A principios de mes, justo después de la detención de María del Pilar Hurtado, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias a la Corte Suprema para que indague al expresidente Uribe por sus presuntas actuaciones como gobernador en la masacre de el corregimiento de El Aro, ocurrida en 1997.

Uribe, Gobernador de Antioquia entre el 95 y el 97, ha sido relacionado en ese expediente por cuenta de varios testimonios que aseguran que un helicóptero de la Gobernación estuvo sobrevolando el lugar en el que murieron 17 campesinos a manos de los ‘mochacabezas’ de los paramilitares.

Enterado de la noticia, Uribe acusó a la magistrada que tomó la decisión de estar relacionada con el magistrado estrella de la parapolítica Iván Velásquez.

“El primer error de la magistrada es que el tema no es nuevo, no es un hecho nuevo. María Consuelo Rincón es de la cuerda de Iván Velásquez, quien ha utilizado la justicia para perseguirnos”, dijo [2] el exmandatario.

En el 2013, la misma magistrada había respaldado una decisión de la misma sala que compulsó copias a la Comisión de Acusación para que investigara a Uribe por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. En aquel momento el exvicepresidente uribista Francisco Santos trinó [3] en contra de los “jueces de izquierda”.

Uribe también dijo que la acusación en su contra fue desvirtuada por el CTI de la Fiscalía y que aunque un testigo dice que lo vio en un jeep ir a un paraje a preparar la masacre, él habría tenido que viajar en avión o helicóptero por razones de seguridad. Además, hizo público [4] un documento que describe los vuelos realizados por el helicóptero de la Gobernación de Antioquia, en el que se señala que la nave sólo fue una vez a la zona de El Aro y fue después de la masacre.

Lo que la magistrada explicó es que la compulsa de copias está basada en un testimonio “nuevo y diferente” [5]. Esta vez no son exparamilitares los que hablan sino que se trata de la versión de una víctima: Rosa María Posada George, esposa de Marco Aurelio Areiza Osorio, el tendero asesinado y torturado en El Aro.

La compulsa de copias fue leída durante la audiencia de lectura de sentencia contra el exjefe paramilitar alias Cuco Vanoy, quien comandó el ataque al caserío en Ituango.

Luego de conocerse que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 17 años, 5 meses y 8 días de prisión al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, por su responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), el expresidente afirmó en un comunicado que Arias era víctima de persecución política.

“Nos duele profundamente la injusta condena al ex ministro Andrés Felipe Arias, antecedida y rodeada de una serie de elementos que configuran una clara persecución política, de la cual es víctima”, dijo Uribe Vélez, según lo retomó [6] textualmente El Colombiano en su momento.

Uribe alegó para sustentar su afirmación que Arias “no se robó ni un solo peso” (lo cual es cierto) y denunció que dos días antes de la segunda vuelta presidencial “hubo una filtración periodística ilegal del proyecto de condena que aún no había sido aprobado por la Corte Suprema”.

Según Uribe la supuesta filtración demostraba el interés político “de perseguir al ex ministro Arias y de hacer daño a la candidatura presidencial del Centro Democrático”.

La filtración sí ocurrió en plena época electoral y también es cierto lo que dijo Uribe que durante los últimos 20 años habían sido celebrado cientos de contratos o convenios de ciencia y tecnología con el organismo internacional con el que había contratado Arias.

Pero el caso contra Arias también pasó por varios fiscales. La imputación de cargos la hizo [7] la fiscal Viviane Morales en 2011 y un magistrado aceptó [8] la solicitud de medida de aseguramiento.

En ese mismo año, el Procurador Ordóñez lo inhabilitó [9] por 16 años.

Luego, en 2014, la Corte Suprema (una diferente a la que había sido víctima de las chuzadas y mucho más uribista [10] que la anterior) lo condenó [11] a 17 años de cárcel por su participación en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales en el marco del juicio que se le adelantó por el llamado escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Es una condena que, comparada con las recibidas por otros funcionarios por delitos más graves, fue mucho más alta que las recibidas por otros funcionarios como lo mostró La Silla [12] en ese caso. Sin embargo, pasó por las manos de dos fiscales, de un juez de garantías, de la Corte Suprema y del Procurador uribista.

