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Sábado Octubre 16, 2021

La muerte de Beatriz Linares, directora de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) desde hace dos años, es la despedida a una defensora de la niñez tan importante (aunque quizás menos conocida) como la ex senadora verde Gilma Jiménez.

Linares, abogada de la Universidad de Los Andes, es especialmente conocida en ese sector porque fue una de las autoras e impulsoras de la Ley de Infancia y Adolescencia, de la mano de la Alianza por la Niñez Colombiana. La clave de la Ley es que los niños dejaron de ser objetos a proteger para convertirse en sujetos de derechos, un vuelco al que Linares le trabajó durante todos esos años.

Aunque empezó su carrera profesional como abogada penalista y de familia, y luego fue directora de pregrado de su facultad, empezó a trabajar en temas de niñez en 1994 cuando dio un salto al sector público.

Su puesto era directora general de prevención y conciliación del Ministerio de Justicia (a donde la llevó el ex gobernador de Cundinamarca Andrés González y en el que la mantuvo el hoy Ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez), pero en paralelo era secretaria técnica y miembro de la comisión asesora del Ministro para reformar el Código del Menor. Ahí empezó a trabajar de lleno el tema que se convirtió en su pasión.

Tras un breve paso por el ministerio de Educación como directora de apoyo a la administración educativa y asesora de la entonces ministra María Emma Mejía, en junio de 1997 llegó a la Defensoría del Pueblo y de nuevo se concentró en asuntos de niñez y adolesencia.

Allí fue defensora delegada para los derechos de la niñez, la juventud, la mujer y los ancianos hasta 2004, trabajando de la mano de José Fernando Castro Caicedo y Eduardo Cifuentes, quienes la apoyaron en su esfuerzo por reformar de una vez por todas el Código del Menor. Salió en 2004, pocos meses después -y como una forma de prde que el conservador Vólmar Pérez quedara de Defensor del Pueblo y, menos de dos años después y por fuera del Estado, logró sacar adelante la reforma.

En esos 12 años entre 1994 y 2006, lideró cuatro proyectos de ley para actualizar el Código del Menor y adecuarlo a los estándares de la Convención de Derechos del Niño. Al final, el cuarto de esos proyectos se convirtió en la Ley 1098, que permitió que se agruparan diferentes derechos del niño en una sola norma y que buscaba cambiar de un enfoque en el que la ley quería solucionar problemas de los niños (como el abandono) a protegerlos de forma integral.

Entre 2004 y 2013 se dedicó a hacer consultorías y asesorías a organizaciones nacionales e internacionales entre las que están la OIT, el Convenio de Primera Infancia de Unicef y otras organizaciones, el Foster Parents Plan Internacional, el Departamento Administrativo de Bienestar Social, Usaid y la OIM. En todas ellas trabajó en derechos de los niños, niñas y adolescentes, y se convirtió en una de las grandes expertas en reintegración de menores desmovilizados.

A pesar de esa larga trayectoria, se dio a conocer en agosto de 2012, cuando fue una de las ternadas por Juan Manuel Santos a la Defensoría del Pueblo. Aunque la verdadera maquinaria política la tenía el hoy defensor Jorge Armando Otálora (que era el candidato de Simón Gaviria), sí logró obtener el respaldo de palabra de la bancada de mujeres en la Cámara y el apoyo de María Clemencia de Santos.

Seis meses después, en febrero de 2013, Santos la nombró al frente de los programas de superación de la pobreza extrema en la Anspe, en reemplazo de Samuel Azout.

Los niños la van a extrañar.

Nota de la Editora: después de publicada esta historia, La Silla recibió una reflexión desde el feminismo sobre la labor que cumplió Beatriz Linares. Publicamos en este link el texto de Ana Cristina González: Epitafio para una feminista: Beatriz Linares Cantillo, irreverencia, fuerza y risa.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mar, 2015-02-03 11:00
Adiós Sra, saludos a Gilma y x allá nos vemos, eso si espero q sea un tiempito bastante lejano.
Mar, 2015-02-03 06:55
Les falto mencionar otros trabajos muy importantes de la Dra. Beatriz: Consultora para la PGN, Plan Internacional. Desde el 2008 hasta el 2010 trazo la politica publica de prevencion de reclutamiento y utilizacion de NNA por GOAML y GDO en la Vicepresidencia, en 2010 fue candidata por Colombia a ser miembro ante el Comite de los Derechos del nino organo que trabaja los temas de seguimiento y control a la Convencion sobre los derechos del nino, en 2008 asistio a la sustentacion del III informe de pais ante el comite de los derechos del nino en Ginebra, Suiza. Durante dos oportunidades fue considerada para ocupar la direccion del ICBF pero ella no acepto por considerar que desde otros escenarios podia trabajar mas fuerte y de manera mas contundente por los derechos de los ninos y ninas del pais, durante su trabajo recorrio todo el pais y conocia de cerca las dificultades de las comunidades, pero especialmente lo dificil que es ser un nino o nina en Colombia.
Mar, 2015-02-03 11:20
Magola, gracias por completar la historia. Es lo bueno de tener usuarios tan buenos como tu.
Lun, 2015-02-02 22:48
Beatriz Linares fue todo eso y más. Una feminista aguerrida que luchó desde distintos ámbitos, por los derechos de las mujeres y la igualdad. Creyó en la importancia de estar en el poder para tomar decisiones que ayudaran a la construcción de sociedades más justas. Denunció problemáticas como la violencia contra las mujeres y en toda su vida pública pensó en la forma en que las políticas afectan diferencialmente a hombres y a mujeres. Hizo de los derechos sexuales y reproductivos una de sus banderas. Su fuerza es no solo un recuerdo de su vida, sino un aliciente para quienes seguiremos dando esta batalla por la igualdad.
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Otros confidenciales recientes

