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Domingo Julio 03, 2022

Hoy se anunciaron los ganadores de los Premios Alejandro Ángel Escobar, los más prestigiosos del mundo científico en Colombia. Y el primer puesto en la categoría de medio ambiente se lo ganó el atlas de páramos que hizo el Instituto Humboldt a una escala de 1 a 100 mil, un exhaustivo trabajo cartográfico que el Ministerio de Ambiente encargó pero que no ha querido adoptar oficialmente.

Colombia tiene oficialmente 1,9 millones de hectáreas de páramo, pero -como contó La Silla en abril- esta nueva actualización cartográfica que el Ministerio le encargó al Humboldt demostró que en realidad hay 900 mil hectáreas más que no aparecían en el anterior atlas, elaborado a una escala menos precisa de 1 a 250 mil.

El problema es que el Ministerio no ha querido adoptarla oficialmente mientras se hace el atlas definitivo de 1 a 25 mil, que ordena el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos pero que hasta ahora arrancó y que puede demorar unos tres años.

Y esa decisión es clave porque los páramos y los humedales fueron declarados -por su importancia hídrica- como zonas vetadas para cualquier tipo de explotación minera por el Plan de Desarrollo. Pero esa protección sólo cobija a los páramos que aparecen en el viejo atlas, que la ex ministra Beatriz Uribe adoptó oficialmente y que aún sigue vigente.

Así que por ahora estas 900 mil hectáreas nuevas de páramo están hoy desprotegidas de actividades como la minería, debido a que estos últimos mapas se han topado con una fuerte resistencia por parte de algunos sectores dentro y fuera del Gobierno, que no quieren que sean blindadas contra actividades económicas. Al menos no todavía.

Este hecho ha generado una pelea dentro de la misma institución -que pagó 650 millones de pesos por este nuevo atlas- porque los más ambientalistas creen que ellos, comenzando por el Ministro Juan Gabriel Uribe, son quienes deberían liderar esa pelea de la protección de los páramos.

¿Será que el prestigio académico del Premio Alejandro Ángel Escobar y el aval de la comunidad científica en el país ayudan al Gobierno a tomar la decisión de adoptarlo?

(Para ver cuáles páramos crecen en el último atlas vea este mapa de La Silla y para todos los mapas del Humboldt acá).

