues hay razón para que el Ministerio de Medio Ambiente dude en adoptarlo, independientemente de la excelente calidad del Atlas. ¿Qué hacer ante la incertidumbre, ante la ausencia de mapas con resolución pertinente? El “principio de precaución” podría invocarse para adoptar el Atlas (potencialmente previniendo daños al medio ambiente), o para no adoptarlo (potencialmente previniendo daños socio-económicos). LSV parecería inclinarse por la primera opción, pero sin presentar argumentos válidos.
Mié, 2013-09-04 21:27
Excelente pregunta, tatianalujanr! Si la resolución es adecuada, mi comentario arriba no sería válido. Sería útil conocer los criterios que llevaron a decidir cual es la resolución requerida. Mi comentario (arriba) supone que la resolución es inadecuada, tal como sugiere la nota relacionada de LSV titulada "Los páramos de la discordia," que dice: "Por su importancia hídrica, los páramos -así como los humedales- fueron declarados como zonas vetadas para cualquier tipo de explotación minera por el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos. El problema es que ubicar con exactitud dónde comienzan y terminan es una tarea difícil. Por esta razón el Gobierno ordenó delimitarlos a una escala de 1 : 25.000, un complejo trabajo cartográfico donde cada metro del mapa corresponde a 25.000 en la realidad y que permitirá saber exactamente qué tan grandes son en realidad. Pero que se demorará al menos dos o tres años en los 35 complejos de páramos del país."
Mié, 2013-09-04 09:21
El principio de precaución se aplica cuando las consecuencias de una acción son inciertas, cuando hay un riesgo sospechado. Los efectos socioeconómicos de delimitar el páramo NO son inciertos; limitar el impacto productivo sobre el páramo claramente tendrá impactos sociales que sí se conocen. PERO la forma de evitar esos impactos NO ES dejando de adoptar una delimitación sino ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL que ésta implica. Dejar de adoptar el límite simplemente permite que el Estado delegue la responsabilidad del bienestar de la sociedad en unas empresas multinacionales, dejándolas explotar el páramo. Adoptarlo implicaría trabajar en alternativas productivas y de compensación para las comunidades locales, revisar o reglamentar la ley del plan de desarrollo y ponerse las botas. Usar el principio de precaución como argumento en contra de la delimitación es un error sospechosamente conveniente en términos electorales.
Mié, 2013-09-04 21:38
Estimada Julieta,creo que estamos hablando de incertidumbres diferentes. La incertidumbre a la que yo me refiero es la de saber dónde comienzan y terminan los páramos, como lo explica la nota relacionada de LSV titulada "Los páramos de la discordia". Por otra parte, ud. habla de la (ausencia de) incertidumbre de los efectos socioeconómicos de delimitar el páramo. ¿Deacuerdo?
Jue, 2013-09-05 20:21
Rectifico. También hay incertidumbre sobre los efectos sociales de excluir cualquier actividad productiva del páramo. Pero mi argumento central es que la solución a esa perspectiva de impacto social no consiste en no adoptar la delimitación y permitir cualquier actividad en esa franja incierta, sino en revisar las implicaciones normativas de reconocer la existencia de un ecosistema frágil y vital. Si el estado está preocupándose por fin por los habitantes del páramo (históricamente marginados; su marginación no se le puede achacar al ambientalismo), hay que celebrarlo; pero esta preocupación no puede manifestarse simplemente en "dejar hacer" ("subiendo la línea"), que en la práctica significa dejarlos a merced del mercado internacional de materias primas.
Sáb, 2013-09-07 00:43
Una iniciativa potencialmente valiosa en ese sentido es el oro 'fairmined' del que habló LSV: http://www.lasillavacia.com/queridodiario/el-oro-fairmined-la-apuesta-del-bid-para-formalizar-pequenos-mineros-45510
Mié, 2013-09-04 22:23
Estimada tatianalujanr, ¿Porqué absurdo? El argumento supone que: (i) Los páramos deben blindarse contra actividades económicas (lenguaje de LSV) porque los costos ambientales rebasan los beneficios socio-económicos. (ii) Las zonas que no están en los páramos (ni en zonas ambientales sensitivas) no deben blindarse contra actividades económicas porque los beneficios socio-económicos rebasan los costos ambientales. (iii) Hay incertidumbre: no se sabe si una zona determinada, digamos zona “A”, está dentro o fuera de un páramo. Bajo estas suposiciones, me parece que el principio de precaución tiene dos versiones. Una es blindar a “A”, potencialmente previniendo un costo ambiental y aceptando el riesgo de perdidas socio-económicas. La otra es no blindar a “A”, potencialmente previniendo pérdidas socio-económicas y aceptando el riesgo de un costo ambiental.
