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Miércoles Enero 26, 2022

Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Perfiles relacionados: 
Álvaro Uribe Vélez
Juan Manuel Santos Calderón
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Jue, 2016-03-10 18:24
Como todo en la vida uno se alinea de acuerdo al factor de conveniencia que más lo abrigue.Todos están y hacen parte de un gobierno pero no comparten todo lo que hace, aunque no lo pueden manifestar de frente lo hacen por debajito. El 85% de FFMM de Colombia nos les gusta lo que se está negociando en la Habana, para nadie es un secreto; más bien siempre han manifestado su inconformismo en cuanto a que los equiparen con las FARC. Habrá que alquilar balcón para saber en qué termina todo este Berenjenal.
Jue, 2016-03-03 21:49
El tema de si se alinea con Uribe y en contra de Santos es transversal, de tal manera que lo verdaderamente interesante es saber qué tanto puede Acore, bajo su presidencia, influir en todo lo que queda del proceso de paz. Sinceramente no creo que tenga tanta trascendencia como la que supone el articulista. La razón? Pues que cuando alguien tiene deudas pendientes con la justicia, se interesa por conseguir todas las ventajas, a fin de salir libre en un término corto. Un conocido venezolano, prefirió declararse culpable por el hecho que se le imputaba y ante mi sorpresa me argumentaba que si se confesaba culpable la pena era de pocos años, pero si insistía en su inocencia, probablemente pasaría la vida en la cárcel. La mentalidad de los latinos supera con creces los criterios de otras nacionalidades. Siempre se le busca el esguince al problema para no tener que enfrentarlo. Toda la vida le sacamos el cuerpo a la guerrilla, nunca la enfrentamos, salvo en un gobierno y mire como estamos.
Jue, 2016-03-03 21:49
El tema de si se alinea con Uribe y en contra de Santos es transversal, de tal manera que lo verdaderamente interesante es saber qué tanto puede Acore, bajo su presidencia, influir en todo lo que queda del proceso de paz. Sinceramente no creo que tenga tanta trascendencia como la que supone el articulista. La razón? Pues que cuando alguien tiene deudas pendientes con la justicia, se interesa por conseguir todas las ventajas, a fin de salir libre en un término corto. Un conocido venezolano, prefirió declararse culpable por el hecho que se le imputaba y ante mi sorpresa me argumentaba que si se confesaba culpable la pena era de pocos años, pero si insistía en su inocencia, probablemente pasaría la vida en la cárcel. La mentalidad de los latinos supera con creces los criterios de otras nacionalidades. Siempre se le busca el esguince al problema para no tener que enfrentarlo. Toda la vida le sacamos el cuerpo a la guerrilla, nunca la enfrentamos, salvo en un gobierno y mire como estamos.
Mié, 2016-03-02 18:12
La verdad yo no entiendo el rol de los ministros como funcionarios públicos, en cuanto a sus opiniones, de Gina Parody a Lucho Garzón observamos las reacciones en los diferentes medios desde el twitter a las declaraciones de prensa, de temas que uno dice ¿que tiene que ver con tu cartera? independientemente de que uno escuche explicaciones como las del Ministro Tomas Gonzalez que trabaja 24 horas por evitar el apagón, uno observa los temas que manejan y dice debe ser que el empleo esta bien, subirle a los maestros mas que a los del salario mínimo no tiene que ver con rabo de paja ni nada, por lo que como este general uno se pregunta sobre las garantías de la oposición versus la aplanadora mediática. Es mas entendería que Acore es aliado natural en este tema, como lo seria el consejo gremial si la Andi no se lo hubiera consumido y lo valioso aquí es encontrar personas sin intereses diferentes a defender sus ideas que sin mermelada ni nada aparezcan en la escena publica, Valioso General.
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Otros confidenciales recientes

Martes, Febrero 9, 2016 - 13:34
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Luego de su derrota en las pasadas regionales, la expectativa en Sucre era que Yahir Acuña haría oposición intentando armar coaliciones en los concejos y la Asamblea en contra de los mandatarios que lo vencieron en las urnas. Pero en realidad, por ahora el excongresista y sus amigos se han concentrado más en demandar las elecciones de sus contradictores en una ofensiva jurídica por todo el departamento.

Acuña está detrás de una demanda ante el Consejo de Estado en contra de la elección del gobernador Édgar Martínez, por supuestamente haber recibido el aval de Cambio Radical sin el lleno de todos los requisitos. La acción incluye una solicitud de medida cautelar para suspender a Martínez que aún no ha sido resuelta.