Martes, Marzo 15, 2016 - 10:45
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Desde que hace una semana se supo que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez estaba hospitalizado en Soacha por problemas cardíacos, los familiares del asesinado exconcejal de Barrancas Luis López Peralta sugirieron que podría tratarse de una estrategia de dilación de Kiko para posponer los alegatos de conclusión en el juicio que afronta por el crimen de López. En efecto, la audiencia programada para el viernes pasado quedó pospuesta por la ausencia de Kiko y la nueva fecha todavía no se conoce a ciencia cierta.

Resulta que en el proceso en el que el exmandatario está acusado de ser el autor intelectual del crimen del exconcejal, la juez tuvo que reprogramar la lectura de los alegatos de conclusión para el 6 de abril por la hospitalización de Kiko. Y hasta reservó una tercera fecha, el 20 de abril, por si para la primera semana de abril Kiko sigue en el hospital.

Esa diligencia depende de la salida del exgobernador del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, donde está internado desde el 26 de febrero, pero la salida también es incierta.

La Silla llamó al Inpec, que es la entidad encargada de atender a la población carcelaria en el país, para conocer de qué depende el regreso de Kiko a su celda en La Picota y allí nos aseguraron que los médicos deben instalarle en estos días un dispositivo en el corazón (stent) antes de determinar si ya se encuentra en condiciones de salir.

El vocero del Inpec también le dijo a La Silla que para tener un segundo diagnóstico sobre la salud de Kiko, la entidad le pidió al Instituto de Medicina Legal evaluarlo y está a la espera de una respuesta.

Las dudas sobre el verdadero estado de salud de Kiko aumentaron el viernes, día en que no se hizo la audiencia, porque Semana publicó una fotografía en la que se le ve relajado, sin conexión a ningún aparato médico y aparentemente viendo televisión.

Esa fotografía va en contravía a lo que informó el Inpec el 8 de marzo, cuando dijo que, según el reporte médico del hospital, Kiko tuvo que dejar su celda en febrero porque tenía angina inestable, arritmia cardíaca y podría necesitar una operación urgente.

En las casi tres semanas que Kiko lleva en el hospital no se sabe qué procedimientos le han realizado allí. Por esa hospitalización la juez novena especializada de Bogotá, que lleva el juicio por el crimen del exconcejal, ordenó investigar al director de La Picota porque se enteró por los medios de comunicación y no por el Inpec, como es el debido proceso.

Lunes, Marzo 14, 2016 - 11:07
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Hoy Bogotá amaneció paralizada en algunos sectores y hay brotes de protesta en otras ciudades por cuenta del paro de taxistas en contra de Uber. Una plataforma que sigue creciendo en usuarios y conductores, que fue multada la semana pasada por la Superintendencia de Transporte porque que su servicio no está autorizado en el país y se ha convertido en el blanco de odio de los taxistas.

En gran parte es el resultado de que -como contó La Silla en noviembre- el presidente Juan Manuel Santos en cambio de resolver el problema se lo pasó al Congreso. Y allí, el tema está congelado.

El pasado 24 de noviembre, Santos firmó un decreto para reglamentar los taxis de lujo pero le pasó al Congreso el verdadero problema: la reglamentación de las plataformas tecnológicas como Uber.

Como contó La Silla, el decreto de Santos decía que para poder prestar el servicio de taxis de lujo, los prestadores tendrán que convertirse o “habilitarse” como empresas prestadoras de este servicio. Un servicio que Uber nunca ha contemplado.

Al día siguiente, en cambio, Uber acompañó al senador de Cambio Radical, Juan Carlos Restrepo y a los representantes liberales Olga Lucía Velásquez y Mario Fernández a radicar el proyecto de ley que reglamenta el servicio que ellos sí prestan: el que “crea el servicio privado de transporte solicitado mediante plataformas tecnológicas”, como dice su comunicado de prensa, y que busca que operen servicios como UberBlack, uberX, UberBICI, UberÁngel, UberPET, UberEnglish, Uber para Empresas, etc.

Lo radicaron casi un mes antes de que se acabaran las sesiones ordinarias en el Congreso y ante la Comisión Sexta de Senado. Sin embargo, la semana pasada -cuando los taxistas anunciaron que se iban a ir en paro contra Uber- los autores retiraron el proyecto de Senado y lo radicaron en la comisión sexta de Cámara porque en Senado no tuvo ambiente para avanzar.