Jue, 2013-09-05 20:40
La dicotomía costo ambiental versus costo social es incorrecta. El "costo ambiental" también es socioeconómico, pues se refiere a la potencial pérdida del servicio de provisión de agua y de regulación climática, entre otros, PARA LA SOCIEDAD. Hay conflictos entre niveles de la escala temporal: el costo de limitar la actividad productiva tiende a ser inmediato; el costo de ir agotando el recurso hídrico tiende a ser en el mediano y largo plazo. Por otra parte, me parece que "el riesgo socioeconómico" parece un eufemismo para hablar de las pérdidas monetarias en un modelo extractivista. Si hay un interés real en "disminuir el riesgo socioeconómico" ¿no deberíamos estar hablando más bien de adoptar medidas para el bienestar de la sociedad (que podrían no implicar gran minería y agroindustria) y que implican también bienestar en términos ambientales?
Jue, 2013-09-05 18:59
En su forma general principio de precaución (PP) puede presentarse como: los beneficios esperados de una decision irreversible deben ajustarse para reflejar la pérdida de opciones que la decisión implica (Arrow and Fisher. 1974. Environmental Preservation, Uncertainty, and Irreversibility. The Quarterly Journal of Economics 88: 312-319). Arrow y Fisher dicen explicitamente que el PP no se restringe a efectos ambientales. Otra versión general del PP va más o menos así: cuando en duda sobre que acción adoptar se debe escoger la alternativa que tiene menor probabilidad de causar daño (p. 207 en: Sarkar. 2005. Biodiversity and environmental philosophy, Cambridge university press). Blindar el páramo puede tener costos de oportunidad socio-económicos irreversibles. Por ejemplo, para una comunidad necesitada, la perdida de una ganancia económica inmediata derivada de actividades extractivas puede causar daño irreparable al futuro de la comunidad (p. 31 en: Sarkar, 2005).
Jue, 2013-09-05 19:04
Ahora, bien, es posible que la ley colombiana haya adoptado una versión estrecha (y por ende tal vez cuestionable) del principio de precaución (PP), enfocada exclusivamente en asuntos ambientales. Pero lo único que la aplicación de tal versión del PP implica es que la incertidumbre no debe presentarse como argumento para postergar medidas de protección ambiental. No implica que las medidas de protección ambiental deban aplicarse necesariamente. Tampoco impide que consideraciones distintas a la incertidumbre (e.g., aspectos socio-económicos) hagan parte de la toma de decisiones. Este punto es elaborado en: Driesen. 2013. Cost-Benefit Analysis and the Precautionary Principle: Can They be Reconciled? (http://works.bepress.com/david_driesen/8/)
Sáb, 2013-09-07 00:36
tatianalujanr, gracias a ti por una discusión interesante. Tus preguntas y comentarios me hicieron pensar.
Mié, 2013-09-04 10:34
Esto es la repetición de la repetidera, el NUNCA acabar. La intención es clara, proyectar a futuro lo que ocurre con los baldíos y los mineros etc. etc. solo que dentro del mismo AMBIENTE, tocar otra arista hasta agotarlas todas. Es gradual señores ,si lo hacen del todo se quedan sin justificar los altísimos salarios que devengan por regalar la nación.
Mar, 2013-09-03 20:09
Muy sencillo señores: necesitamos esperar el atlas definitivo, ese que está en escala más exacta de 1: 25 mil--en este gobierno nos gustan las cosas correctas, exacticas, las cuentas clara y el chocolate espeso---, y que no sabemos cuándo esté listo, es más ni siquiera podemos garantizar que se logre, y de paso esperamos, quien quita que sean más de 900 mil que estemos feriando, eh eso es mucho lo bueno; para que proteger ya esos paramos, ah que pereza omee, mientras tanto dejamos en libertad a quien quiera tomarse las 900 mil hectáreas ,así no perdemos la costumbre de repetir la historia con lo ilegales, las empresas enfrentándose con la población y sobre todo para que demos las soluciones “salomónicas” que ya tenemos planeadas para ese entonces; por ahora muy bonito el atlas pero si no es el 1:25 mil "no me lo pongo", no digo más, suerte con todos pues. Esos 650 mil millones, fresco no es nada, Uds. ponen,....... yo dispoongo.
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Jueves, Marzo 3, 2016 - 03:09
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Cuando estaba a punto de iniciar la campaña local, Richard Aguilar y Hugo Aguilar sabían que iban a ir por caminos diferentes. Esta fofo fue tomada en junio de 2015 en la celebración del día del padre de la familia Aguilar. 

