Después de la denuncia del Pacto de Bogotá, en el país quedó la sensación de que Colombia no ve con buenos ojos las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero resulta que igual está sujeta a sus sentencias.
Primero, y como explicó ayer La Silla, porque la denuncia del Pacto solo tiene efectos una vez pasado un año. Es decir, hasta noviembre de 2013 todavía nos podrían demandar. Además, la denuncia no afecta litigios que ya se hayan iniciado, como la demanda de Ecuador por los efectos de las fumigaciones de Glifosato en la frontera, o las posibles solicitudes de interpretación o de aclaración de la sentencia de delimitación marítima con Nicaragua.
Pero hay otro motivo, y es que Colombia ha aceptado la jurisdicción de la Corte en decenas de tratados más, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las convenciones de Basilea, Rotterdam y Estocolmo sobre polución transfronteriza, la Convención contra el genocidio, la Convención sobre financiación del terrorismo y un tratado de no agresión, conciliación y arreglo judicial que firmaron Colombia y Venezuela en 1939 (pero que no aplicar para la "integralidad territorial", es decir, las fronteras). Para lo que tiene que ver con todos esos tratados, mientras Colombia no los denuncie aún podrá ser demandada ante la CIJ.