Luego de la detención de María del Pilar Hurtado, Uribe trinó [13]: “Santos fue a Francia, sede de Interpol, a perseguir a María del Pilar Hurtado y a pedir impunidad para la Farc”.

Aunque Santos en esos días sí estuvo en Francia, y Francia sí es la sede de la Interpol, el Presidente desmintió que esto fuera verdad y dijo [14] que jamás había intervenido en decisiones de la Fiscalía ni de los jueces.

Un día después de haber trinado en contra del viaje de Santos a Francia, Uribe dijo en un comunicado publicado en su página web el 31 de enero: “Santos hizo que coincidiera ayer la declaración del doctor Óscar Iván Zuluaga por esa persecución política con el cuento del 'hacker', declaración ante la Fiscalía, con la revocatoria de Interpol en contra de María del Pilar Hurtado; una clara persecución política de Santos, de sectores afectos a la guerrilla y de sectores extremo izquierdistas que penetra la justicia.”

Aunque Santos aseguró que no había ido a Francia a pedir la circular roja de Hurtado, durante la campaña para su reelección, dijo [15] en una entrevista a Hollman Morris que sí pensaba pedir la extradición de Hurtado pues, según él, Colombia tenía derecho a conocer la verdad.

De hecho, antes de que la Interpol emitiera la circular roja en contra de Hurtado, esta organización ya la había negado dos veces. La primera vez fue en agosto del año pasado y la segunda el 19 de enero de este año. Según lo contó la Dijín, la Interpol había considerado que el caso de Hurtado tenía características "políticas, religiosas o racistas".

El viraje de la Interpol coincidió con el viaje de Santos, pero sobre todo con el cambio de gobierno en Panamá, que 18 días antes [16] de la decisión de la Interpol le levantó la protección de asilo que tenía Hurtado.

El caso de Hurtado pasó por tres fiscales y por la Corte Suprema.

En mayo de 2009, el fiscal Mario Iguarán, que fue nominado [17] por Uribe, llamó a María del Pilar Hurtado a interrogatorio junto con otros funcionarios del DAS. En octubre del 2010, la Procuraduría de Alejandro Ordóñez (cercano a Uribe) la inhabilita por 18 años. En noviembre de 2010, la ex directora del DAS sale hacia Panamá donde obtiene asilo político y en mayo de 2011, la Fiscal General, Viviane Morales, le imputa cargos y la acusa de [18] a la ex directora del DAS de hacer “parte de una organización criminal para asediar a magistrados, congresistas y un periodista". Un juez de garantías acepta la solicitud de medida de aseguramiento. El nuevo fiscal, Eduardo Montealegre, el año pasado, solicita a la Corte imponerle una condena a Hurtado. Ya fue en el juicio en la Corte, y está pendiente de que el magistrado que tiene el caso, Fernando Castro (magistrado que ha sido identificado como uribista y muy cercano a los militares como contó [19] La Silla ), fije fecha para dar el sentido de su decisión.

Contra María del Pilar Hurtado hay varios testimonios [20] de ex subalternos suyos en el DAS, y en particular las confesiones de los ya condenados por las chuzadas ex jefe de inteligencia Fernando Tabares [21] y el ex subdirector de contrainteligencia Jorge Alberto Lagos [22].

Tras la reciente detención de María del Pilar Hurtado, Uribe se ha declarado un perseguido de Santos, pero también ha incluido en su acusación [23] al senador del Polo Iván Cepeda y sectores de extrema izquierda.

En un trino [24], el expresidente señaló a Iván Cepeda de ser un “cabecilla confeso de las Farc” y lo acusó de presionar a la justicia contra María del Pilar Hurtado.

Cepeda ha sido uno de los más férreos contradictores de Uribe y como víctima admitida en el caso de las chuzadas ha pedido públicamente a la justicia que actúe ante señalamientos en contra del expresidente. Hasta ahora no se conocen pruebas de que el Senador haya presionado indebidamente a la justicia y el ex presidente tampoco ha aportado pruebas de esta acusación.

El nombre de Cepeda también ha sido mencionado en el caso del exgobernador de Antioquia, y uribista pura sangre, Luis Alfredo Ramos, procesado por parapolítica. El abogado de Ramos dijo que Cepeda convenció a supuestos falsos testigos para declarar en contra de su cliente. El asunto no está probado y ha sido tajantemente desmentido por el polista.