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2013-10-19 19:40
Debe ser mejor esperar a tener la nueva cartografia porque si la diferencia n el numero de hectareas es la misma que la que hubo entre la cartografia 1:250.000 y 1:100.000 (1'000.000 hectareas) entonces estamos ante un porcentaje bastante alto de subestimacion de las areas y por consiguiebte de error en la toma de desiciones.
Mié, 2013-09-04 12:46
Eso de esperar a que el otro salga es precisamente lo que pretenden las multinacionales mineras y el gobierno al rechazar el Atlas actual. Las acciones de conservación se deben tomar con la mejor información disponible no esperar a que salga el atlas de 1:1000...
Mié, 2013-09-04 10:27
Es muy amañada la actitud del gobierno al desechar este trabajo donde se invirtió tanto dinero, qué sentido tenia apoyarlo si serviría para nada. Por qué no darle credibilidad y proteger esas reservas mientras se elabora el que si les satisfaga. El actuar del gobierno no es por desconocimiento, y esta actitud siempre será amañada.
Mié, 2013-09-04 08:22
Pero si el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra en manos de un conservador, cuyo partido se caracteriza por su antiambientalismo....
Mié, 2013-09-04 01:53
El Atlas es fantástico en términos de la información que provee *a la escala que fue elaborado*. Pero la calidad del Atlas es fundamentalmente independiente de su resolución espacial. Por ejemplo, para ciertas aplicaciones mapas excelentes con resolución relativamente baja (e.g., 1:250.000) son indispensables, y mapas (también excelentes) con mayor resolución (e.g., 1:100.000) inútiles. Si el Atlas no tiene la resolución para caracterizar pertinentemente las areas/predios de interés, pues hay razón para que el Ministerio de Medio Ambiente dude en adoptarlo, independientemente de la excelente calidad del Atlas. ¿Qué hacer ante la incertidumbre, ante la ausencia de mapas con resolución pertinente? El “principio de precaución” podría invocarse para adoptar el Atlas (potencialmente previniendo daños al medio ambiente), o para no adoptarlo (potencialmente previniendo daños socio-económicos). LSV parecería inclinarse por la primera opción, pero sin presentar argumentos válidos.
Mié, 2013-09-04 21:27
Excelente pregunta, tatianalujanr! Si la resolución es adecuada, mi comentario arriba no sería válido. Sería útil conocer los criterios que llevaron a decidir cual es la resolución requerida. Mi comentario (arriba) supone que la resolución es inadecuada, tal como sugiere la nota relacionada de LSV titulada "Los páramos de la discordia," que dice: "Por su importancia hídrica, los páramos -así como los humedales- fueron declarados como zonas vetadas para cualquier tipo de explotación minera por el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos. El problema es que ubicar con exactitud dónde comienzan y terminan es una tarea difícil. Por esta razón el Gobierno ordenó delimitarlos a una escala de 1 : 25.000, un complejo trabajo cartográfico donde cada metro del mapa corresponde a 25.000 en la realidad y que permitirá saber exactamente qué tan grandes son en realidad. Pero que se demorará al menos dos o tres años en los 35 complejos de páramos del país."
Mié, 2013-09-04 09:21
El principio de precaución se aplica cuando las consecuencias de una acción son inciertas, cuando hay un riesgo sospechado. Los efectos socioeconómicos de delimitar el páramo NO son inciertos; limitar el impacto productivo sobre el páramo claramente tendrá impactos sociales que sí se conocen. PERO la forma de evitar esos impactos NO ES dejando de adoptar una delimitación sino ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL que ésta implica. Dejar de adoptar el límite simplemente permite que el Estado delegue la responsabilidad del bienestar de la sociedad en unas empresas multinacionales, dejándolas explotar el páramo. Adoptarlo implicaría trabajar en alternativas productivas y de compensación para las comunidades locales, revisar o reglamentar la ley del plan de desarrollo y ponerse las botas. Usar el principio de precaución como argumento en contra de la delimitación es un error sospechosamente conveniente en términos electorales.
Mié, 2013-09-04 21:38
Estimada Julieta,creo que estamos hablando de incertidumbres diferentes. La incertidumbre a la que yo me refiero es la de saber dónde comienzan y terminan los páramos, como lo explica la nota relacionada de LSV titulada "Los páramos de la discordia". Por otra parte, ud. habla de la (ausencia de) incertidumbre de los efectos socioeconómicos de delimitar el páramo. ¿Deacuerdo?
Jue, 2013-09-05 20:21
Rectifico. También hay incertidumbre sobre los efectos sociales de excluir cualquier actividad productiva del páramo. Pero mi argumento central es que la solución a esa perspectiva de impacto social no consiste en no adoptar la delimitación y permitir cualquier actividad en esa franja incierta, sino en revisar las implicaciones normativas de reconocer la existencia de un ecosistema frágil y vital. Si el estado está preocupándose por fin por los habitantes del páramo (históricamente marginados; su marginación no se le puede achacar al ambientalismo), hay que celebrarlo; pero esta preocupación no puede manifestarse simplemente en "dejar hacer" ("subiendo la línea"), que en la práctica significa dejarlos a merced del mercado internacional de materias primas.
Sáb, 2013-09-07 00:43
Una iniciativa potencialmente valiosa en ese sentido es el oro 'fairmined' del que habló LSV: http://www.lasillavacia.com/queridodiario/el-oro-fairmined-la-apuesta-del-bid-para-formalizar-pequenos-mineros-45510
Mié, 2013-09-04 22:23
