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Martes Noviembre 30, 2021

Cansadas por la demora en la resolución de su emblemático caso, las 180 familias que salieron desplazadas hace dos décadas de la Hacienda Bellacruz regresaron ayer a ese rincón en el sur del Cesar. Esta madrugada, sin embargo, fueron desalojados por un escuadrón del Esmad y la Policía que -según tres personas que han acompañado el proceso- llegaron sin una orden de desalojo.

El caso de la antigua hacienda Bellacruz -hoy llamada La Gloria- se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la progresista política de tierras que impulsaron Santos y su primer ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, y que -como ha contado La Silla- está haciendo agua.

Sin ninguna decisión jurídica o administrativa en firme, estas 180 familias campesinas -que habían llegado en 1986 a esas tierras y fueron desplazados por los paras en 1996- decidieron volver mientras sale una. Su descontento se debe a una resolución que sacó el Incoder en febrero de este año, que -como contó Verdad Abierta- devolvió su proceso al estado en el que estaba en 1990.

En concreto, el Incoder anuló dos resoluciones del extinto Incora -una de 1990 y otra de 1994- que reconocían que dentro de la hacienda había seis predios de origen baldío, de las que la familia del ex ministro Carlos Arturo Marulanda se había apropiado de manera irregular.

En base a esas decisiones, en 2013 el Incoder -didigido entonces por Miriam Villegas- desempolvó el caso y le ordenó a la empresa que le compró la hacienda a los Marulanda en 2008 -y que es del magnate Germán Efromovich, principal accionista de Avianca- devolver las 1.200 hectáreas que aparecán como antiguos baldíos. Eso significa que el Incoder debería, una vez recuperados, titulárselos a campesinos sin tierras y estas 180 familias -como sus ocupantes históricos- tendrían el primer derecho. Por esa decisión, Efromovich demandó penalmente a Villegas y su entonces subgerenta de tierras Jhenifer Mojica.

Pero en febrero de este año, el subgerente de tierras del Incoder Carlos Carmona echó para atrás esas decisiones argumentando que faltaban muchos detalles, dejó sin piso la de 2013 y ordenó un proceso de clarificación de títulos que determine de una vez por todas el origen de esos predios.

Eso quiere decir que el proceso se va a demorar varios años más, en los que los campesinos tendrán que estar lejos de los predios que reclaman como propios desde hace tres décadas.

Perfiles relacionados: 
Rey Ariel Borbón
Miriam Villegas Villegas

Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:52
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Aunque el Concejo de Bogotá decidió montarse en la ola del posconflicto con una comisión de paz y posconflicto, su presidente Roberto Hinestrosa decidió dejar por fuera al principal partido de izquierda, a la bancada del partido que se opone al proceso de paz y al único concejal que ha estado en un grupo armado.

Lo más curioso es que lo hizo a pesar de que la idea de armar la comisión no fue de él sino de un grupo de concejales de casi todas las bancadas, incluyendo a Celio Nieves, del Polo; y a Antonio Sanguino, de la Alianza Verde y desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista.

En una carta ese grupo le pidió armar la comisión con representantes de las 12 bancadas que tiene el Concejo, para que la Comisión no tuviera un tinte partidista

SOLICITUD COMISIÓN by lasillavacia

Al final, Hinestrosa designó una comisión con solo 5 concejales, cuyas bancadas solo suman 21 de los 45 concejales, y dejó por fuera al Polo y a la Alianza Verde. La bancada del Centro Democrático tampoco quedó representada pero, según supo La Silla, porque no quisieron.

Eso produjo una molestia más con Hinestrosa, en el concejo: ya ha sido criticado por la demora en sacar las resoluciones que regulan la elección de Personero y Contralor, por el contenido de éstas (algunos concejales han dicho que debía haber incluido mayores exigencias a los aspirantes y otros se quejaron por haber incluido requisitos aparentemente superfluos, lo que llevó a Hinestrosa a echarse para atrás en ese punto) y por haber unificado tres proyectos de acuerdo.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:46
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El exalcalde de Cimitarra Hermán Rodríguez Guerrero, quien el pasado 12 de febrero llegó a la dirección de la regional oriente de la Superintendencia de Servicios Públicos  (Santander, Norte de Santander y Arauca), tiene cuentas pendientes con la justicia.

