El representante Rodrigo Lara, de Cambio Radical, presentó un proyecto que facilitaría desheredar a los hijos menos queridos y que, de paso, ayudará a evitar que los campesinos pierdan la titularidad de sus tierras al dejarlas a sus descendientes.
Lara presentó un proyecto de ley que busca simplificar los derechos de sucesión.
Hoy, a través de un testamento, una persona puede decidir qué hacer con la mitad de sus bienes, pues la otra mitad va para los herederos que define la ley. Y solo la mitad de esa mitad se la puede dar a quien quiera: la otra solo puede usarla para mejorar lo que le toca a sus herederos por ley. Es decir, puede disponer libremente solo del 25 por ciento de sus bienes.
Lara está proponiendo que -al igual que hicieron países como Francia en el siglo XIX- en Colombia se amplíe ese porcentaje de libre decisión al 75 por ciento. Es decir, si un padre así lo decide, puede dejar a las ovejas negras de su familia prácticamente desheredados.
El proyecto da aún más libertad para heredar la tierra: los dueños de las propiedades agrarias de menos de cuatro unidades agrícolas familiares (UAF) -que es la medida mínima de tierra para vivir dignamente- podrían decidir libremente cómo heredarlas en un 100 por ciento, algo que ayudaría a evitar que las familias queden obligadas a dividir sus predios.
A eso se suma que, por los altos costos de registro de los documentos, un porcentaje significativo de las nuevas parcelas terminen sin legalizarse. Eso hace que, entre más hijos tenga un campesino, es más probable que tierras que ya tenían títulos terminen perdiéndolos y que proliferen los minifundios que ya ni siquiera alcancen para darles sustento.
Por eso el proyecto de Lara no corregiría el problema hacia atrás en el tiempo, pero -como explica la ex viceministra agraria Luz Amparo Fonseca en La Silla Rural- sí podría ayudar a que suceda menos en el futuro.
Ese cambio es fundamental para el campo, uno de cuyos mayores problemas es el altísimo número de campesinos que no tienen un título sobre sus parcelas, algo que el acuerdo agrario en La Habana busca cambiar con proyectos como el catastro rural. Uno de cada cinco predios rurales tienen problemas de titulación y uno de cada dos pequeños campesinos no tiene derechos formales sobre su tierra, según lo demostró un estudio de Ana María Ibáñez, una de las mayores expertas en tierras en Colombia.
De hecho, Fonseca incluso propone que se debería contemplar que en predios menores a dos UAF los campesinos no tengan que pagar o se les reduzca los costos de notariado.
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