Hace más de un año –el 31 de agosto, para ser exactos- la Fiscalía pidió citar al abogado Álvaro Dávila para una audiencia de imputación de cargos por el cartel de la contratación. La Fiscalía de Viviane Morales anunció que le imputaría los delitos de concusión, falsedad en documento público, fraude procesal y celebración indebida de contratos. Sin embargo, la audiencia nunca se realizó y en el año que ha transcurrido, Dávila sigue sin ser llamado por la justicia, como si fuera un intocable.
A raíz de las declaraciones de Emilio Tapia [1], que vuelven a confirmar las acusaciones de los otros involucrados sobre el rol de este abogado tanto de los Nule como de los hermanos Moreno en el cartel de la Contratación, La Silla Vacía averiguó con la Fiscalía qué había pasado con la imputación. La respuesta oficial es que Dávila, una vez se posesionó el Fiscal Montealegre, los buscó para una negociación y que en eso llevan estos seis meses. Que como el escándalo del Cartel de la Contratación es todo un rompecabezas y Dávila es una ficha clave están tratando de cuadrar los tiempos y de adelantar la negociación para obtener la mayor cantidad de información. En conclusión, pasarán todavía unos meses antes de que este abogado sea vinculado oficialmente al proceso.
Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo desde que han salido las siguientes evidencias en contra de Dávila:
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El Espectador denunció [2] una conversación privada que su director escuchó en el restaurante Nikko Café de Bogotá entre la Secretaria Jurídica de la Uaesp, Catalina Franco, su esposo Ariel Hernández y un experto en contratación pública. Según el diario, los tres fraguaban una estrategia para dejar por fuera de la licitación para el manejo del relleno sanitario de Doña Juana al concesionario Proactiva, a la que en efecto la Uaesp le impuso varias multas. El artículo no mencionó a Dávila pero habló de un mantel en el que la funcionaria de la Uaesp había dejado los trazos gráficos de su proyecto. Luego, en La W, María Isabel Rueda reveló otras siglas en el mantel, entre ellas A.D. que ,según dijo, hacía alusión al abogado Álvaro Dávila, y a un signo pesos, que María Isabel interpretó como una comisión específica. La W rectificó y ofreció mil disculpas a Dávila, que alegaba que esas iniciales correspondían a Andesco. Sin embargo, las recientes declaraciones de Emilio Tapia a la Fiscalía confirmarían que Dávila, que en ese momento era el asesor jurídico de la Uaesp y el encargado de estructurar jurídicamente la licitación del relleno sanitario y de la multimillonaria licitación de basuras, sí era A. D. Tapia dijo –según Semana- que “la Uaesp cuando estaba en manos de Victoria Virviescas era de Álvaro Dávila”.
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La primera prueba pública del Cartel de Contratación fue la grabación [4] filtrada a Caracol Radio, en la que el representante liberal Germán Olano le expresa a Miguel Nule [5] la molestia que tiene el Contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi [6] porque un tal ‘Julio’ y ‘Dávila’ no le han pagado las comisiones. Los periodistas de Caracol explicaron que el congresista sería el intermediario del Contralor con el contratista Julio Gómez y el abogado Álvaro Dávila, supuestos responsables de girar el dinero. Dávila negó categóricamente que Olano se estuviera refiriendo a él. “Olano y Miguel Nule tendrán que decir a quién se estaban refiriendo,” dijo Dávila a La Silla Vacía. Una declaración posterior de Miguel Nule ante la Corte Suprema y el fallo del Procurador en el caso contra Moralesrussi y Olano asumen que se trataba de este abogado.
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Según lo contó la revista Semana [7], Miguel Nule confesó a la justicia una reunión en Miami con el senador Iván Moreno, cuyo propósito era oír de viva voz “que podían confiar en lo que les decía Dávila”. La revista cuenta que en diciembre de ese año, 2008, iban a repartirse los contratos de mantenimiento de malla vial por cerca de 700.000 millones de pesos. Y que los Nule se ganaron dos de las seis zonas que adjudicó la Alcaldía luego de que, tras varias reuniones con Álvaro Dávila, acordaron pagar una comisión del 6 por ciento del total del contrato a Iván Moreno [8] y del 2 por ciento al contralor Miguel Ángel Moralesrussi. "Yo llegué a acuerdos con Álvaro Dávila, que representaba los intereses de Iván Moreno. Como me lo había dejado saber Iván Moreno", enfatiza Nule, según Semana. Y más adelante lo ratifica: "En una de las reuniones con Iván Moreno, deja claridad que el 6 por ciento es manejado por él". El magistrado que toma la declaración judicial le pregunta: "¿La adjudicación de esos dos contratos la tomó usted como el cumplimiento del acuerdo al que llegó con Álvaro Dávila?", Y Nule responde: "Sí".