De hecho, el presidente de la comisión sexta en el Senado, Jorge Hernando Pedraza, no designó ponente del proyecto -según le contó a La Silla uno de los autores-, que es el primer paso para que el proyecto arranque su trámite.

Eso quiere decir que el proyecto de ley para reglamentar Uber sigue en ceros. Y por ahora, no tiene un camino fácil. La agenda legislativa de este año está sobrecargada con los proyectos de ley que se vienen para la implementación de los acuerdos de paz, la segunda vuelta del acto legislativo para la paz y la convocatoria al plebiscito, si es que este próspera en la Corte Constitucional. El próximo año además, está la reforma tributaria que el gobierno aplazó.

Así que por ahora el problema de Uber y de los taxistas seguirá vivo.

Viernes, Marzo 11, 2016 - 07:54
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Empresas y entidades sin ánimo de lucro que se han dado a conocer en el país por presuntas irregularidades en la ejecución de los millonarios contratos para la entrega de los refrigerios escolares en el país, se reencaucharon y con fuerza en Santander.

La Silla revisó los contratos que han suscrito los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Barrancabermeja y la Gobernación de Santander y encontró que en medio de varios hechos que llaman la atención cientos de millones de recursos fueron entregados directamente por las administraciones para implementar el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

En Floridablanca, Héctor Mantilla le entregó un contrato a la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa para que ejecutará la alimentación escolar a 12.309 niños por 115 días.

Esa organización, que al menos en el papel no tiene ánimo de lucro, es la misma que en estos momentos está enfrentando denuncias en Norte de Santander por el mal estado de los alimentos que les está entregando a menores de edad; es originaria de Sincelejo, y según los estados financieros reportados en el Registro Único de Proponentes, en 2014 tenía un patrimonio de $2.380 millones, cuando en 2004 se creó con $18 millones.

Sus socios guardan relaciones de amistad, según sus páginas de Facebook, con varios políticos santandereanos, entre esos, Óscar Villamizar, hijo del senador santandereano condenado por el carrusel de las Notarías Alirio Villamizar y hermano de Ingrid Villamizar, la actual secretaria de Desarrollo Social de Mantilla.

Sin embargo, según Villamizar no conoce a los socios de esa corporación. "Tengo más de 5000 amigos en Facebook... lo que hace imposible literalmente que conozca a cada una de las personas que se encuentran en él".

La principal particularidad en el contrato que el 8 de febrero suscribió Mantilla está en el valor de los refrigerios. La Silla hizo las cuentas y encontró que el alcalde de Floridablanca está pagando $2.296 por cada ración de alimento, cuando en febrero de 2015, en un contrato que se hizo para el mismo fin, el valor de cada porción fue de $1.828.

Sin embargo, según la Administración de Mantilla los valores entre los dos contratos nos son comparables porque "aumentamos la cobertura y estamos pagando mayor cantidad de almuerzos que son más costosos que los refrigerios. Además la totalidad de los refrigerios son industrializados (que son los más caros) eso no era así en el pasado contrato".

Por su parte, en Barrancabermeja Dario Echeverri decidió suscribir un contrato con la Cooperativa para el Desarrollo de las Comunidades por $3.821 millones el pasado 24 de febrero.

Aunque Echeverri está pagando por la alimentación del mismo número de niños y de hecho lo hizo con la misma empresa que hasta septiembre del año pasado ejecutó el programa en su municipio, el valor de cada refrigerio se disparó en 35%.

Y es que mientras que en 2015 se pagaron $1.390 por cada refrigerio, este año en Barranca le cobraron $2.111 al municipio sin explicación sobre esa decisión, debido a que las condiciones y la cantidad calórica de la alimentación debe cumplir las mismas características que el año pasado.

Sobre el valor de la ración, desde la administración de Echeverri se señaló que la diferencia obedece a que en el contrato pasado el número de días del suministro fue mayor; sin embargo, La Silla no encontró la adición al contrato inicial.

Esa corporación es originaria de Cartagena al igual que las que el cuatrienio pasado, en medio de cuestionamientos y licitaciones denunciadas por presuntas irregularidades, ejecutaron la entrega de los refrigerios escolares en Bucaramanga. Dos de sus socios –John y Germán Stummo Guerra- son hermanos del excandidato a la Alcaldía de Nueva Granada en Magdalena, Jandy Stummo Guerra, quien en 2012 fue condenado por el 'pacto de Chivolo' .

En Santander, los refrigerios están siendo entregados por la Unión Temporal ‘Alimentación escolar de Santander 2016’ pero la Gobernación omitió publicar los nombres de los integrantes; no obstante, La Silla rastreó a Luisa Fernanda López Rincón, quien aparece firmando como representante legal, y encontró que hace parte de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, empresa que también ha sido denunciada en el país por irregularidades en la ejecución de programas de alimentación escolar.

En Piedecuesta y Girón ni se han empezado las licitaciones y tampoco se ha contratado bajo la figura de urgencia la entrega de los refrigerios. En Bucaramanga la licitación va andando y está en pliegos definitivos.

Nota de la editora: Este artículo fue actualizado el 12 de marzo con información relacionada con las versiones de las Alcaldías contratantes.

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