Después de la controversia que generó la diferencia de cifras de homicidios en Bogotá entre el alcalde Gustavo Petro y la Veeduría Distrital, en Medicina Legal, el instituto que documenta los casos de muertes violentas a nivel nacional, la información se ha vuelto un “secreto de Estado”.
A mediados de septiembre Petro dijo que en Bogotá se alcanzó “la tasa de homicidios más baja de la historia de la ciudad de Bogotá en 32 años” . La Veedora Distrital, Adriana Córdoba, dijo que en lugar de disminuir, los homicidios aumentaron en el mismo período. Al final, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, le dio la razón al Distrito y dijo que la Veeduría tenía datos desactualizados.
Después de eso, los controles en el proceso de entrega de información por Medicina Legal se han intensificado al máximo, lo que demora aún más la entrega de información. “Antes se podía demorar una semana, ahora pueden tardarse más de un mes, cuando ya está desactualizada”, según le dijo a La Silla una fuente experta en seguridad del Distrito que ha buscado varias veces los datos de la entidad.
Aunque Medicina Legal es la entidad que tiene la información más precisa de muertes violentas en el país, sólo hay una oficina de comunicaciones a nivel nacional que se encarga de tramitar todas las peticiones de información que llegan a la entidad. Desde allí, la información debe pasar por el Centro de Referencia de Medicina Legal que se encarga de procesar los datos. Fue la jefe de esa oficina, Diana Moya, quién le entregó la información a a la Veeduría Distrital “sin depurar”, lo que causó la diferencia en los datos.