¿Paran los transportadores o paran las multas?

Angela Piedad Arenas, subsecretaria de Movilidad, lleva días negociando con los transportadores públicos de Bogotá sobre cómo financiar el pago de los comparendos que ellos no quieren pagar, alegando la prescripcción de las multas. Mensualmente la Secretaría recoge 6.500 millones de pesos por comparendos pagados. Foto: Laura Rico Piñeres

Hoy es un día clave para Bogotá. Hoy se define si los conductores de transporte público de la ciudad convocan el paro que han venido anunciando desde la semana pasada. Después de largas y acaloradas jornadas de discusión con más de 20 sindicatos de taxistas, colectivos, flotas y transportadores de carga, la Secretaría de Movilidad deberá decidir si aplica una amnistía general para perdonar los comparendos que deben estos conductores hace más de tres años. Si no cede, los conductores deberán negociar acuerdos de pago para poder seguir trabajando.

En la reunión, Angela Piedad Arenas, subsecretaria de Movilidad, insistirá en que la mejor manera de poner al día a los conductores morosos es revisando caso por caso para sumar y restar cuánto debe cada quién y así acordar formas de pago en un plazo máximo de cinco años.

Sin embargo, la propuesta aún no tiene a los sindicatos contentos y el problema es de poderes encontrados. Del poder debilitado que tiene el Distrito para cobrar los miles de comparendos que se imponen anualmente, y del poder de lobby que tienen los transportadores para presionar al gobierno. En el medio, está en juego la movilidad de la ciudad.

Los conductores públicos, a diferencia de los particulares, tienen que renovar sus licencias cada tres años y para hacerlo, deben estar a paz y salvo. Desde que entró en funcionamiento el año pasado el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), se les ha complicado el caminado pues en todo el país se sabe quién debe multas y en dónde.

Hace unos años cuando un taxista o conductor de bus era multado, perfectamente podía archivar los comparendos bajo su silla y llegada la fecha para renovar su licencia, podía ir a sacarla a otro municipio o departamento cercano. Ahora el Runt los tiene en aprietos pues aparentemente no hay manera de sacar dobles licencias ni de huirle, tarde o temprano, al pago de los comparendos. Por eso andan ansiosos con liberar sus deudas para poder seguir manejando y trabajando en la ciudad.

Arenas explicó que un conductor que comete una infracción una vez, normalmente reincide tres veces. Así, haciendo cálculos blandos, cada persona multada le debe al Distrito cerca de un millón de pesos. La reincidencia de los cerca de 49 mil taxistas o 16 mil conductores de colectivos que hay en Bogotá es aún más alta pues se pasan el día entero en las calles. En total, se imponen cerca de tres mil comparendos diarios incluyendo a conductores privados y públicos.

“Ellos amenazan con hacer un paro de transporte para poder renovar su licencia de conducción”, dijo la subsecretaria de Movilidad Arenas a La Silla Vacía. “Acá no habrá impunidad.” Insistió en que la falta de pago de las multas es un problema nacional y que la propuesta de Bogotá será un ejemplo para las demás zonas del país. La oferta de Movilidad a los transportadores es perdonarles las multas viejas, de los años ochenta, noventa y principios de 2000, y negociar acuerdos de pago sobre las multas nuevas o vigentes.

Esta Secretaría, que empezó a funcionar en 2007, heredó cerca de 1 millón trescientos mil comparendos del Fondo de Educación y Seguridad Vial (Fondatt) que se liquidó definitivamente en diciembre del año pasado, y que hacía de chepito en el tema de comparendos de Bogotá. De estos comparendos heredados, aproximadamente 1/3 corresponde a conductores de transporte público.

Además de lo que heredó la Secretaría, con cada año que pasa se acumula el número de comparendos por pagar. La infografía muestra los comparendos impuestos y pagados de 2007 a 2009, en cabeza de la Secretaría de Movilidad. Las  cifras son generales y no discriminan por conductor privado o público.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad

La respuesta de los transportadores

Sin embargo, a varios de los transportadores no les gusta la idea de llegar a acuerdos de pago individuales. Su propuesta es mucho más ambiciosa pues quieren que la prescripción de las multas aplique a todos por igual, y de un solo tajo. Es decir, quieren encontrar la manera de borrar del sistema nacional todas las multas vencidas y no ejecutadas que según el Código de Transporte prescriben para cualquier ciudadano tres años después de la fecha de la infracción si no hay ejecución o mandamiento de pago por parte de la autoridad que cobra.

“Para hacer un acuerdo de pago se necesitan fiadores y eso nadie los va a conseguir,” dijo Herminso Bermúdez, presidente del Sindicato Nacional de Taxistas a La Silla Vacía. “Además, estamos pidiendo que se aplique la ley de la prescripción, no cosas insensatas o incoherentes”. Bermúdez, además, insistió que era responsabilidad de la Secretaría ejecutar los cobros y que si no lo habían hecho hasta entonces, no les podían financiar multas ya vencidas.

Los conductores piden borrón y cuenta nueva a las multas de más de tres años que la Secretaría de Movilidad no ha podido cobrar. Foto: Laura Rico Piñeres

Para los conductores su principal temor es no poder renovar su licencia y quedar por fuera del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que formalizará el oficio de conductor a través de un salario integral y que promete eliminar la guerra del centavo.

“Los conductores no pagan las multas por falta de plata. En un muy buen día un taxista se hace entre 80 mil y 120 mil pesos, sin contar la gasolina. O sea, se llevan entre 25 mil y 40 mil pesos para la casa. En un mal día tienen que poner de su bolsillo para cubrir los gastos y las multas valen mucho más que eso,” dijo el líder sindicalista. Para él, no es un problema de voluntad sino de plata.
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“Además, muchas veces las multas se las ponen a uno por culpa de los usuarios que van de afán o le indican a uno que coja por aquí o por allá”, dijo un conductor de taxi a La Silla Vacía.

Cuando caiga la tarde, gobierno y transportadores querrán que la batalla haya llegado a su fin. Si no hay acuerdo, persistirá la amenaza de paro. Pero si hay acuerdo, ¿persistirá la cultura de no pago o de manejar como un loco?