Estimada tatianalujanr, ¿Porqué absurdo? El argumento supone que: (i) Los páramos deben blindarse contra actividades económicas (lenguaje de LSV) porque los costos ambientales rebasan los beneficios socio-económicos. (ii) Las zonas que no están en los páramos (ni en zonas ambientales sensitivas) no deben blindarse contra actividades económicas porque los beneficios socio-económicos rebasan los costos ambientales. (iii) Hay incertidumbre: no se sabe si una zona determinada, digamos zona “A”, está dentro o fuera de un páramo. Bajo estas suposiciones, me parece que el principio de precaución tiene dos versiones. Una es blindar a “A”, potencialmente previniendo un costo ambiental y aceptando el riesgo de perdidas socio-económicas. La otra es no blindar a “A”, potencialmente previniendo pérdidas socio-económicas y aceptando el riesgo de un costo ambiental.
Jue, 2013-09-05 20:40
La dicotomía costo ambiental versus costo social es incorrecta. El "costo ambiental" también es socioeconómico, pues se refiere a la potencial pérdida del servicio de provisión de agua y de regulación climática, entre otros, PARA LA SOCIEDAD. Hay conflictos entre niveles de la escala temporal: el costo de limitar la actividad productiva tiende a ser inmediato; el costo de ir agotando el recurso hídrico tiende a ser en el mediano y largo plazo. Por otra parte, me parece que "el riesgo socioeconómico" parece un eufemismo para hablar de las pérdidas monetarias en un modelo extractivista. Si hay un interés real en "disminuir el riesgo socioeconómico" ¿no deberíamos estar hablando más bien de adoptar medidas para el bienestar de la sociedad (que podrían no implicar gran minería y agroindustria) y que implican también bienestar en términos ambientales?
Jue, 2013-09-05 18:59
En su forma general principio de precaución (PP) puede presentarse como: los beneficios esperados de una decision irreversible deben ajustarse para reflejar la pérdida de opciones que la decisión implica (Arrow and Fisher. 1974. Environmental Preservation, Uncertainty, and Irreversibility. The Quarterly Journal of Economics 88: 312-319). Arrow y Fisher dicen explicitamente que el PP no se restringe a efectos ambientales. Otra versión general del PP va más o menos así: cuando en duda sobre que acción adoptar se debe escoger la alternativa que tiene menor probabilidad de causar daño (p. 207 en: Sarkar. 2005. Biodiversity and environmental philosophy, Cambridge university press). Blindar el páramo puede tener costos de oportunidad socio-económicos irreversibles. Por ejemplo, para una comunidad necesitada, la perdida de una ganancia económica inmediata derivada de actividades extractivas puede causar daño irreparable al futuro de la comunidad (p. 31 en: Sarkar, 2005).
Jue, 2013-09-05 19:04
Ahora, bien, es posible que la ley colombiana haya adoptado una versión estrecha (y por ende tal vez cuestionable) del principio de precaución (PP), enfocada exclusivamente en asuntos ambientales. Pero lo único que la aplicación de tal versión del PP implica es que la incertidumbre no debe presentarse como argumento para postergar medidas de protección ambiental. No implica que las medidas de protección ambiental deban aplicarse necesariamente. Tampoco impide que consideraciones distintas a la incertidumbre (e.g., aspectos socio-económicos) hagan parte de la toma de decisiones. Este punto es elaborado en: Driesen. 2013. Cost-Benefit Analysis and the Precautionary Principle: Can They be Reconciled? (http://works.bepress.com/david_driesen/8/)
Sáb, 2013-09-07 00:36
tatianalujanr, gracias a ti por una discusión interesante. Tus preguntas y comentarios me hicieron pensar.
Mié, 2013-09-04 10:34
Esto es la repetición de la repetidera, el NUNCA acabar. La intención es clara, proyectar a futuro lo que ocurre con los baldíos y los mineros etc. etc. solo que dentro del mismo AMBIENTE, tocar otra arista hasta agotarlas todas. Es gradual señores ,si lo hacen del todo se quedan sin justificar los altísimos salarios que devengan por regalar la nación.
Mar, 2013-09-03 20:09
Muy sencillo señores: necesitamos esperar el atlas definitivo, ese que está en escala más exacta de 1: 25 mil--en este gobierno nos gustan las cosas correctas, exacticas, las cuentas clara y el chocolate espeso---, y que no sabemos cuándo esté listo, es más ni siquiera podemos garantizar que se logre, y de paso esperamos, quien quita que sean más de 900 mil que estemos feriando, eh eso es mucho lo bueno; para que proteger ya esos paramos, ah que pereza omee, mientras tanto dejamos en libertad a quien quiera tomarse las 900 mil hectáreas ,así no perdemos la costumbre de repetir la historia con lo ilegales, las empresas enfrentándose con la población y sobre todo para que demos las soluciones “salomónicas” que ya tenemos planeadas para ese entonces; por ahora muy bonito el atlas pero si no es el 1:25 mil "no me lo pongo", no digo más, suerte con todos pues. Esos 650 mil millones, fresco no es nada, Uds. ponen,....... yo dispoongo.
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Martes, Marzo 15, 2016 - 10:45
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Desde que hace una semana se supo que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez estaba hospitalizado en Soacha por problemas cardíacos, los familiares del asesinado exconcejal de Barrancas Luis López Peralta sugirieron que podría tratarse de una estrategia de dilación de Kiko para posponer los alegatos de conclusión en el juicio que afronta por el crimen de López. En efecto, la audiencia programada para el viernes pasado quedó pospuesta por la ausencia de Kiko y la nueva fecha todavía no se conoce a ciencia cierta.

