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Lunes Noviembre 29, 2021

La muerte de Beatriz Linares, directora de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) desde hace dos años, es la despedida a una defensora de la niñez tan importante (aunque quizás menos conocida) como la ex senadora verde Gilma Jiménez.

Linares, abogada de la Universidad de Los Andes, es especialmente conocida en ese sector porque fue una de las autoras e impulsoras de la Ley de Infancia y Adolescencia, de la mano de la Alianza por la Niñez Colombiana. La clave de la Ley es que los niños dejaron de ser objetos a proteger para convertirse en sujetos de derechos, un vuelco al que Linares le trabajó durante todos esos años.

Aunque empezó su carrera profesional como abogada penalista y de familia, y luego fue directora de pregrado de su facultad, empezó a trabajar en temas de niñez en 1994 cuando dio un salto al sector público.

Su puesto era directora general de prevención y conciliación del Ministerio de Justicia (a donde la llevó el ex gobernador de Cundinamarca Andrés González y en el que la mantuvo el hoy Ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez), pero en paralelo era secretaria técnica y miembro de la comisión asesora del Ministro para reformar el Código del Menor. Ahí empezó a trabajar de lleno el tema que se convirtió en su pasión.

Tras un breve paso por el ministerio de Educación como directora de apoyo a la administración educativa y asesora de la entonces ministra María Emma Mejía, en junio de 1997 llegó a la Defensoría del Pueblo y de nuevo se concentró en asuntos de niñez y adolesencia.

Allí fue defensora delegada para los derechos de la niñez, la juventud, la mujer y los ancianos hasta 2004, trabajando de la mano de José Fernando Castro Caicedo y Eduardo Cifuentes, quienes la apoyaron en su esfuerzo por reformar de una vez por todas el Código del Menor. Salió en 2004, pocos meses después -y como una forma de prde que el conservador Vólmar Pérez quedara de Defensor del Pueblo y, menos de dos años después y por fuera del Estado, logró sacar adelante la reforma.

En esos 12 años entre 1994 y 2006, lideró cuatro proyectos de ley para actualizar el Código del Menor y adecuarlo a los estándares de la Convención de Derechos del Niño. Al final, el cuarto de esos proyectos se convirtió en la Ley 1098, que permitió que se agruparan diferentes derechos del niño en una sola norma y que buscaba cambiar de un enfoque en el que la ley quería solucionar problemas de los niños (como el abandono) a protegerlos de forma integral.

Entre 2004 y 2013 se dedicó a hacer consultorías y asesorías a organizaciones nacionales e internacionales entre las que están la OIT, el Convenio de Primera Infancia de Unicef y otras organizaciones, el Foster Parents Plan Internacional, el Departamento Administrativo de Bienestar Social, Usaid y la OIM. En todas ellas trabajó en derechos de los niños, niñas y adolescentes, y se convirtió en una de las grandes expertas en reintegración de menores desmovilizados.

A pesar de esa larga trayectoria, se dio a conocer en agosto de 2012, cuando fue una de las ternadas por Juan Manuel Santos a la Defensoría del Pueblo. Aunque la verdadera maquinaria política la tenía el hoy defensor Jorge Armando Otálora (que era el candidato de Simón Gaviria), sí logró obtener el respaldo de palabra de la bancada de mujeres en la Cámara y el apoyo de María Clemencia de Santos.

Seis meses después, en febrero de 2013, Santos la nombró al frente de los programas de superación de la pobreza extrema en la Anspe, en reemplazo de Samuel Azout.

Los niños la van a extrañar.

Nota de la Editora: después de publicada esta historia, La Silla recibió una reflexión desde el feminismo sobre la labor que cumplió Beatriz Linares. Publicamos en este link el texto de Ana Cristina González: Epitafio para una feminista: Beatriz Linares Cantillo, irreverencia, fuerza y risa.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mar, 2015-02-03 11:00
Adiós Sra, saludos a Gilma y x allá nos vemos, eso si espero q sea un tiempito bastante lejano.
Mar, 2015-02-03 06:55
Les falto mencionar otros trabajos muy importantes de la Dra. Beatriz: Consultora para la PGN, Plan Internacional. Desde el 2008 hasta el 2010 trazo la politica publica de prevencion de reclutamiento y utilizacion de NNA por GOAML y GDO en la Vicepresidencia, en 2010 fue candidata por Colombia a ser miembro ante el Comite de los Derechos del nino organo que trabaja los temas de seguimiento y control a la Convencion sobre los derechos del nino, en 2008 asistio a la sustentacion del III informe de pais ante el comite de los derechos del nino en Ginebra, Suiza. Durante dos oportunidades fue considerada para ocupar la direccion del ICBF pero ella no acepto por considerar que desde otros escenarios podia trabajar mas fuerte y de manera mas contundente por los derechos de los ninos y ninas del pais, durante su trabajo recorrio todo el pais y conocia de cerca las dificultades de las comunidades, pero especialmente lo dificil que es ser un nino o nina en Colombia.
Mar, 2015-02-03 11:20
Magola, gracias por completar la historia. Es lo bueno de tener usuarios tan buenos como tu.
Lun, 2015-02-02 22:48
Beatriz Linares fue todo eso y más. Una feminista aguerrida que luchó desde distintos ámbitos, por los derechos de las mujeres y la igualdad. Creyó en la importancia de estar en el poder para tomar decisiones que ayudaran a la construcción de sociedades más justas. Denunció problemáticas como la violencia contra las mujeres y en toda su vida pública pensó en la forma en que las políticas afectan diferencialmente a hombres y a mujeres. Hizo de los derechos sexuales y reproductivos una de sus banderas. Su fuerza es no solo un recuerdo de su vida, sino un aliciente para quienes seguiremos dando esta batalla por la igualdad.
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Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
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Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
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La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

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