Y su aliado Édison Bioscar Ruiz (un abogado que fue socio político del parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra y luego empezó a jugar para Yahir como secretario general del viejo PIN) fue quien interpuso una demanda ante el Tribunal de Sucre para tumbar al nuevo alcalde de Sincelejo: el liberal Jacobo Quessep. En este caso, el argumento es que el mandatario presuntamente no renunció a tiempo a su cargo de Personero municipal para poder aspirar.

Además, amigos o personas de la cuerda de Acuña tienen demandadas las elecciones de casi todos los alcaldes, las listas a Concejo y diputados del liberalismo en Sucre. En buena parte de los casos la sustentación tiene que ver con el hecho de que el año pasado el Consejo de Estado haya declarado ilegales los estatutos de ese partido. Eso significa que los estatutos vigentes serían los anteriores, en los cuales se exige un año de militancia a los candidatos, asunto que según los yahiristas no se cumplió.

El trasfondo de esta movida, especialmente, en contra de la colectividad roja es que fueron los liberales sucreños Mario Fernández (senador) y Héctor Olimpo Espinosa (secretario general del partido) quienes hicieron parte de la gran coalición que derrotó contundentemente a Yahir Acuña el pasado 25 de octubre.

Como es bien sabido, ese día Yahir se la jugó en las urnas en cuerpo ajeno con su esposa Milene Jarava en el tarjetón a la Gobernación.

Lunes, Febrero 8, 2016 - 23:29
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A casi tres años de que los campesinos del Catatumbo hubieran bloqueado por 53 días dos vías que conectaban a Norte de Santander con el resto del país en uno de los paros agrarios que más eco ha tenido en los últimos años, muchos de los acuerdos a los que llegaron los habitantes de esa zona con el Gobierno no se han ejecutado aún.

Aunque los puntos del acuerdo contemplaban la atención a los campesinos víctimas de erradicación forzosa, la declaratoria de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y proyectos de inversión social en la región, solo el primero -que fue el que sirvió para apagar el incendio y lograr que se levantara el paro- se ha implementado en su totalidad. 

La Silla revisó cómo va el cumplinómetro del Gobierno con el Catatumbo a una semana de que líderes campesinos y autoridades se sienten frente a frente para rendir cuentas.

La atención a los campesinos

En total, y según cifras del Departamento para la Prosperidad Social -DPS-, la atención de ese punto cobijó a 400 familias del Catatumbo, entre cultivadores ilícitos, recolectores o ‘raspachines’ y campesinos que se resistieron a cultivar coca en sus fincas.

Esa ayuda, cuyo costo ascendió a los $12 mil millones, consistió en incentivos económicos, seguridad alimentaria a través de mercados de emergencia y la implementación de huertas caseras, empleos temporales con salario mínimo y un proyecto productivo para cada campesino.

'Los acuerdos de confianza'

Para lograr un impacto de fondo en el Catatumbo, se pactaron proyectos de inversión social en salud, infraestructura vial, proyectos productivos, alcantarillado y acueductos, que fueron denominados por los mismos campesinos como los ‘acuerdos de confianza’.

De estos puntos, en el único en el que los habitantes del Catatumbo han visto resultados contundentes es en el de los corredores viales. Desde 2014, por ejemplo, en esa región cuentan con un combo de maquinaria para el mantenimiento de 350 kilómetros de vías terciarias, además, ya hay construidas placas huellas en 11 tramos de cinco municipios.

No obstante, el punto más significativo en este acuerdo: el ‘anillo vial para la paz’ (que busca conectar los municipios de Hacarí, San Calixto y el Tarra) aún está en la etapa de diseños y el Invías solo comprometió $15 mil millones para su ejecución, cuando según Juan Carlos Quintero, líder de Ascamcat, una de las organizaciones que lideró el paro, en el Plan de Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo quedó consignado que ese proyecto podría costar $150 mil millones.

Por otra parte, el acuerdo de proyectos productivos para 500 familias del Catatumbo que lidera el Incoder y que tiene un costo de $6 mil millones, si bien ya está adelantado, ha tenido problemas en su ejecución porque las ayudas no les han llegado completas, y según líderes campesinos, los cultivos ya se empezaron a perder.

