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Domingo Julio 03, 2022

Hoy se anunciaron los ganadores de los Premios Alejandro Ángel Escobar, los más prestigiosos del mundo científico en Colombia. Y el primer puesto en la categoría de medio ambiente se lo ganó el atlas de páramos que hizo el Instituto Humboldt a una escala de 1 a 100 mil, un exhaustivo trabajo cartográfico que el Ministerio de Ambiente encargó pero que no ha querido adoptar oficialmente.

Colombia tiene oficialmente 1,9 millones de hectáreas de páramo, pero -como contó La Silla en abril- esta nueva actualización cartográfica que el Ministerio le encargó al Humboldt demostró que en realidad hay 900 mil hectáreas más que no aparecían en el anterior atlas, elaborado a una escala menos precisa de 1 a 250 mil.

El problema es que el Ministerio no ha querido adoptarla oficialmente mientras se hace el atlas definitivo de 1 a 25 mil, que ordena el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos pero que hasta ahora arrancó y que puede demorar unos tres años.

Y esa decisión es clave porque los páramos y los humedales fueron declarados -por su importancia hídrica- como zonas vetadas para cualquier tipo de explotación minera por el Plan de Desarrollo. Pero esa protección sólo cobija a los páramos que aparecen en el viejo atlas, que la ex ministra Beatriz Uribe adoptó oficialmente y que aún sigue vigente.

Así que por ahora estas 900 mil hectáreas nuevas de páramo están hoy desprotegidas de actividades como la minería, debido a que estos últimos mapas se han topado con una fuerte resistencia por parte de algunos sectores dentro y fuera del Gobierno, que no quieren que sean blindadas contra actividades económicas. Al menos no todavía.

Este hecho ha generado una pelea dentro de la misma institución -que pagó 650 millones de pesos por este nuevo atlas- porque los más ambientalistas creen que ellos, comenzando por el Ministro Juan Gabriel Uribe, son quienes deberían liderar esa pelea de la protección de los páramos.

¿Será que el prestigio académico del Premio Alejandro Ángel Escobar y el aval de la comunidad científica en el país ayudan al Gobierno a tomar la decisión de adoptarlo?

(Para ver cuáles páramos crecen en el último atlas vea este mapa de La Silla y para todos los mapas del Humboldt acá).