El Presidente Juan Manuel Santos bajó del bus de su gabinete al exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa y lo dejó sin el pan y sin el queso.

La Silla conoció que una reunión privada que sostuvieron los directores de los medios de comunicación en Santander con Santos, el mandatario aseguró que el exgobernador no va a ser parte de su Gobierno y que ni siquiera está considerando su hoja de vida.

La afirmación, que le fue confirmada a La Silla por tres de los asistentes al encuentro,  la hizo Santos luego de que lo interrogaran por los rumores que había sobre la posibilidad de que Aguilar llegara a dirigir el Departamento de la Prosperidad Social, DPS.

Pero lo que realmente sorprendió en la reunión fue que Santos también negara que Richard Aguilar hubiera sido cercano a él y a su gobierno, cuando el exgobernador de Santander hasta cambió de preferencias políticas por él.

La Silla contó cómo en plena campaña de reelección de Santos, desde la Gobernación de Santander (dirigida por Richard) les ordenaron a los contratistas llevar al menos diez personas al evento de cierre de la candidatura del entonces presidente-candidato en Bucaramanga.

Esa fue la primera vez que se hizo evidente que Richard Aguilar había saltado a la orilla de Santos y que estaba tomando un camino diferente al de su papá -el parapolítico Hugo Aguilar- quien apoyó a través de su otro hijo, el senador Mauricio Aguilar, la aspiración del uribista Óscar Iván Zuluaga.

De hecho, fue la cercanía de Richard Aguilar a Santos la que terminó desbaratando el fortín político de los Aguilar en 2015. Mientras que el candidato a la gobernación de Santander del grupo de Richard Aguilar fue avalado por La U, el de Hugo Aguilar se lanzó por firmas y luego sumó el apoyo del Centro Democrático.

Eso dividió los votos que habían amasado los Aguilar en los últimos años, y le abrió el camino a Didier Tavera, quien aunque era el enemigo en común, terminó quedándose con el Palacio Amarillo.

La derrota de Richard Aguilar en las urnas, y lo que dijo Santos en esa reunión, además, le dio  la razón a su papá, quien a lo largo de la campaña dijo que a su hijo lo estaban “engatusando” y que no le iban a cumplir.

En la reunión con los directores de los medios Santos también habló del aterrizaje de la paz, la inversión en el departamento y la situación económica del país, el discurso que ha venido dando en todas sus intervenciones públicas.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 14:36
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Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 06:03
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Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

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