LA SILLA VACIA

Ayer en Bucaramanga cientos de personas marcharon en protesta por la crisis de los hospitales públicos, que en esta región tiene hoy a dos protagonistas: el Hospital Universitario de Santander (HUS) y el Hospital San Juan de Dios de Floridablanca. 

La Silla Santandereana contó hace unos días los detalles del caos financiero que vive el HUS y ahora escarbó el estado de las cosas en el San Juan de Dios, el cual, aunque en otra magnitud, también se esta asfixiando entre cuentas por cobrar que no le pagan. 

El Hospital Público de Floridablanca, uno de los pocos hospitales de segundo nivel con el que cuenta la región y cuya zona de incidencia abarca alrededor del 26% de de la población pobre no asegurada (PPNA) del departamento y casi la misma proporción de aquella que pertenece al régimen subsidiado, está parcialmente en paro desde hace días.

Según dos funcionarios de la administración, hace dos meses no le pagan a los empleados de planta, hace tres a los contratistas y hay especialistas a los que les deben hasta 9 meses de salario. Fuera de esto, no hay plata suficiente para comprar muchos de los insumos que demanda la prestación del servicio. 

"Hay que reconocer que hay desatención médica", dijo una de las fuentes.

Por la situación se ha visto afectada la denominada actividad programada (que incluye consultas e intervenciones quirurgicas), los servicios de ortopedia (porque los insumos son los más caros) y la mitad del tiempo de la prestación  de cirugías de urgencia (que antes funcionaban 24 horas). 

Hoy la bienvenida al Hospital son carpas que albergan a trabajadores que protestan y carteles con reclamos. 

Detrás de la problemática hay un cúmulo de deudas de la Secretaría de Salud departamental y las EPS con el Hospital y que creció sobre todo en esta vigencia 2015.

A 30 de septiembre pasado, la cartera exigible del hospital (es decir, las cuentas por cobrar) sumaba 12 mil 961 millones, que es más que todas las ventas del año pasado, según una carta enviada este mes por la propia entidad al Presidente Juan Manuel Santos. 

El recaudo por las ventas del año, a la misma fecha, era menor al 30 por ciento. Por cada peso que está vendiendo el Hospital le estarían pagando sólo 30 centavos. 

Desde septiembre, la Secretaría, según las fuentes del Hospital, habría pagado parte de sus obligaciones pero el pleito con las EPS no se ha resuelto. Y entre sus principales deudores, fuera de CafeSalud, Asmet Salud, Emdisalud y Salud Vida, figura también Caprecom; la EPS estatal que, según ha dicho el Ministro de Salud Alejandro Gaviria, será liquidada por su grave situación administrativa y financiera.

Según la citada carta, la cartera por cobrar a Caprecom suma 2 mil 268 millones y el recaudo por ventas durante la vigencia 2015 es menor al uno por ciento (el 0.11). 

La gerente del hospital Edna Ovalle, le argumentó a La Silla que se trata de un problema estructural del sistema de salud y defendió que el hospital sí ha hecho las inversiones necesarias para mejorar su competitividad y aumentar la facturación.

Efectivamente, La Silla revisó y las ventas del hospital han aumentado durante los últimos dos años y en el papel son superiores a sus costos y gastos.

Sin embargo, en la práctica eso no se ha visto reflejado en la plata en efectivo que necesita para cubrir sus egresos y por eso la crisis. Así como no le pagan, el hospital se está quedando sin con qué pagar.

Los pasivos del San Juan de Dios, que son sus deudas, sumaban  9 mil 172 millones a septiembre 30. La mayor porción, más del 40 por ciento, por servicios de personal (directo e indirecto) y otro tanto significativo, más del 10 por ciento, por cuentas por pagar a proveedores. 

Ayer, coincidiendo con las protestas, se anunció el compromiso del gobierno nacional de aportar 19 mil millones para darle una solución temporal a la crisis, según confirmó Vanguardia. 15 mil millones irían al HUS y 4 mil al San Juan de Dios. La pregunta será entonces eso por cuánto tiempo alivia la enfermedad. 

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 17, 2016 - 21:43
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Los $150 mil millones en cuentas por pagar que heredó la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga, tienen a Rodolfo Hernández literalmente poniéndole la totuma hasta a los contratistas para recaudar dinero.

Una particular estrategia que consiste en solicitarles a los contratistas con cuentas por cobrar en el Municipio que donen un porcentaje de los recursos que van a recibir, tiene descontentos a muchos de los que prestaron sus servicios a la pasada administración y que están esperando desde hace varios meses su pago.

Si bien la estrategia ya le ha generado réditos a Hernández, y en el municipio se han contabilizado varios cientos de millones de pesos en donaciones, entre esos los entregados por Valco (firma de los hermanos Valderrama Cordero que donó $470 millones) y por Vanguardia Liberal, que donó el 20% de cuentas que le adeudaban, también ha generado controversia y empresarios están denunciando que la petición de Hernández es  más una camisa de fuerza que una solicitud.

En una rueda de prensa que dio ayer en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Alcalde aseguró, que lo que les está diciendo a los contratistas " es que colaboren con la ciudad" y negó que los estuviera presionando para hacerlo porque era una donación; sin embargo, a renglón seguido dijo: “para que (los contratistas) reciban el cheque toca que traigan la donación”. 

Esas declaraciones calentaron aún más los ánimos de quienes llevan todo el año esperando su pago, y de hecho en gremios como el de los periodistas (al que Lucho Bohórquez le quedó debiendo una buena partida por concepto de pauta y producción audiovisual y radial), han empezado a proponer que reclamaciones colectivas a la nueva administración para que les pague lo que les corresponde y no se "burle de su trabajo".