Luego de que, a fines de enero, el fiscal Eduardo Montealegre anunciara en radio un llamado a interrogatorio al excandidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David en el caso del hacker Andrés Sepúlveda, el uribismo arremetió contra el Fiscal. En el mismo sentido del discurso de Uribe de la supuesta persecución.

Tomás Uribe, hijo del expresidente, trinó [25] que Santos “es campeón en aniquilar jurídicamente” a sus contradictores y elexvicepresidente uribista Pacho Santos pidió garantías judiciales.

Uribe por su parte dijo en reciente entrevista con Caracol TV que aunque ha mantenido respeto por el Fiscal, “porque además él ayudó en mi reelección”, le parece que lo del hacker fue un “espectáculo político” que se montó en vísperas electorales.

“Súmele a eso lo que está pasando ahora con Óscar Iván y con el hacker, súmele esto de María del Pilar y dice uno: no hay garantías”, agregó el exmandatario.

Paralelo al llamado a interrogatorio para los Zuluaga se conoció que el Consejo Nacional Electoral está indagando por las cuentas de la campaña de Óscar Iván, lo que por esos días reforzó el discurso uribista de la persecución.

Lo que dijo el excandidato sobre el tema del hacker (que es lo mismo que ha dicho desde que el escándalo estalló, semanas antes de las presidenciales) es que las acusaciones en su contra son “falsas, fundadas en cuestionables procedimientos y en evidencias que han sido debidamente impugnadas”.

Los uribistas dicen que este caso constituye una persecución política porque el allanamiento de la oficina del hacker se dio en plena campaña electoral y un día después de que se había desatado el escándalo por la denuncia de que los Comba habían pagado al asesor de Santos JJ Rendón 12 millones de dólares para que intercediera ante el gobierno a favor de una negociación con ellos. Porque el mismo Fiscal dio una rueda de prensa sobre el allanamiento cuando un allanamiento similar a la fachada de inteligencia Andrómeda se había hecho sin ninguna repercusión mediática. Y porque el video que constituye la principal prueba en contra de los Zuluaga fue filmado por un hacker que trabajaba con Sepúlveda y que estaba ya colaborando con la Fiscalía por lo que creen que en realidad fue infiltrado por Montealegre.

El abogado de Zuluaga Jaime Granados, por su parte, rechazó que la notificación del interrogatorio a Zuluaga fuera hecha por el Fiscal en radio a través de un medio diciendo que ese hecho “constituye una presión indebida, una injerencia indebida que violenta el debido proceso y la defensa a la que él tiene derecho como víctima”. En la práctica, no es la primera vez que un Fiscal lo hace y en cualquier caso ese anuncio no es la notificación formal que la Fiscalía tiene la obligación de hacer por escrito.

Además, hubo otro aguacero de críticas cuando la Fiscalía se negó a interrogar a David Zuluaga vía internet (pues se encuentra en Estados Unidos estudiando) y a mandar a un fiscal hasta su país de residencia. Esa posición fue modificada posteriormente y al final sí se le hizo el interrogatorio a Zuluaga hijo en el exterior.

Y en cuanto al interrogatorio en el exterior a David Zuluaga, la Fiscalía no tiene la obligación de ir a donde todos los interrogados le digan (aunque lo han hecho en casos como el del exasesor de campaña de Santos JJ Rendón) y después de que aumentaran las críticas a Montealegre decidieron aceptarle la petición.

"Fue una coincidencia que ocurriera al tiempo con lo de J.J. Rendón", dijo una alta fuente de la Fiscalía que no tiene la vocería de la entidad, que recae para este tema solo en el Fiscal General. "Es que en época electoral cualquier decisión de la Fiscalía se va a entender como política". (Ver artículos [26] de La Silla sobre este tema [27]).

Durante el año largó que Viviane Morales [28] duró como Fiscal General, entre diciembre de 2010 y marzo de 2012, ella directamente acusó y pidió la captura a varios uribistas de alto nivel de diferentes delitos: a Bernardo Moreno, el ex secretario general de Uribe; a María del Pilar Hurtado, directora del Das; a Luis Carlos Restrepo, ex comisionado de Paz de Uribe; y a Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultuta y uno de los consentidos de Uribe.

