La del Aeropuerto El Dorado es una de las más grandes concesiones del país. Ya tuvo que pagarle al Distrito por impuesto predial, lo que no estaba contemplado inicialmente.

Una de las grandes apuestas del presidente Santos es la de desembotellar las obras de infraestructura, como subrayó de nuevo en el discurso [1] del pasado 20 de julio. “¡En los próximos dos años vamos a adjudicar un 50 por ciento más de obras de lo que se ha adjudicado en los últimos 20 años! ¡Éste será el verdadero salto de la infraestructura nacional!”, afirmó. El problema es que la decisión que tomó su gobierno en 2010 de cobrarle predial a las concesiones ha puesto a dudar a los potenciales inversionistas.

Como informó La Silla Vacía [2], hace unas semanas se expidió el decreto que reglamenta la ley de Asociaciones Público-Privadas [3] (APP) para impulsar las obras de infraestructura, pues bajo este esquema el sector privado tiene la iniciativa para las obras, asume el grueso de las inversiones y se compromete a operar durante décadas la respectiva infraestructura sin que el Estado tenga que poner dinero.

La embolatada Reforma Tributaria del Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry [4], puede ser la solución al problema. Foto: Juan Pablo Pino

El director de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade es la contraparte pública de los concesionarios, y es el encagrado de que las APP sean exitosas. Foto: Juan Pablo Pino

Santiago Castro, director de la Aerocivil, se opuso al pago del predial por los aeropuertos antes de la sentencia de la Corte Constitucional.

El entusiasmo que generó esta figura entre los inversionistas se manifestó en varios proyectos de APP que están empezando a andar, como la propuesta de Ospinas y Juan Gaviria Restrepo de construir una vía olímpica, con estadio, centros deportivos y centro comercial, en el lugar donde hoy se encuentran el Estadio y el Coliseo El Campín, en Bogotá. También está sobre la mesa un proyecto [5] de construir un ferrocarril de carga entre Santa Marta y La Dorada.

Pero en los últimos días ese entusiasmo se ha enfriado ostensiblemente porque los interesados en presentarle proyectos al gobierno o en postularse para los que éste viene estructurando se han dado cuenta que, a raíz de una norma promovida por el propio gobierno en la reforma tributaria del 2010, la viabilidad de esos proyectos no es clara.

Resulta que hasta ese momento sólo los dueños de los inmuebles pagaban el impuesto predial y la contribución de valorización. Pero ahora los concesionarios también tienen que pagar por los inmuebles públicos que tengan en su poder aunque en estricto sentido no son dueños de ellos.

Esos inmuebles, como los terrenos por los que pasa una carretera o los lotes en los que está construído un aeropuerto, son de la Nación aunque hayan sido entregados en concesión. Como a la Nación no se le cobran impuestos, hasta ese momento los concesionarios tampoco los pagaban [6]. Después de la reforma sí tienen que hacerlo.

La norma fue demandada pero la Corte Constitucional la declaró exequible [7] y algunos municipios y distritos han encontrado en este artículo una enorme veta de recursos, que fue precisamente uno de los objetivos que se buscaba con este artículo.

En el caso del aeropuerto de Bogotá, ya dos concejales del Polo, Jaime Caicedo y Laureano García, habían presentado en 2008 un proyecto de Acuerdo [8] para cobrarle predial a Opaín, el concesionario de El Dorado. Con la mini reforma tributaria de Santos, ya el Distrito le cobró a Opaín, como se ventiló en los medios [9] el año pasado.

Algo similar ha sucedido en Cartagena. La Contraloría Distrital produjo una función de advertencia al alcalde Campo Elías Terán por no cobrar el impuesto a Sacsa, la concesionaria del aeropuerto, y entonces el Distrito señaló que lo iba a hacer. Sacsa se opuso [10].

El mayor problema es que el tema no está claramente definido y se han presentado casos como el de la Aerocivil, que antes de la sentencia de la Corte Constitucional, dijo [11]que en su concepto los aeropuertos no deben pagar predial porque siguen siendo de propiedad del Estado.

Ante esta confusión, La Silla Vacía supo que mientras algunos concesionarios están pensando en demandar al Estado por desequilibrio económico de los contratos de concesión, algunos municipios están haciendo cobros retroactivos.

Detrás de esta pelea está también una por otro impuesto, el de industria y comercio. Ese también es un impuesto de los municipios y distritos por el que hay un pulso con algunos concesionarios. De nuevo, la Nación no lo pagaba pero se les ha cobrado a varias concesiones por sus actividades industriales y comerciales, y varios concesionarios han peleado ese cobro.

En todo caso la preocupación va más allá de los líos que puedan tener las concesiones actuales. Los proyectos de APP están apenas empezando, y esta incertidumbre jurídica no ayuda a que maduren. Más si se tiene en cuenta que entre los interesados en los nuevos proyectos están los actuales dueños de concesiones, que no están contentos con el cambio, o inversionistas extranjeros que ante todo necesitan tener unas reglas claras que no cambien de un día para otro.

Para ellos lo más difícil es que no es claro cuánto cuesta el predial de los futuros proyectos. Como ese impuesto es de los municipios y distritos, la ley sólo establece unos rangos dentro de los cuales cada concejo define cuánto cobra, que puede ser hasta de 16 por mil del avalúo predial de inmueble. Y, hasta que los concejos no definan cuánto van a cobrar en el caso de estos inmuebles, los inversionistas no pueden predecir cuánto tendrán que pagar de impuestos, que es un factor importante a la hora de definir si sí le apuestan a una APP y cómo arman su proyecto.

Por eso, según supo La Silla Vacía, entre la Agencia Nacional de Infraestructura, encargada de las APP, y el Ministerio de Hacienda se había hablado de eliminar este cobro en la futura reforma tributaria. Pero con la reforma en el congelador, por ahora el problema sigue vivo.