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2013-10-19 19:40
Debe ser mejor esperar a tener la nueva cartografia porque si la diferencia n el numero de hectareas es la misma que la que hubo entre la cartografia 1:250.000 y 1:100.000 (1'000.000 hectareas) entonces estamos ante un porcentaje bastante alto de subestimacion de las areas y por consiguiebte de error en la toma de desiciones.
Mié, 2013-09-04 12:46
Eso de esperar a que el otro salga es precisamente lo que pretenden las multinacionales mineras y el gobierno al rechazar el Atlas actual. Las acciones de conservación se deben tomar con la mejor información disponible no esperar a que salga el atlas de 1:1000...
Mié, 2013-09-04 10:27
Es muy amañada la actitud del gobierno al desechar este trabajo donde se invirtió tanto dinero, qué sentido tenia apoyarlo si serviría para nada. Por qué no darle credibilidad y proteger esas reservas mientras se elabora el que si les satisfaga. El actuar del gobierno no es por desconocimiento, y esta actitud siempre será amañada.
Mié, 2013-09-04 08:22
Pero si el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra en manos de un conservador, cuyo partido se caracteriza por su antiambientalismo....
Mié, 2013-09-04 01:53
El Atlas es fantástico en términos de la información que provee *a la escala que fue elaborado*. Pero la calidad del Atlas es fundamentalmente independiente de su resolución espacial. Por ejemplo, para ciertas aplicaciones mapas excelentes con resolución relativamente baja (e.g., 1:250.000) son indispensables, y mapas (también excelentes) con mayor resolución (e.g., 1:100.000) inútiles. Si el Atlas no tiene la resolución para caracterizar pertinentemente las areas/predios de interés, pues hay razón para que el Ministerio de Medio Ambiente dude en adoptarlo, independientemente de la excelente calidad del Atlas. ¿Qué hacer ante la incertidumbre, ante la ausencia de mapas con resolución pertinente? El “principio de precaución” podría invocarse para adoptar el Atlas (potencialmente previniendo daños al medio ambiente), o para no adoptarlo (potencialmente previniendo daños socio-económicos). LSV parecería inclinarse por la primera opción, pero sin presentar argumentos válidos.
Mié, 2013-09-04 21:27
Excelente pregunta, tatianalujanr! Si la resolución es adecuada, mi comentario arriba no sería válido. Sería útil conocer los criterios que llevaron a decidir cual es la resolución requerida. Mi comentario (arriba) supone que la resolución es inadecuada, tal como sugiere la nota relacionada de LSV titulada "Los páramos de la discordia," que dice: "Por su importancia hídrica, los páramos -así como los humedales- fueron declarados como zonas vetadas para cualquier tipo de explotación minera por el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos. El problema es que ubicar con exactitud dónde comienzan y terminan es una tarea difícil. Por esta razón el Gobierno ordenó delimitarlos a una escala de 1 : 25.000, un complejo trabajo cartográfico donde cada metro del mapa corresponde a 25.000 en la realidad y que permitirá saber exactamente qué tan grandes son en realidad. Pero que se demorará al menos dos o tres años en los 35 complejos de páramos del país."
Mié, 2013-09-04 09:21
El principio de precaución se aplica cuando las consecuencias de una acción son inciertas, cuando hay un riesgo sospechado. Los efectos socioeconómicos de delimitar el páramo NO son inciertos; limitar el impacto productivo sobre el páramo claramente tendrá impactos sociales que sí se conocen. PERO la forma de evitar esos impactos NO ES dejando de adoptar una delimitación sino ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL que ésta implica. Dejar de adoptar el límite simplemente permite que el Estado delegue la responsabilidad del bienestar de la sociedad en unas empresas multinacionales, dejándolas explotar el páramo. Adoptarlo implicaría trabajar en alternativas productivas y de compensación para las comunidades locales, revisar o reglamentar la ley del plan de desarrollo y ponerse las botas. Usar el principio de precaución como argumento en contra de la delimitación es un error sospechosamente conveniente en términos electorales.
Mié, 2013-09-04 21:38
Estimada Julieta,creo que estamos hablando de incertidumbres diferentes. La incertidumbre a la que yo me refiero es la de saber dónde comienzan y terminan los páramos, como lo explica la nota relacionada de LSV titulada "Los páramos de la discordia". Por otra parte, ud. habla de la (ausencia de) incertidumbre de los efectos socioeconómicos de delimitar el páramo. ¿Deacuerdo?
Jue, 2013-09-05 20:21
Rectifico. También hay incertidumbre sobre los efectos sociales de excluir cualquier actividad productiva del páramo. Pero mi argumento central es que la solución a esa perspectiva de impacto social no consiste en no adoptar la delimitación y permitir cualquier actividad en esa franja incierta, sino en revisar las implicaciones normativas de reconocer la existencia de un ecosistema frágil y vital. Si el estado está preocupándose por fin por los habitantes del páramo (históricamente marginados; su marginación no se le puede achacar al ambientalismo), hay que celebrarlo; pero esta preocupación no puede manifestarse simplemente en "dejar hacer" ("subiendo la línea"), que en la práctica significa dejarlos a merced del mercado internacional de materias primas.
Sáb, 2013-09-07 00:43
Una iniciativa potencialmente valiosa en ese sentido es el oro 'fairmined' del que habló LSV: http://www.lasillavacia.com/queridodiario/el-oro-fairmined-la-apuesta-del-bid-para-formalizar-pequenos-mineros-45510
Mié, 2013-09-04 22:23
Estimada tatianalujanr, ¿Porqué absurdo? El argumento supone que: (i) Los páramos deben blindarse contra actividades económicas (lenguaje de LSV) porque los costos ambientales rebasan los beneficios socio-económicos. (ii) Las zonas que no están en los páramos (ni en zonas ambientales sensitivas) no deben blindarse contra actividades económicas porque los beneficios socio-económicos rebasan los costos ambientales. (iii) Hay incertidumbre: no se sabe si una zona determinada, digamos zona “A”, está dentro o fuera de un páramo. Bajo estas suposiciones, me parece que el principio de precaución tiene dos versiones. Una es blindar a “A”, potencialmente previniendo un costo ambiental y aceptando el riesgo de perdidas socio-económicas. La otra es no blindar a “A”, potencialmente previniendo pérdidas socio-económicas y aceptando el riesgo de un costo ambiental.
Jue, 2013-09-05 20:40
La dicotomía costo ambiental versus costo social es incorrecta. El "costo ambiental" también es socioeconómico, pues se refiere a la potencial pérdida del servicio de provisión de agua y de regulación climática, entre otros, PARA LA SOCIEDAD. Hay conflictos entre niveles de la escala temporal: el costo de limitar la actividad productiva tiende a ser inmediato; el costo de ir agotando el recurso hídrico tiende a ser en el mediano y largo plazo. Por otra parte, me parece que "el riesgo socioeconómico" parece un eufemismo para hablar de las pérdidas monetarias en un modelo extractivista. Si hay un interés real en "disminuir el riesgo socioeconómico" ¿no deberíamos estar hablando más bien de adoptar medidas para el bienestar de la sociedad (que podrían no implicar gran minería y agroindustria) y que implican también bienestar en términos ambientales?
Jue, 2013-09-05 18:59
En su forma general principio de precaución (PP) puede presentarse como: los beneficios esperados de una decision irreversible deben ajustarse para reflejar la pérdida de opciones que la decisión implica (Arrow and Fisher. 1974. Environmental Preservation, Uncertainty, and Irreversibility. The Quarterly Journal of Economics 88: 312-319). Arrow y Fisher dicen explicitamente que el PP no se restringe a efectos ambientales. Otra versión general del PP va más o menos así: cuando en duda sobre que acción adoptar se debe escoger la alternativa que tiene menor probabilidad de causar daño (p. 207 en: Sarkar. 2005. Biodiversity and environmental philosophy, Cambridge university press). Blindar el páramo puede tener costos de oportunidad socio-económicos irreversibles. Por ejemplo, para una comunidad necesitada, la perdida de una ganancia económica inmediata derivada de actividades extractivas puede causar daño irreparable al futuro de la comunidad (p. 31 en: Sarkar, 2005).
Jue, 2013-09-05 19:04
Ahora, bien, es posible que la ley colombiana haya adoptado una versión estrecha (y por ende tal vez cuestionable) del principio de precaución (PP), enfocada exclusivamente en asuntos ambientales. Pero lo único que la aplicación de tal versión del PP implica es que la incertidumbre no debe presentarse como argumento para postergar medidas de protección ambiental. No implica que las medidas de protección ambiental deban aplicarse necesariamente. Tampoco impide que consideraciones distintas a la incertidumbre (e.g., aspectos socio-económicos) hagan parte de la toma de decisiones. Este punto es elaborado en: Driesen. 2013. Cost-Benefit Analysis and the Precautionary Principle: Can They be Reconciled? (http://works.bepress.com/david_driesen/8/)
Sáb, 2013-09-07 00:36
tatianalujanr, gracias a ti por una discusión interesante. Tus preguntas y comentarios me hicieron pensar.
Mié, 2013-09-04 10:34
Esto es la repetición de la repetidera, el NUNCA acabar. La intención es clara, proyectar a futuro lo que ocurre con los baldíos y los mineros etc. etc. solo que dentro del mismo AMBIENTE, tocar otra arista hasta agotarlas todas. Es gradual señores ,si lo hacen del todo se quedan sin justificar los altísimos salarios que devengan por regalar la nación.
Mar, 2013-09-03 20:09
Muy sencillo señores: necesitamos esperar el atlas definitivo, ese que está en escala más exacta de 1: 25 mil--en este gobierno nos gustan las cosas correctas, exacticas, las cuentas clara y el chocolate espeso---, y que no sabemos cuándo esté listo, es más ni siquiera podemos garantizar que se logre, y de paso esperamos, quien quita que sean más de 900 mil que estemos feriando, eh eso es mucho lo bueno; para que proteger ya esos paramos, ah que pereza omee, mientras tanto dejamos en libertad a quien quiera tomarse las 900 mil hectáreas ,así no perdemos la costumbre de repetir la historia con lo ilegales, las empresas enfrentándose con la población y sobre todo para que demos las soluciones “salomónicas” que ya tenemos planeadas para ese entonces; por ahora muy bonito el atlas pero si no es el 1:25 mil "no me lo pongo", no digo más, suerte con todos pues. Esos 650 mil millones, fresco no es nada, Uds. ponen,....... yo dispoongo.
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Jueves, Marzo 17, 2016 - 21:43
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Los $150 mil millones en cuentas por pagar que heredó la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga, tienen a Rodolfo Hernández literalmente poniéndole la totuma hasta a los contratistas para recaudar dinero.