A raíz de estas acusaciones, el ex presidente Uribe dijo que Morales había entablado una persecución política contra el uribismo, ante lo cual Morales respondió [29]: "Pretender calificarlo como una persecución política cuando hay tantos elementos probatorios, tantos fiscales distintos, tantos jueces fallando, no se corresponde con lo que ha venido pasando".

Morales no había sido rival política de Uribe, quien la nombró [30] en una Comisión de Notables para hacer una reforma política cuando estalló el escándalo de la parapolítica. Pero la relación se agrió cuando Santos desmontó la terna para Fiscal que había dejado Uribe y de la que no había elegido la Corte, y ternó a Morales.

Los casos de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado por las chuzadas ilegales del DAS están en juicio ante la Corte Suprema, y Morales les dio un impulso clave: fue quien solicitó la captura de los dos en abril de 2011 y quien le pidió inicialmente a la Interpol la circular roja contra Hurtado.

Por esos hecho ya han sido condenados varios ex funcionarios del DAS, incluyendo el ex subdirector del Das de Hurtado, Jorge Lagos; y su director de contrainteligencia Fernando Tabares, quienes además hablaron contra Hurtado.

Morales también impulsó el caso de Luis Carlos Restrepo por la falsa desmovilización del Bloque Cacica Gaitana de las AUC. Ella fue quien le imputó cargos en diciembre de 2011.

Dos días antes, Restrepo le había enviado una carta [31] en la que decía que Carlos Alonso Lucio (esposo de Morales) había sido asesor de paramilitares, y que le dio piso http://lasillavacia.com/historia/lucio-la-carta-del-asilo-para-luis-carlos-restrepo-31218 a Restrepo para alegar [32] una persecusión de Morales y de Santos. [33]

El caso de Restrepo, en todo caso, se va a caer en la Fiscalía, según lo pudo averiguar La Silla Vacía porque no tienen evidencias sólidas en su contra.

Por último, en el caso de Andrés Felipe Arias, en la administración de Morales la Fiscalía le imputó cargos en junio de 2011, y Morales directamente lo acusó ante la Corte Suprema en diciembre de 2011.

Por ese caso Arias ha dicho [34] que es un preso político de Morales

“La anterior Fiscal General de la Nación, con motivo del retiro del cargo, pronunció un discurso en el cual políticamente se ufanaba de las acusaciones al ex ministro Arias.”, dijo en su momento un comunicado del Centro Democrático.

Es cierto que Morales asumió un gran protagonismo mediático al hacer esta acusación (llevó incluso a sus hijos a oírla) pero en todo caso la Corte Suprema avaló su acusación.

El 8 de octubre de 2007, la Casa de Nariño de Uribe sacó un comunicado público denunciando un complot contra el Presidente organizado por el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, quien le habría ofrecido beneficios al paramilitar preso ‘Tasmania’ a cambio de que incriminara a Uribe como autor intelectual del atentado contra otro paramilitar en 2003.

Como la denuncia de Casa de Nariño se hizo pública apenas unos días después de que la Corte decidió investigar al primo del Presidente, el senador Mario Uribe, por supuestos vínculos con paramilitares, desde un principio hubo dudas en los medios sobre si la acusación buscaba debilitar el trabajo de Velásquez, el el coordinador de las investigaciones contra la parapolítica en la Corte Suprema.

En julio de 2008, Tasmania se retractó [35] de su acusación y dijo que otro paramilitar le había pagado en la cárcel para enlodar al magistrado Velásquez, quien era A partir de eso, un fiscal delegado ante la Corte Suprema determinó que Velásquez en ningún momento había intentado manipular el testimonio del ex paramilitar alias “Tasmania”, para que involucrara al presidente Álvaro Uribe con el paramilitarism y ordenó cerrar la investigación y en cambio, abrirle investigación por falso testimonio a ‘Tasmania’.

Ya Ana Elena Gutierrez ,fiscal de Medellín, quien estuvo presente junto con otras cuatro personas más en la diligencia judicial que se cumplió en la cárcel de Itagüi con alias "Tasmanía", había sostenido que a ‘Tasmania’ nunca se le habían ofrecido beneficios.