Desde hace cuatro meses, la Fiscalía está tratando de imputarlo por el presunto delito de peculado.

Aunque para mañana estaba citada la nueva audiencia para iniciar el proceso en su contra formalmente, La Silla conoció que el nuevo funcionario pidió el aplazamiento argumentando que tenía otras prioridades en Bucaramanga.

La investigación surge por el pago de unas bonificaciones que hizo a sus escoltas cuando era Alcalde en 2011, pese a que ellos eran policías y tenían un sueldo propio.  

Al respecto, Rodríguez Guerrero aseguró: "La Gobernación de Santander también venía pagando una bonificación a los escoltas desde 2011 hasta el año pasado".

Esta es la segunda vez que la Fiscalía llama al nuevo superintendente para imputarlo. La primera citación la hizo ese ente de control cuando Rodríguez Guerrero, quien es cercano al senador rojo Jaime Durán Barrera, se encontraba en plena campaña para llegar por cuarta vez a la alcaldía de Cimitarra con el aval del Partido Liberal. Esa audiencia no se realizó porque el abogado del entonces candidato estaba fuera del país.

 

Sábado, Febrero 20, 2016 - 17:46
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Aunque la administración del exalcalde de Bucaramanga Lucho Bohórquez, dejó como uno de sus legados la legalización de 32 barrios en la ciudad, lo cierto es que esa política terminó más en una jugada electoral, que en una que realmente impactará a cientos de familias de la ciudad.

De los 32 asentamientos que Lucho legalizó durante su administración, 20 de los cuales coincidieron con el arranque de las campañas electorales en julio de 2015, solo uno, Rincón de la Paz, tiene contratadas las obras de mitigación del riesgo.

Si bien, los procesos de legalización que adelantó Bohórquez sirvieron para que esos barrios se reconocieran como parte de Bucaramanga y para que entre otras cosas, pudieran tener acceso a servicios públicos y a inversión estatal, lo cierto es que ese es solo uno de los primeros pasos que se deben dar para impactar a las familias que habitan en zonas de riesgo.

Para que ese primer paso se pudiera cumplir se tenían que determinar los niveles de riesgo de las áreas en dónde estaban esos barrios, por lo que la Alcaldía de Lucho en 2014 contrató dos consultorías: una por $1600 millones para la zona norte y otra por $1390 millones para la zona sur.

El resultado en la zona sur de la ciudad, por ejemplo, fue que de los 13 asentamientos revisados, todos tenían áreas en alto riesgo e incluso algunos como Villas del Nogal o Brisas de Provenza estaban totalmente en riesgo. Los mismos estudios determinaron que para no reubicarlos, el riesgo se podía reducir a través de obras de mitigación.

Sin embargo, hasta hoy esa reducción de amenazas está en el papel porque las obras, que van desde pantallas y muros de contención, hasta gaviones, suman $103 mil millones y la Alcaldía no tiene plata para hacerlas.

El otro problema está en que aún cuando Rodolfo Hernández logre hacer todas las obras de mitigación para frenar el riesgo en el que se encuentran esos 32 nuevos barrios de la ciudad, también deberá garantizar la reubicación de las viviendas a las cuales ni las obras libran de las amenazas por derrumbes.

Precisamente los mismos estudios determinaron, en el caso de la zona sur, que el 30 por ciento de las casi 70 hectáreas que componen esos 13 barrios, con obras o sin ellas siguen estando en alto riesgo. No obstante, ese 30 por ciento entró en la legalización.

Según Mauricio Mejía, el entonces secretario de Planeación de la Alcaldía, se hizo la salvedad e incluso se socializó con las comunidades, que las viviendas que quedaron en ‘zona roja’ debían reubicarse.

La Silla conoció que en el Concejo se están preparando para un debate de control político porque quieren conocer al detalle los estudios que se hicieron para adelantar las legalizaciones y mirar su fidelidad. También quieren saber cómo va a hacer la Alcaldía para terminar con la política a medias que dejó Lucho en su administración.

 

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