Movida para que no se caiga el Pacto de Bogotá

El pasado miércoles, el Procurador le pidió a la Corte Constitucional que no se pronuncie en las tres demandas que cursan en contra del Pacto de Bogotá, una de ellas interpuesta por el Presidente Santos para tumbar uno de los tratados que confiere jurisdicción sobre el país a la Corte Internacional de Justicia.

La intención de Santos es afectar el fallo de la CIJ que remodeló la frontera marítima con Nicaragua, un asunto que -de lograrse- le daría réditos al Presidente con la opinión pública justo a punto de que empiece la campaña por la Presidencia. Se trata pues de una estrategia clave para el Primer Mandatario.

Ordóñez argumentó que “la Corte es incompetente para proferir decisiones de fondo sobre los tratados internacionales que están en ejecución y que han sido ya aprobados por el Congreso Nacional”.

Defendió la foto de Uribe en el tarjetón

También el pasado miércoles, el Procurador -a través de la procuradora delegada Carreño- envió al registrador nacional Carlos Ariel Sánchez una carta (que La Silla publica) en la que le pide que revise la solicitud que el Ministerio Público le hizo al Consejo Nacional Electoral para que revoque el concepto que niega la posibilidad de que la foto y el nombre de una persona puedan estar en el tarjetón.

Aunque el concepto del CNE no es de obligatorio cumplimiento, si éste se cae la jugada del Procurador beneficiaría directamente al movimiento del expresidente Uribe: el Uribe Centro Democrático que no sólo se llama como su jefe y creador sino que aspira a tener su imagen en el tarjetón para que así los electores no se confundan con el Partido de La U.

Para este caso, Ordóñez cuenta con argumentos como que la ley lo que prohíbe es que se usen símbolos patrios y que en las pasadas elecciones regionales la foto del alcalde Gustavo Petro apareció en la lista de los candidatos progresistas al Concejo.

Le advirtió a Santos sobre no inaugurar obras

Ayer el Procurador le advirtió al Presidente Santos que a partir de mañana, cuando empiece a regir la Ley de Garantías con miras a la época electoral, no podrá inaugurar ninguna obra pública. Lo hizo a través de un pronunciamiento, de nuevo, de su procuradora delegada María Eugenia Carreño, quien en rueda de prensa -y en respuesta a una consulta que al respecto le hizo al ente de control el Ministerio de Vivienda- especificó que “ningún gobernante podrá hacer la entrega de viviendas ni efectuar los sorteos para la entrega de subsidios o realizar las convocatorias de los proyectos que se ejecutan en el marco del programa de vivienda gratuita, realizando actos inaugurales que puedan confundirse con actividades de tipo proselitista o clientelista”.

El Gobierno enseguida reaccionó respondiendo que, así las cosas, no podría entregar unas 40 mil viviendas gratis por Ley de Garantías y pedirá al Procurador revisar la decisión.

El problema para Ordóñez es que sobre la inauguración de obras públicas la Ley de Garantías lo que prohíbe al Presidente es asistir a esos actos durante los cuatro meses anteriores a las presidenciales, y hasta la realización de la segunda vuelta en caso de que la hubiese. Lo que quiere decir que Santos no podrá inaugurar obras, entre otras prohibiciones contenidas en la Ley, pero a partir de enero.

Le bajó la caña al acuerdo de La Habana

No había pasado mucho desde que se conoció la firma del punto 2 de la agenda de paz de La Habana entre Gobierno y Farc, cuando el Procurador (en el mismo sentido de su tradicional discurso anti proceso de paz) estaba diciendo que no entendía cuál era el “alboroto” ni cuál era el avance de lo de Cuba. “No entiendo cuál es el alboroto ni el entusiasmo. No sé en qué consisten los avances, lo que se pactó no es nada nuevo, no había ni obstáculos legales ni constitucionales para eso”, afirmó en una bajada de caña más al proceso sobre el cual está montado la reelección de Santos. Una bajada de caña que va en contravía de otros pronunciamientos que señalaron que nunca antes se había avanzado tanto en una negociación con las Farc.