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Domingo Julio 03, 2022

Hoy se anunciaron los ganadores de los Premios Alejandro Ángel Escobar, los más prestigiosos del mundo científico en Colombia. Y el primer puesto en la categoría de medio ambiente se lo ganó el atlas de páramos que hizo el Instituto Humboldt a una escala de 1 a 100 mil, un exhaustivo trabajo cartográfico que el Ministerio de Ambiente encargó pero que no ha querido adoptar oficialmente.

Colombia tiene oficialmente 1,9 millones de hectáreas de páramo, pero -como contó La Silla en abril- esta nueva actualización cartográfica que el Ministerio le encargó al Humboldt demostró que en realidad hay 900 mil hectáreas más que no aparecían en el anterior atlas, elaborado a una escala menos precisa de 1 a 250 mil.

El problema es que el Ministerio no ha querido adoptarla oficialmente mientras se hace el atlas definitivo de 1 a 25 mil, que ordena el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos pero que hasta ahora arrancó y que puede demorar unos tres años.

Y esa decisión es clave porque los páramos y los humedales fueron declarados -por su importancia hídrica- como zonas vetadas para cualquier tipo de explotación minera por el Plan de Desarrollo. Pero esa protección sólo cobija a los páramos que aparecen en el viejo atlas, que la ex ministra Beatriz Uribe adoptó oficialmente y que aún sigue vigente.

Así que por ahora estas 900 mil hectáreas nuevas de páramo están hoy desprotegidas de actividades como la minería, debido a que estos últimos mapas se han topado con una fuerte resistencia por parte de algunos sectores dentro y fuera del Gobierno, que no quieren que sean blindadas contra actividades económicas. Al menos no todavía.

Este hecho ha generado una pelea dentro de la misma institución -que pagó 650 millones de pesos por este nuevo atlas- porque los más ambientalistas creen que ellos, comenzando por el Ministro Juan Gabriel Uribe, son quienes deberían liderar esa pelea de la protección de los páramos.

¿Será que el prestigio académico del Premio Alejandro Ángel Escobar y el aval de la comunidad científica en el país ayudan al Gobierno a tomar la decisión de adoptarlo?

(Para ver cuáles páramos crecen en el último atlas vea este mapa de La Silla y para todos los mapas del Humboldt acá).