“A algunas personas les dieron las semillas de cebolla pero no los fertilizantes y ya están empezando a perder lo que se les dió por falta de lo demás”, dijo Olga Quintero, líder de Ascamcat.

Sin embargo, lo que realmente preocupa a la asociación campesina es la inversión en salud, alcantarillado y acueductos, promesas que hasta hoy no han tenido avances significativos.

El mayor avance ha sido, según el DPS, la aprobación en diciembre de 2015 de $12 mil millones en regalías para la remodelación de los hospitales de Tibú y Ocaña.

Sin embargo, sobre el mantenimiento de centros de salud de la región y el transporte medicalizado (dotación de ambulancias, lanchas ambulancia y un helicóptero), según líderes de Ascamcat, nada se ha visto.

En cuanto a los proyectos de alcantarillado o acueducto que beneficiarían a cuatro veredas de los municipios de Hacarí, Convención, San Calixto y Teorama tampoco hay nada resuelto.

Al respecto el DPS dijo que esos proyectos no se han podido adelantar por falta de diligencia de los alcaldes respectivos. Lo mismo manifestó una fuente de la Gobernación de Norte de Santander, quien señaló que las mesas para este proyecto se instalaron terminando 2015, por lo que los cambios en los gobiernos frenaron el ritmo con el que venían trabajando.

La Zona de Reserva

El gran faltante ha estado por cuenta de la declaratoria de una Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo, que según los líderes de Ascamcat, no se ha concretado pese a que cumplen con los requisitos para que se delimite.

La Silla habló con el viceministro de Agricultura, Juan Pablo Díaz Granados, quien coordina, desde abril de 2015, la MIA Catatumbo, para conocer en qué va el proceso de la declaratoria de la reserva. Él aseguró que eso le correspondía exclusivamente al Incoder y con esa entidad, que está en liquidación, no pudimos hablar.

Acerca del compromiso de seguridad para la región y los líderes campesinos, más son los faltantes que los logros.  Según Ascamcat, las condiciones no han mejorado, y los campesinos siguen siendo víctimas de amenazas y persecución.

A ese escenario se suma el reciente asesinato de una líder comunal en San Calixto y desapariciones de campesinos.

Lunes, Febrero 8, 2016 - 17:18
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La polémica militarización de Barranquilla, que anunció desde noviembre el alcalde Alejandro Char, finalmente no comenzó el primero de enero. En cambio, arrancará el próximo lunes 15 de febrero. La Silla Caribe conoció detalles de la medida que tiene divididas las opiniones.

El Ejército entrará a las calles de La Arenosa con un grupo inicial de 150 militares de la Segunda Brigada. Y en llave con la Policía, los uniformados realizarán retenes móviles en la ciudad, especialmente en los barrios donde el Fondo de Seguridad del Distrito tiene identificada una mayor presencia de expendios de droga y pandillas.

Los puntos exactos donde se harán las requisas en las localidades más vulnerables, como las suroriente y suroccidente, no serán divulgados para evitar “poner sobre aviso a los delincuentes”, le dijo un vocero de la Alcaldía a La Silla.

Aunque Char había anunciado la llegada del Ejército para la primera semana de enero, detalles logísticos no hicieron posible que se cumpliera esa primera fecha. Por ejemplo, todavía el Distrito, la Policía y el Ejército están definiendo cómo asumirán el costo del combustible de las camionetas y motos en las que los uniformados harán los patrullajes.

También están por definirse el tiempo que durarán los militares en las calles y el número total de hombres, que podría llegar a los 200 a finales de febrero.

Como contó La Caribe, con esta medida, Char busca contrarrestar las peores cifras de homicidios que ha tenido esa ciudad los últimos cinco años, la mayoría de ellos por intolerancia y enfrentamientos por droga. Situación que es la gran ‘papa caliente’ que su grupo político no ha logrado enfriar estos ocho años que lleva en el poder.

Sin embargo, no han faltado las voces en contra de esa medida. El primero en mostrar su desacuerdo fue el director nacional de la Policía, general Rodolfo Palomino, quien dijo que los ejércitos “están para la guerra”, más en un país en conflicto armado desde hace cinco décadas como Colombia.

Mientras que líderes de opinión de Barranquilla como el ex alto consejero para la Prosperidad Samuel Azout argumentan que las medidas represivas no son la solución. “Los policías jamás podrán acabar con las pandillas; sí podrán la educación y las oportunidades para los jóvenes”, dijo Azout en un trino.

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