En una pelea en la Corte Constitucional, los indígenas se pusieron tan nerviosos que están a punto de meterse un autogol, pues están a un pelo de tumbar a un ponente que creyeron que iba a decidir contra sus intereses cuando éste lo iba a hacer a favor suyo.
El magistrado Mauricio González es el ponente en una demanda contra un decreto de Juan Manuel Santos que le da más autonomía a los resguardos y que los indígenas consideran su mayor conquista política en dos décadas de lucha social, porque le permitirá a los resguardos y cabildos ir tomando bajo su ala temas cruciales como salud, educación, agua y alcantarillado, además de recibir directamente los recursos del Sistema General de Participaciones que el Gobierno central gira a las regiones.
La idea es entregarles -siguiendo el modelo de países como Canadá o Australia- esas funciones gradualmente, a medida que cada autoridad indígena va demostrando que tiene cómo gestionar los recursos de manera eficiente y transparente. De esa manera los territorios indígenas dependerán menos de los gobiernos municipales, que con frecuencia se demoran meses en girarles la plata que el Gobierno les destinaba.
Los indígenas tienen los pelos de punta por la posibilidad de que el decreto se caiga y estaban muy preocupados porque la Corte llamó a intervenir en el proceso a ocho entidades del Gobierno y tres universidades pero no a ellos ni a los juristas que han trabajado con ellos, como ha sido tradición en la Corte cuando se tratan asuntos que afectan a los indígenas.
Es por esto que la Onic le envió una carta a la Corte pidiéndole intervenir extemporáneamente y también solicitándole que inviten a Dejusticia y las universidades que los han acompañado legalmente, como la Nacional, los Andes, el Rosario, el Externado o la Javeriana de Cali. Después de eso, le pidieron a González que se declare impedido.
González terminó aceptando ese impedimento (y la Corte debe resolver esta semana si lo acepta) porque sí había conceptuado sobre un tema parecido cuando era secretario jurídico del gobierno de Álvaro Uribe.
Sin embargo, lo que no sabían los indígenas era que el proyecto de fallo de González declaraba que el decreto debería ser exequible.
Esto porque ese decreto resuelve una vieja promesa que llevaba 23 años sin cumplirse y que se remonta a la Constitución del 91, cuando fue acogida la propuesta de los dos senadores indígenas -el guambiano Lorenzo Muelas y el embera Francisco Rojas Birry- de darle una mayor autonomía a las comunidades indígenas. Pero el Congreso, a quien le correspondía la responsabilidad, nunca desarrolló ese artículo transitorio, razón por la cual los indígenas y el Gobierno trabajaron en el decreto por dos años.
Por eso, si la Corte acepta el impedimento de González, el caso pasará a manos de Luis Guillermo Guerrero, un magistrado más conservador. Y el caso arrancará de ceros otra vez.
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