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2013-10-19 19:40
Debe ser mejor esperar a tener la nueva cartografia porque si la diferencia n el numero de hectareas es la misma que la que hubo entre la cartografia 1:250.000 y 1:100.000 (1'000.000 hectareas) entonces estamos ante un porcentaje bastante alto de subestimacion de las areas y por consiguiebte de error en la toma de desiciones.
Mié, 2013-09-04 12:46
Eso de esperar a que el otro salga es precisamente lo que pretenden las multinacionales mineras y el gobierno al rechazar el Atlas actual. Las acciones de conservación se deben tomar con la mejor información disponible no esperar a que salga el atlas de 1:1000...
Mié, 2013-09-04 10:27
Es muy amañada la actitud del gobierno al desechar este trabajo donde se invirtió tanto dinero, qué sentido tenia apoyarlo si serviría para nada. Por qué no darle credibilidad y proteger esas reservas mientras se elabora el que si les satisfaga. El actuar del gobierno no es por desconocimiento, y esta actitud siempre será amañada.
Mié, 2013-09-04 08:22
Pero si el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra en manos de un conservador, cuyo partido se caracteriza por su antiambientalismo....
Mié, 2013-09-04 01:53
El Atlas es fantástico en términos de la información que provee *a la escala que fue elaborado*. Pero la calidad del Atlas es fundamentalmente independiente de su resolución espacial. Por ejemplo, para ciertas aplicaciones mapas excelentes con resolución relativamente baja (e.g., 1:250.000) son indispensables, y mapas (también excelentes) con mayor resolución (e.g., 1:100.000) inútiles. Si el Atlas no tiene la resolución para caracterizar pertinentemente las areas/predios de interés, pues hay razón para que el Ministerio de Medio Ambiente dude en adoptarlo, independientemente de la excelente calidad del Atlas. ¿Qué hacer ante la incertidumbre, ante la ausencia de mapas con resolución pertinente? El “principio de precaución” podría invocarse para adoptar el Atlas (potencialmente previniendo daños al medio ambiente), o para no adoptarlo (potencialmente previniendo daños socio-económicos). LSV parecería inclinarse por la primera opción, pero sin presentar argumentos válidos.
Mié, 2013-09-04 21:27
Excelente pregunta, tatianalujanr! Si la resolución es adecuada, mi comentario arriba no sería válido. Sería útil conocer los criterios que llevaron a decidir cual es la resolución requerida. Mi comentario (arriba) supone que la resolución es inadecuada, tal como sugiere la nota relacionada de LSV titulada "Los páramos de la discordia," que dice: "Por su importancia hídrica, los páramos -así como los humedales- fueron declarados como zonas vetadas para cualquier tipo de explotación minera por el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos. El problema es que ubicar con exactitud dónde comienzan y terminan es una tarea difícil. Por esta razón el Gobierno ordenó delimitarlos a una escala de 1 : 25.000, un complejo trabajo cartográfico donde cada metro del mapa corresponde a 25.000 en la realidad y que permitirá saber exactamente qué tan grandes son en realidad. Pero que se demorará al menos dos o tres años en los 35 complejos de páramos del país."
Mié, 2013-09-04 09:21
El principio de precaución se aplica cuando las consecuencias de una acción son inciertas, cuando hay un riesgo sospechado. Los efectos socioeconómicos de delimitar el páramo NO son inciertos; limitar el impacto productivo sobre el páramo claramente tendrá impactos sociales que sí se conocen. PERO la forma de evitar esos impactos NO ES dejando de adoptar una delimitación sino ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL que ésta implica. Dejar de adoptar el límite simplemente permite que el Estado delegue la responsabilidad del bienestar de la sociedad en unas empresas multinacionales, dejándolas explotar el páramo. Adoptarlo implicaría trabajar en alternativas productivas y de compensación para las comunidades locales, revisar o reglamentar la ley del plan de desarrollo y ponerse las botas. Usar el principio de precaución como argumento en contra de la delimitación es un error sospechosamente conveniente en términos electorales.
Mié, 2013-09-04 21:38
Estimada Julieta,creo que estamos hablando de incertidumbres diferentes. La incertidumbre a la que yo me refiero es la de saber dónde comienzan y terminan los páramos, como lo explica la nota relacionada de LSV titulada "Los páramos de la discordia". Por otra parte, ud. habla de la (ausencia de) incertidumbre de los efectos socioeconómicos de delimitar el páramo. ¿Deacuerdo?
Jue, 2013-09-05 20:21
Rectifico. También hay incertidumbre sobre los efectos sociales de excluir cualquier actividad productiva del páramo. Pero mi argumento central es que la solución a esa perspectiva de impacto social no consiste en no adoptar la delimitación y permitir cualquier actividad en esa franja incierta, sino en revisar las implicaciones normativas de reconocer la existencia de un ecosistema frágil y vital. Si el estado está preocupándose por fin por los habitantes del páramo (históricamente marginados; su marginación no se le puede achacar al ambientalismo), hay que celebrarlo; pero esta preocupación no puede manifestarse simplemente en "dejar hacer" ("subiendo la línea"), que en la práctica significa dejarlos a merced del mercado internacional de materias primas.
Sáb, 2013-09-07 00:43