Según contó Semana, Miguel también dijo que, en casa de Álvaro Dávila, Iván Moreno le había pedido a los Nule que le dieran en arriendo –a un precio muy inferior al comercial– dos áreas exclusivas de la doble calzada Bogotá-Girardot para montar estaciones de gasolina que administraría su esposa Lucy. "El contrato de entrega de esa zona, la minuta del contrato, la envió Álvaro Dávila a través de su correo personal a mi correo, explica Nule. Luego, lo llena Luis Monterrosa (empleado de los Nule), de acuerdo con los nombres que le da la oficina de Álvaro Dávila; Monterrosa lo firma y lo envía a Dávila". Dávila ha negado que él hubiera tenido algo que ver con ese contrato. Pero sí después de la imputación aparece ese contrato, sería una prueba funesta contra Iván Moreno.
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En su fallo [9] contra el excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi y Germán Olano, el procurador Alejandro Ordóñez [10]no trata el caso de Dávila, porque el abogado no es funcionario público. Sin embargo, sí lo mencionó. Dijo que Dávila y los Nule firmaron un contrato para que el primero asesorara a los segundos en la licitación de la Fase III de Transmilenio y que por ese trabajo Dávila cobraría una comisión de éxito del 8 por ciento del valor de los contratos que se obtuvieran. Según el Procurador, ese dinero estaba destinado a pagar sobornos al contralor Moralesrussi, el senador Iván Moreno y el alcalde Samuel Moreno [11]. Además, los Nule se habrían acercado a Dávila porque la amistad de éste con los Moreno sería una ventaja para la licitación. A partir de estos hechos, Ordóñez envió copias del proceso a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura para que investigaran a Dávila.
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El 8 de abril de 2011 RCN reveló un listado de visitantes que entre octubre de 2009 y febrero de 2010 visitaron en horas de la noche el apartamento de Álvaro Dávila. Varios de ellos han aparecido mencionados en conexión con el escándalo de la contratación en Bogotá. Entre ellos aparece Andrés Cardona, de quien ahora, según Semana, Emilio Tapia dice que “manejaba el acueducto y después también La Uaesp” donde supuestamente puso como directora a Myriam Margoth Martínez. Este es el listado [12].
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El ex secretario jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, quien ya negoció el principio de oportunidad [13] con la Fiscalía, confirmó en julio 10 de 2011 la versión dada previamente por Germán Olano sobre la injerencia de Dávila en el IDU . Según contó Caracol, Meléndez dijo que Dávila “tenía fichas clave dentro del IDU hasta el punto que podía informar a los contratistas investigados cómo iban los procesos de adjudicación de los contratos.” Y cita textualmente a Meléndez diciendo: “Los contratos se los ganaban los amigos del alcalde. Emilio Tapia, Álvaro Dávila y Julio Gómez (...) Operaban como combo”. Meléndez dijo a la Fiscalía que existía un ' IDU paralelo' que no funcionaba siempre en el mismo lugar. Y que “algunas reuniones se hicieron en algunas ocasiones en la oficina de Dávila a las que asistieron los también contratistas investigados Julio Gómez y Emilio Tapia”, según contó El Tiempo. Dávila ha dicho que su relación con el IDU fue como abogado de la empresa italiana Grandi Lavori Fincosit, que se asoció con los Nule para obtener la fase III de Transmilenio, el mantenimiento de la malla vial del sur de Bogotá y el Túnel de la Línea.
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Emilio Tapia, quien era el contacto del Alcalde Samuel Moreno y su hermano Iván con los otros eslabones del Cartel, está negociando con la Fiscalía para ser testigo en contra de ellos dos. Según contó Semana [1], Tapia dice que “Dávila era el encargado de elaborar los contratos de comisión de éxito, con los cuales luego se garantizaba el pago de las comisiones.” Semana dice que Tapia dijo a la Fiscalía que “una vez dávila lograba la firma de los contratos de comisión, que eran como unos pagarés para garantizar el pago de la ‘mordida’ por parte de los contratistas, a él le tocaba recoger esos documentos y recibir la plata que correspondía a Moreno.
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