Ser Pilo Paga lleva a estudiantes brillantes de entornos sociales desfavorecidos a las universidades privadas. Parecería una política orientada a fomentar la integración entre los colombianos, pero lograr eso no es tan automático.
Es razonable pensar que el ingreso de esos estudiantes a universidades privadas de élite pueda transformarlos en accionistas del sistema de segregación social vigente en Colombia a menos que la política de educación superior contrarreste esa segregación entre universidades públicas y privadas. En los EEUU ese programa no haría eso, porque universidades públicas como las de California, de Wisconsin o de Michigan atraen a miembros de todos estratos sociales, inclusive de las élites. Aquí, al contrario, para que pague la inversión de esos Pilos, es crucial que la segregación entre más y menos ricos se mantenga. Así, ese programa establece un canal institucional de cooptación, pero no lleva necesariamente a ampliar los espacios de integración social en Colombia. Sus costos, además, impiden reconstruir la educación superior pública para reducir las brechas con ciertas universidades privadas.
Tampoco hay garantía de que las clases más acomodadas en las universidades privadas de elite logren integrarse con los estudiantes de clases desfavorecidas por el solo hecho de compartir con ellos, en su propio terreno, los espacios de estudio. A menos que sus universidades se comprometan normativamente con la creación de escenarios de integración social en el país, y en consecuencias a menos que los estudiantes de las clases acomodadas sepan desde el comienzo que ir a ciertas universidades implicará asumir ese compromiso, difícilmente las universidades de élite, aún con Ser Pilo Paga, establecerán espacios de integración. Además, un compromiso creíble hacia la integración implicaría cobrar matrículas flexibles según el ingreso familiar de los estudiantes, lo cual para muchas de ellas va en contravía de su modelo financiero.
Si Ser Pilo Paga por sí no es la respuesta, necesitamos actuar en dos frentes adicionales para fomentar la integración social a través de la educación superior.
Primero, superando la brecha entre las universidades públicas y privadas, solucionando el estado de desfinanciación de las mayores universidades públicas y tomando medidas para que éstas se transformen en escenarios pluriclasistas. Ese proceso, sin embargo, requiere tiempo.
Entre tanto, el país podría introducir nuevas instituciones de educación superior, para empezar, en Bogotá, Medellín y Cali, especializadas en unas pocas ciencias sociales, - hay centros de formación de excelencia tan especializados en México – y cuya misión específica sería proveer focos de reflexión y formación sobre integración social. Su compromiso sería atraer a estudiantes desde todos grupos sociales. Para lograr eso, tendrían que constituirse como joint ventures entre las más prestigiosas universidades privadas y públicas. Reclutarían académicos cuyo trabajo de investigación se concentra sobre integración social, desde la sociología, la antropología, la historia, y las ciencias políticas, sobre todo. Funcionarían como laboratorios de integración y producirían profesionales cuyas competencias les permitirían servir de “cremalleras” en contextos sociales y organizacionales profundamente divididos.
Para actuar sobre este segundo frente, necesitamos dos ingredientes: el apoyo de unos intelectuales fuertemente comprometidos con la reconstrucción del país y unos rectores visionarios.