Una iniciativa potencialmente valiosa en ese sentido es el oro 'fairmined' del que habló LSV: http://www.lasillavacia.com/queridodiario/el-oro-fairmined-la-apuesta-del-bid-para-formalizar-pequenos-mineros-45510
Mié, 2013-09-04 22:23
Estimada tatianalujanr, ¿Porqué absurdo? El argumento supone que: (i) Los páramos deben blindarse contra actividades económicas (lenguaje de LSV) porque los costos ambientales rebasan los beneficios socio-económicos. (ii) Las zonas que no están en los páramos (ni en zonas ambientales sensitivas) no deben blindarse contra actividades económicas porque los beneficios socio-económicos rebasan los costos ambientales. (iii) Hay incertidumbre: no se sabe si una zona determinada, digamos zona “A”, está dentro o fuera de un páramo. Bajo estas suposiciones, me parece que el principio de precaución tiene dos versiones. Una es blindar a “A”, potencialmente previniendo un costo ambiental y aceptando el riesgo de perdidas socio-económicas. La otra es no blindar a “A”, potencialmente previniendo pérdidas socio-económicas y aceptando el riesgo de un costo ambiental.
Jue, 2013-09-05 20:40
La dicotomía costo ambiental versus costo social es incorrecta. El "costo ambiental" también es socioeconómico, pues se refiere a la potencial pérdida del servicio de provisión de agua y de regulación climática, entre otros, PARA LA SOCIEDAD. Hay conflictos entre niveles de la escala temporal: el costo de limitar la actividad productiva tiende a ser inmediato; el costo de ir agotando el recurso hídrico tiende a ser en el mediano y largo plazo. Por otra parte, me parece que "el riesgo socioeconómico" parece un eufemismo para hablar de las pérdidas monetarias en un modelo extractivista. Si hay un interés real en "disminuir el riesgo socioeconómico" ¿no deberíamos estar hablando más bien de adoptar medidas para el bienestar de la sociedad (que podrían no implicar gran minería y agroindustria) y que implican también bienestar en términos ambientales?
Jue, 2013-09-05 18:59
En su forma general principio de precaución (PP) puede presentarse como: los beneficios esperados de una decision irreversible deben ajustarse para reflejar la pérdida de opciones que la decisión implica (Arrow and Fisher. 1974. Environmental Preservation, Uncertainty, and Irreversibility. The Quarterly Journal of Economics 88: 312-319). Arrow y Fisher dicen explicitamente que el PP no se restringe a efectos ambientales. Otra versión general del PP va más o menos así: cuando en duda sobre que acción adoptar se debe escoger la alternativa que tiene menor probabilidad de causar daño (p. 207 en: Sarkar. 2005. Biodiversity and environmental philosophy, Cambridge university press). Blindar el páramo puede tener costos de oportunidad socio-económicos irreversibles. Por ejemplo, para una comunidad necesitada, la perdida de una ganancia económica inmediata derivada de actividades extractivas puede causar daño irreparable al futuro de la comunidad (p. 31 en: Sarkar, 2005).
Jue, 2013-09-05 19:04
Ahora, bien, es posible que la ley colombiana haya adoptado una versión estrecha (y por ende tal vez cuestionable) del principio de precaución (PP), enfocada exclusivamente en asuntos ambientales. Pero lo único que la aplicación de tal versión del PP implica es que la incertidumbre no debe presentarse como argumento para postergar medidas de protección ambiental. No implica que las medidas de protección ambiental deban aplicarse necesariamente. Tampoco impide que consideraciones distintas a la incertidumbre (e.g., aspectos socio-económicos) hagan parte de la toma de decisiones. Este punto es elaborado en: Driesen. 2013. Cost-Benefit Analysis and the Precautionary Principle: Can They be Reconciled? (http://works.bepress.com/david_driesen/8/)
Sáb, 2013-09-07 00:36
tatianalujanr, gracias a ti por una discusión interesante. Tus preguntas y comentarios me hicieron pensar.
Mié, 2013-09-04 10:34
Esto es la repetición de la repetidera, el NUNCA acabar. La intención es clara, proyectar a futuro lo que ocurre con los baldíos y los mineros etc. etc. solo que dentro del mismo AMBIENTE, tocar otra arista hasta agotarlas todas. Es gradual señores ,si lo hacen del todo se quedan sin justificar los altísimos salarios que devengan por regalar la nación.
Mar, 2013-09-03 20:09
Muy sencillo señores: necesitamos esperar el atlas definitivo, ese que está en escala más exacta de 1: 25 mil--en este gobierno nos gustan las cosas correctas, exacticas, las cuentas clara y el chocolate espeso---, y que no sabemos cuándo esté listo, es más ni siquiera podemos garantizar que se logre, y de paso esperamos, quien quita que sean más de 900 mil que estemos feriando, eh eso es mucho lo bueno; para que proteger ya esos paramos, ah que pereza omee, mientras tanto dejamos en libertad a quien quiera tomarse las 900 mil hectáreas ,así no perdemos la costumbre de repetir la historia con lo ilegales, las empresas enfrentándose con la población y sobre todo para que demos las soluciones “salomónicas” que ya tenemos planeadas para ese entonces; por ahora muy bonito el atlas pero si no es el 1:25 mil "no me lo pongo", no digo más, suerte con todos pues. Esos 650 mil millones, fresco no es nada, Uds. ponen,....... yo dispoongo.
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Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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