Resulta que en el proceso en el que el exmandatario está acusado de ser el autor intelectual del crimen del exconcejal, la juez tuvo que reprogramar la lectura de los alegatos de conclusión para el 6 de abril por la hospitalización de Kiko. Y hasta reservó una tercera fecha, el 20 de abril, por si para la primera semana de abril Kiko sigue en el hospital.

Esa diligencia depende de la salida del exgobernador del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, donde está internado desde el 26 de febrero, pero la salida también es incierta.

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El vocero del Inpec también le dijo a La Silla que para tener un segundo diagnóstico sobre la salud de Kiko, la entidad le pidió al Instituto de Medicina Legal evaluarlo y está a la espera de una respuesta.

Las dudas sobre el verdadero estado de salud de Kiko aumentaron el viernes, día en que no se hizo la audiencia, porque Semana publicó una fotografía en la que se le ve relajado, sin conexión a ningún aparato médico y aparentemente viendo televisión.

Esa fotografía va en contravía a lo que informó el Inpec el 8 de marzo, cuando dijo que, según el reporte médico del hospital, Kiko tuvo que dejar su celda en febrero porque tenía angina inestable, arritmia cardíaca y podría necesitar una operación urgente.

En las casi tres semanas que Kiko lleva en el hospital no se sabe qué procedimientos le han realizado allí. Por esa hospitalización la juez novena especializada de Bogotá, que lleva el juicio por el crimen del exconcejal, ordenó investigar al director de La Picota porque se enteró por los medios de comunicación y no por el Inpec, como es el debido proceso.

Lunes, Marzo 14, 2016 - 11:07
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Hoy Bogotá amaneció paralizada en algunos sectores y hay brotes de protesta en otras ciudades por cuenta del paro de taxistas en contra de Uber. Una plataforma que sigue creciendo en usuarios y conductores, que fue multada la semana pasada por la Superintendencia de Transporte porque que su servicio no está autorizado en el país y se ha convertido en el blanco de odio de los taxistas.

En gran parte es el resultado de que -como contó La Silla en noviembre- el presidente Juan Manuel Santos en cambio de resolver el problema se lo pasó al Congreso. Y allí, el tema está congelado.

El pasado 24 de noviembre, Santos firmó un decreto para reglamentar los taxis de lujo pero le pasó al Congreso el verdadero problema: la reglamentación de las plataformas tecnológicas como Uber.

Como contó La Silla, el decreto de Santos decía que para poder prestar el servicio de taxis de lujo, los prestadores tendrán que convertirse o “habilitarse” como empresas prestadoras de este servicio. Un servicio que Uber nunca ha contemplado.

Al día siguiente, en cambio, Uber acompañó al senador de Cambio Radical, Juan Carlos Restrepo y a los representantes liberales Olga Lucía Velásquez y Mario Fernández a radicar el proyecto de ley que reglamenta el servicio que ellos sí prestan: el que “crea el servicio privado de transporte solicitado mediante plataformas tecnológicas”, como dice su comunicado de prensa, y que busca que operen servicios como UberBlack, uberX, UberBICI, UberÁngel, UberPET, UberEnglish, Uber para Empresas, etc.

Lo radicaron casi un mes antes de que se acabaran las sesiones ordinarias en el Congreso y ante la Comisión Sexta de Senado. Sin embargo, la semana pasada -cuando los taxistas anunciaron que se iban a ir en paro contra Uber- los autores retiraron el proyecto de Senado y lo radicaron en la comisión sexta de Cámara porque en Senado no tuvo ambiente para avanzar.

De hecho, el presidente de la comisión sexta en el Senado, Jorge Hernando Pedraza, no designó ponente del proyecto -según le contó a La Silla uno de los autores-, que es el primer paso para que el proyecto arranque su trámite.

Eso quiere decir que el proyecto de ley para reglamentar Uber sigue en ceros. Y por ahora, no tiene un camino fácil. La agenda legislativa de este año está sobrecargada con los proyectos de ley que se vienen para la implementación de los acuerdos de paz, la segunda vuelta del acto legislativo para la paz y la convocatoria al plebiscito, si es que este próspera en la Corte Constitucional. El próximo año además, está la reforma tributaria que el gobierno aplazó.

Así que por ahora el problema de Uber y de los taxistas seguirá vivo.

