Ayer la Fiscal General Viviane Morales [1] anunció que será un Fiscal Antiterrorismo quien establecerá si es o no cierto que su esposo Carlos Alonso Lucio asesoró a los grupos paramilitares en Santa Fe de Ralito, como lo denunció el ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo. Si ese proceso camina al ritmo de los otros que reposan en la Unidad, pasará mucho tiempo antes de que el país conozca el resultado de dicha investigación, pues la Unidad Antiterrorismo está colapsada.
La Unidad Antiterrorismo fue creada en 2003 para investigar los casos relacionados con terrorismo, sobre todo aquellos de rebelión. La Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía fue noticia hace poco, cuando el Ejército mató [2] a alias "Alfonso Cano [3]". Un fiscal antiterrorismo fue el designado para entregar el cuerpo del líder guerrillero a su familia. Esa unidad también se encargará de examinar y valorar la información recolectada en los 24 discos duros, las 39 memorias USB y los siete computadores encontrados en la Operación Odiseo que dio con el jefe guerrillero.
Esta Unidad también maneja todos los casos de operativos del Ejército en que se han decomisado computadores, como los obtenidos en la Operación Sodoma, la acción militar que concluyó con la muerte del "Mono Jojoy". En esa operación fueron incautados veinte computadores y 60 memorias electrónicas. Y es su función extraer de allí material valioso de inteligencia para derrotar a la guerrilla.
Esas son solo algunas de las miles de investigaciones de gran importancia nacional que tiene esa Unidad. Pero la Unidad está debilitada. Aunque tiene 27 cupos, solo tiene 19 fiscales. Y varios de los que están tienen problemas de salud.
Durante noviembre, según conoció La Silla Vacía, cinco fiscales de esta Unidad fueron incapacitados por estrés, pues tiene demasiados procesos acumulados y otro está en consultas psiquiátricas.
La razón de las enfermedades, dijo una fuente a La Silla Vacía, es el exceso de trabajo. Dado que en este momento hay ocho despachos sin fiscal, sus casos los tienen que asumir el resto del equipo.
En promedio, un fiscal maneja aproximadamente 70 procesos simultáneamente. Pero en estos momentos cada fiscal antiterrorismo tiene a cargo entre tres y cuatro despachos, o sea que por lo menos está manejando 200 procesos de manera simultánea. Y no hay un asistente por fiscal sino uno por dos o tres fiscales.
Las vacantes para nuevos fiscales de esta Unidad existen y por lo menos tres de ellas han sido ocupadas. Pero los nuevos fiscales nombrados no trabajan en la Unidad Antiterrorismo sino que han sido designados para otras áreas. Casos sonados como el de Andrés Felipe Arias [4], el de los Nule, los del DAS terminan acaparando no solo la atención mediática sino también la capacidad investigadora de la Fiscalía.
Lo normal para un fiscal es tener uno o dos de los procesos a su cargo en juicio porque eso le permite avanzar en las demás investigaciones. Pero hoy cada fiscal de la Unidad Antiterrorismo puede tener hasta seis procesos en juicio simultáneamente. Con el nivel de trabajo que implica defender un caso ante el juez, ninguno de los procesos logra la atención necesaria.
Por eso, en esa Unidad se está volviendo normal que haya vencimiento de términos y la mayoría de los procesos se están adelantando sin detenidos.
Así ocurre en casos como el de Fensuagro, que tuvo gran despliegue mediático. Este es el proceso que se inició con la llamada Operación Fuerte, en la que el Ejército capturó a varias personas de esa organización agraria en el Sumapaz en febrero de 2009.
Entre los capturados estaba Juan Efraín Mendoza, ex sindicalista del sector agrario, y el guerrillero Bernardo Moreno, alias "El Negro Antonio". En este caso los detenidos fueron acusados [5]desde finales de 2009 por homicidio agravado, rebelión, intento de homicidio y concierto para delinquir con fines de terrorismo, extorsión y secuestro. Y el caso está en juicio en estos momentos. Sin embargo, con excepción [6]de “El Negro Antonio” ninguno de los demás acusados está detenido porque a todos se les vencieron los términos.
La Unidad Antiterrorismo también tiene a su cargo las investigaciones por las capturas masivas [7], que fue una de las estrategias [8]de seguridad del gobierno de Uribe más criticadas. En total, durante dos años, el Ejército y la Policía hicieron 77 capturas masivas en diferentes partes del país, como Quinchía, en Risaralda; Calamar, en Guaviare; Ovejas, en Sucre, o Chaparral, en Tolima.
Aunque en algunos de estos casos -como el de Quinchía- 67 de los 117 capturados fueron dejados en libertad dos años después por falta de pruebas, aún quedaban detenidas algunas personas sobre quienes sí había sospechas. Pero esas hoy también están en libertad porque a la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía se le vencieron los términos procesales. No dieron respuesta a las peticiones de los abogados de la defensa y por eso los detenidos fueron puestos en libertad aunque los casos siguen contra ellos.
Esos casos habían hecho que la relación de la Unidad Antiterrorismo y los organismos de inteligencia fuera estrecha, pues se colaboraban los unos con los otros.
Sin embargo, esa cooperación también se está perdiendo. La razón es que los militares no ven ningún avance en las investigaciones sobre las operaciones que realizan. Eso los desmotiva para colaborar, porque mientras ven que avanzan otras investigaciones relacionadas con los delitos contra la administración pública, no ven lo mismo con las investigaciones contra personas con nexos en la guerrilla.
Los fiscales se quejan también de que el sistema acusatorio, que rige desde 2005, exige muchos más trámites para cualquier procedimiento. Por ejemplo, en casos de interceptaciones judiciales ya no es una orden la que se debe dar como ocurría en el pasado, sino que el Fiscal debe pasar por tres o cuatro audiencias para lograr la aprobación. Son casos, por supuesto, en los que se protege a los ciudadanos, pero que en las actuales circunstancias de la Unidad Antiterrorismo hacen engorroso el avance de las investigaciones, según los funcionarios. En cambio, algunos expertos consideran que aunque este sistema exige más audiencias, al mismo tiempo otorga mucha más flexibilidad estratégica y menos formalismos para que los fiscales imputen y acusen.
Porque un tema que no suelen mencionar los fiscales, pero sí los expertos, es que en la mayoría de unidades de la Fiscalía -y la antiterrorismo no es la excepción- los fiscales carecen de una verdadera estrategia de investigación que podría hacer su trabajo mucho más efectivo sin necesariamente multiplicar el número de fiscales, que en todo caso es insuficiente.
La solicitud de nuevos nombramientos ya fue hecha por la Unidad Antiterrorismo a la Fiscal General con el argumento que los casos se están retrasando y que la situación personal y física de los fiscales es crítica. Sin embargo, la respuesta ha sido la misma: no se pueden nombrar más fiscales.
Por eso, la salida de la Fiscal Morales de asignar el caso de su esposo a un fiscal antiterrorismo suena muy valiente pero, salvo que lo vuelvan prioridad de la Unidad, este caso dormirá el sueño de los justos.
La Silla Vacía trató infructuosamente de tener la opinión de la Fiscal Morales.
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