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En una rueda de prensa que dio ayer en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Alcalde aseguró, que lo que les está diciendo a los contratistas " es que colaboren con la ciudad" y negó que los estuviera presionando para hacerlo porque era una donación; sin embargo, a renglón seguido dijo: “para que (los contratistas) reciban el cheque toca que traigan la donación”. 

Esas declaraciones calentaron aún más los ánimos de quienes llevan todo el año esperando su pago, y de hecho en gremios como el de los periodistas (al que Lucho Bohórquez le quedó debiendo una buena partida por concepto de pauta y producción audiovisual y radial), han empezado a proponer que reclamaciones colectivas a la nueva administración para que les pague lo que les corresponde y no se "burle de su trabajo".

Hasta esta semana, la Alcaldía había recaudado $130 mil millones en impuestos. De esa suma $30 mil millones ya se han ido a pagar las cuentas de los contratistas con los que adquirió compromisos Lucho Bohórquez sin tener el respaldo financiero, y los $100 mil millones restantes están siendo administrados para generar flujo de caja en la Alcaldía, porque de lo contrario se paralizaría completamente su funcionamiento.

 

Miércoles, Marzo 16, 2016 - 00:39
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Desde que se posesionó como gobernador de Santander, Didier Tavera se dio a la tarea de exponer la administración de Richard Aguilar.