Viernes, Marzo 11, 2016 - 07:54
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Empresas y entidades sin ánimo de lucro que se han dado a conocer en el país por presuntas irregularidades en la ejecución de los millonarios contratos para la entrega de los refrigerios escolares en el país, se reencaucharon y con fuerza en Santander.

La Silla revisó los contratos que han suscrito los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Barrancabermeja y la Gobernación de Santander y encontró que en medio de varios hechos que llaman la atención cientos de millones de recursos fueron entregados directamente por las administraciones para implementar el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

En Floridablanca, Héctor Mantilla le entregó un contrato a la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa para que ejecutará la alimentación escolar a 12.309 niños por 115 días.

Esa organización, que al menos en el papel no tiene ánimo de lucro, es la misma que en estos momentos está enfrentando denuncias en Norte de Santander por el mal estado de los alimentos que les está entregando a menores de edad; es originaria de Sincelejo, y según los estados financieros reportados en el Registro Único de Proponentes, en 2014 tenía un patrimonio de $2.380 millones, cuando en 2004 se creó con $18 millones.

Sus socios guardan relaciones de amistad, según sus páginas de Facebook, con varios políticos santandereanos, entre esos, Óscar Villamizar, hijo del senador santandereano condenado por el carrusel de las Notarías Alirio Villamizar y hermano de Ingrid Villamizar, la actual secretaria de Desarrollo Social de Mantilla.

Sin embargo, según Villamizar no conoce a los socios de esa corporación. "Tengo más de 5000 amigos en Facebook... lo que hace imposible literalmente que conozca a cada una de las personas que se encuentran en él".

La principal particularidad en el contrato que el 8 de febrero suscribió Mantilla está en el valor de los refrigerios. La Silla hizo las cuentas y encontró que el alcalde de Floridablanca está pagando $2.296 por cada ración de alimento, cuando en febrero de 2015, en un contrato que se hizo para el mismo fin, el valor de cada porción fue de $1.828.

Sin embargo, según la Administración de Mantilla los valores entre los dos contratos nos son comparables porque "aumentamos la cobertura y estamos pagando mayor cantidad de almuerzos que son más costosos que los refrigerios. Además la totalidad de los refrigerios son industrializados (que son los más caros) eso no era así en el pasado contrato".

Por su parte, en Barrancabermeja Dario Echeverri decidió suscribir un contrato con la Cooperativa para el Desarrollo de las Comunidades por $3.821 millones el pasado 24 de febrero.

Aunque Echeverri está pagando por la alimentación del mismo número de niños y de hecho lo hizo con la misma empresa que hasta septiembre del año pasado ejecutó el programa en su municipio, el valor de cada refrigerio se disparó en 35%.

Y es que mientras que en 2015 se pagaron $1.390 por cada refrigerio, este año en Barranca le cobraron $2.111 al municipio sin explicación sobre esa decisión, debido a que las condiciones y la cantidad calórica de la alimentación debe cumplir las mismas características que el año pasado.

Sobre el valor de la ración, desde la administración de Echeverri se señaló que la diferencia obedece a que en el contrato pasado el número de días del suministro fue mayor; sin embargo, La Silla no encontró la adición al contrato inicial.

Esa corporación es originaria de Cartagena al igual que las que el cuatrienio pasado, en medio de cuestionamientos y licitaciones denunciadas por presuntas irregularidades, ejecutaron la entrega de los refrigerios escolares en Bucaramanga. Dos de sus socios –John y Germán Stummo Guerra- son hermanos del excandidato a la Alcaldía de Nueva Granada en Magdalena, Jandy Stummo Guerra, quien en 2012 fue condenado por el 'pacto de Chivolo' .

En Santander, los refrigerios están siendo entregados por la Unión Temporal ‘Alimentación escolar de Santander 2016’ pero la Gobernación omitió publicar los nombres de los integrantes; no obstante, La Silla rastreó a Luisa Fernanda López Rincón, quien aparece firmando como representante legal, y encontró que hace parte de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, empresa que también ha sido denunciada en el país por irregularidades en la ejecución de programas de alimentación escolar.

En Piedecuesta y Girón ni se han empezado las licitaciones y tampoco se ha contratado bajo la figura de urgencia la entrega de los refrigerios. En Bucaramanga la licitación va andando y está en pliegos definitivos.

Nota de la editora: Este artículo fue actualizado el 12 de marzo con información relacionada con las versiones de las Alcaldías contratantes.

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