Hasta esta semana, la Alcaldía había recaudado $130 mil millones en impuestos. De esa suma $30 mil millones ya se han ido a pagar las cuentas de los contratistas con los que adquirió compromisos Lucho Bohórquez sin tener el respaldo financiero, y los $100 mil millones restantes están siendo administrados para generar flujo de caja en la Alcaldía, porque de lo contrario se paralizaría completamente su funcionamiento.

 

Miércoles, Marzo 16, 2016 - 00:39
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Desde que se posesionó como gobernador de Santander, Didier Tavera se dio a la tarea de exponer la administración de Richard Aguilar.

Si bien, la mayoría de las denuncias no son nuevas y en gran parte habían sido dadas a conocer por medios de comunicación el cuatrienio pasado, la voz de Tavera hizo mella y logró que la Fiscalía se empezara a mover en tiempo récord y desde Bogotá.

La Silla conoció documentos de dos visitas que fueron realizadas en febrero por la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal de Bogotá a la Gobernación de Santander para obtener copias de todos los documentos relacionados con los contratos que las empresas del grupo Valderrama firmaron y ejecutaron en la administración de Richard Aguilar.

En la solicitud que hizo la Fiscalía, se le pidió a la Gobernación que relacionara los contratos de la Constructora Valderrama, VG Constructores, Valco Constructores y Iron Equipment Rental, firmas de propiedad de Mario, Ricardo y Fernando Valderra Cordero, contratistas que fueron superpoderosos en la administración de Aguilar, y quienes entre 2012 y 2014 se quedaron con la ejecución de cerca de $400 mil millones (la mitad del presupuesto de un año en Bucaramanga).

Si bien no es irregular que esas firmas hayan ejecutado ese cifra, lo que hizo visibles a los hermanos Valderrama en Santander fue que la mayoría de las licitaciones en las que compitieron se las ganaron en medio de denuncias sobre favorecimientos de la Gobernación a sus propuestas. En el último año también han sonado por cuenta de denuncias hechas, además de la Gobernación, por el diputado Édgar Suárez, sobre irregularidades en la ejecución de los contratos que tienen a su cargo.

De la vía San Gil – Charalá – Límites ($185 mil millones), el Tercer Carril de la autopista ($138 mil millones con adiciones) y el banco de maquinaria ($56 mil millones), fueron los documentos suscritos en la administración de Aguilar que la Fiscalía se llevó.

En medio de la ola de cuestionamientos, los Valderrama se han mantenido en que se han ganado los millonarios recursos que ejecutan en franca lid y que no han existido irregularidades en su inversión.

La contratación de los Valderrama, no fue la única información que solicitó la Fiscalía. La Silla conoció que ese ente de control también pidió documentos relacionados con el Contrato Plan, sus soportes y una relación del dinero que se ha comprometido en el marco de ese acuerdo con la Nación.

Aunque esa visita de la Fiscalía solo hace parte de una indagación preliminar, que determinará si existe la posibilidad de que se haya cometido un delito y sus posibles responsables o si se archivan las denuncias contra los Valderrama  y la administración de Aguilar, sí muestra que entes de control empezaron a moverse y desde Bogotá.

Falta ver hasta dónde llega el impulso de las investigaciones y si el efecto de las denuncias de Tavera (que tuvieron más alcance en la Fiscalía que las de los medios de comunicación) es de largo aliento o si se queda a mitad de camino.

Martes, Marzo 15, 2016 - 12:53
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El decreto que sacó hoy el presidente Juan Manuel Santos creando una convocatoria pública para armar la terna para Fiscal es un saludo a la bandera que, además, le cae como anillo al dedo para cambiar el tema en los días en los que se va a incumplir el plazo que él mismo puso para firmar un Acuerdo Final en La Habana.

El decreto retoma lo que ya había hecho Santos en la terna para la Corte Constitucional a mediados del año pasado: creó un proceso para definir los ternados que incluye una convocatoria para que cualquier persona se postule, se dio a si mismo la posibilidad de sumarle a los postulados sus propios candidatos y obligó a publicar todas las hojas de vida para que haya críticas y comentarios de la ciudadanía.

En el caso de la Corte, de todo ese proceso terminó con una terna con un candidato muy cercano a Santos, el hoy magistrado Alejandro Linares.

En esta ocasión el Gobierno estableció plazos más cortos, lo que hace que el proceso justo coincida con el 23 de marzo, cuando se vence el plazo que le había dado Santos a los negociadores para tener un acuerdo definitivo en La Habana que él mismo ha aplazado.

Después de publicado el decreto el Gobierno debe sacar un aviso en la prensa con la convocatoria, lo que seguramente saldrá mañana. Y de ahí se cuentan siete días calendario para que presenten las hojas de vida, lo que ocurriría justo el 23 de marzo.

A partir de ese momento Santos tiene dos días calendario para armar la lista definitiva de candidatos, agregando los nombres que él quiera, lo que hace de la convocatoria un saludo a la bandera. Encima, esos dos días serían justo los festivos de jueves y viernes santos, por lo que ese cambio seguramente pasará de agache.

A continuación esa lista debe ser publicada "inmediatamente" por la Secretaría Jurídica de Palacio. Como eso sería el sábado de Semana Santa, el Gobierno pondrá en la agenda de los medios los nombres de los candidatos a la Fiscalía justo para el regreso de las vacaciones, lo que le puede quitar espacio a las noticias de la no firma el 23.

Después de esa publicación eso Santos tendrá otro par de semanas para mandarle a la Corte la terna definitiva, por lo que hacia mediados de abril empezará al campaña en serio.

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