Si bien, la mayoría de las denuncias no son nuevas y en gran parte habían sido dadas a conocer por medios de comunicación el cuatrienio pasado, la voz de Tavera hizo mella y logró que la Fiscalía se empezara a mover en tiempo récord y desde Bogotá.

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En la solicitud que hizo la Fiscalía, se le pidió a la Gobernación que relacionara los contratos de la Constructora Valderrama, VG Constructores, Valco Constructores y Iron Equipment Rental, firmas de propiedad de Mario, Ricardo y Fernando Valderra Cordero, contratistas que fueron superpoderosos en la administración de Aguilar, y quienes entre 2012 y 2014 se quedaron con la ejecución de cerca de $400 mil millones (la mitad del presupuesto de un año en Bucaramanga).

Si bien no es irregular que esas firmas hayan ejecutado ese cifra, lo que hizo visibles a los hermanos Valderrama en Santander fue que la mayoría de las licitaciones en las que compitieron se las ganaron en medio de denuncias sobre favorecimientos de la Gobernación a sus propuestas. En el último año también han sonado por cuenta de denuncias hechas, además de la Gobernación, por el diputado Édgar Suárez, sobre irregularidades en la ejecución de los contratos que tienen a su cargo.

De la vía San Gil – Charalá – Límites ($185 mil millones), el Tercer Carril de la autopista ($138 mil millones con adiciones) y el banco de maquinaria ($56 mil millones), fueron los documentos suscritos en la administración de Aguilar que la Fiscalía se llevó.

En medio de la ola de cuestionamientos, los Valderrama se han mantenido en que se han ganado los millonarios recursos que ejecutan en franca lid y que no han existido irregularidades en su inversión.

La contratación de los Valderrama, no fue la única información que solicitó la Fiscalía. La Silla conoció que ese ente de control también pidió documentos relacionados con el Contrato Plan, sus soportes y una relación del dinero que se ha comprometido en el marco de ese acuerdo con la Nación.

Aunque esa visita de la Fiscalía solo hace parte de una indagación preliminar, que determinará si existe la posibilidad de que se haya cometido un delito y sus posibles responsables o si se archivan las denuncias contra los Valderrama  y la administración de Aguilar, sí muestra que entes de control empezaron a moverse y desde Bogotá.

Falta ver hasta dónde llega el impulso de las investigaciones y si el efecto de las denuncias de Tavera (que tuvieron más alcance en la Fiscalía que las de los medios de comunicación) es de largo aliento o si se queda a mitad de camino.

Martes, Marzo 15, 2016 - 12:53
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El decreto que sacó hoy el presidente Juan Manuel Santos creando una convocatoria pública para armar la terna para Fiscal es un saludo a la bandera que, además, le cae como anillo al dedo para cambiar el tema en los días en los que se va a incumplir el plazo que él mismo puso para firmar un Acuerdo Final en La Habana.

El decreto retoma lo que ya había hecho Santos en la terna para la Corte Constitucional a mediados del año pasado: creó un proceso para definir los ternados que incluye una convocatoria para que cualquier persona se postule, se dio a si mismo la posibilidad de sumarle a los postulados sus propios candidatos y obligó a publicar todas las hojas de vida para que haya críticas y comentarios de la ciudadanía.

En el caso de la Corte, de todo ese proceso terminó con una terna con un candidato muy cercano a Santos, el hoy magistrado Alejandro Linares.

En esta ocasión el Gobierno estableció plazos más cortos, lo que hace que el proceso justo coincida con el 23 de marzo, cuando se vence el plazo que le había dado Santos a los negociadores para tener un acuerdo definitivo en La Habana que él mismo ha aplazado.

Después de publicado el decreto el Gobierno debe sacar un aviso en la prensa con la convocatoria, lo que seguramente saldrá mañana. Y de ahí se cuentan siete días calendario para que presenten las hojas de vida, lo que ocurriría justo el 23 de marzo.

A partir de ese momento Santos tiene dos días calendario para armar la lista definitiva de candidatos, agregando los nombres que él quiera, lo que hace de la convocatoria un saludo a la bandera. Encima, esos dos días serían justo los festivos de jueves y viernes santos, por lo que ese cambio seguramente pasará de agache.

A continuación esa lista debe ser publicada "inmediatamente" por la Secretaría Jurídica de Palacio. Como eso sería el sábado de Semana Santa, el Gobierno pondrá en la agenda de los medios los nombres de los candidatos a la Fiscalía justo para el regreso de las vacaciones, lo que le puede quitar espacio a las noticias de la no firma el 23.

Después de esa publicación eso Santos tendrá otro par de semanas para mandarle a la Corte la terna definitiva, por lo que hacia mediados de abril empezará al campaña en serio.

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