La orden del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, de congelar la entrega de más de dos mil millones de pesos que estaban destinados para promoción y publicidad del programa Agro Ingreso Seguro, a través de Finagro, abrió de nuevo el debate sobre la verdadera destinación de los recursos que por Ley deberían llegar a los pequeños agricultores del país.

Para 2010, el presupuesto total de AIS es de 491.520 millones, dinero que en su mayoría no ha podido ser entregado, bien porque estaba destinado a completar subsidios cuestionados o porque la Fiscalía decidió congelar mientras se adelantan las investigaciones por las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la distribución de los recursos entre 2007 y 2009.

Las cuentas que dejaron los debates al gobierno de Alvaro Uribe dan cuenta de más de 150 mil millones de pesos entregados a personas ricas [1], aportantes a la campaña del referendo reeleccionista o perseguidos por la Ley y sus familias.

De eso, el Ministerio cuenta con la devolución de 15 mil millones de pesos que fueron recibidos por familias que parcelaron sus tierras y en consecuencia entregaron información falsa para beneficiarse. Sin embargo, no queda claro qué se hará con los dineros que grandes conglomerados recibieron para montar sus grandes proyectos, contando con recursos propios para hacerlo.

Por ahora, se sabe que el nombre de Agro Ingreso Seguro cambiará, pero ese será la menor de las modificaciones que tendrá el programa que creó el Gobierno para beneficiar a los pequeños y medianos agricultores y terminó por regalar recursos del Estado a grandes terratenientes.

Desde que fue nombrado como ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo defendió el espíritu del AIS y por ello dejó en claro que el programa no se eliminará, pero sí tendrá una reestructuración en su orientación y filosofía. En pocas palabras, dijo que los 500 mil millones de pesos que por ley cada año deben fluir hacia el agro, en su mayoría deben llegar a los pequeños y medianos agricultores, especialmente a quienes pertenezcan a asociaciones o cooperativas.

Aunque no están resueltos los mecanismos, es claro que la asignación de recursos se hará con nuevo criterios y con los métodos de asignación que hoy se utilizan para otros programas de crédito del sector agropecuario, lo que plantearía que la selección ya no sería realizada por el IICA.

Así es el corte de cuentas de este escándalo:

El lento avance de las investigaciones
 

La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría están investigando la presunta desviación de los recursos destinados al programa de Agro Ingreso Seguro. Puntualmente intentan establecer cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron para seleccionar a los beneficiados y así ver cómo varios subsidios terminaron en manos de un mismo grupo económico o familiar y por qué fueron beneficiadas por subsidios empresas poderosas económicamente. Además, se quiere establecer si existe alguna relación entre la escogencia de las familias y las campañas políticas [2], especialmente la del referendo reeleccionista.

En este proceso ya rindieron [3] su versión en interrogatorio ante la Fiscalía 87 personas, 41 de ellas beneficiarias de los subsidios no reembolsables, las otras eran funcionarios del Ministerio de Agricultura y las entidades adscritas que tenían alguna participación en la entrega de los subsidios.

Al interrogatorio asistieron representantes de las familias Dávila Jimeno, Fernández de Soto, Dávila Abondano, Lacouture, Vives, Pinedo, Cuello, Daza y Caballero, entre otros, que recibieron dineros del Gobierno para adelantar macroproyectos agrícolas principalmente en Magdalena. Ellos tenían que explicar por qué parcelaron sus tierras ó iniciaron proyectos simultáneos en una misma tierra, para así recibir dos o tres subsidios simultáneos.

Precisamente estas declaraciones son la mayor complicación para el funcionario de mayor rango investigado en todo este proceso de entrega de subsidios de AIS. Varias de las personas citadas dijeron que habian parcelado sus tierras por recomendación de funcionarios del Minagricultura y que, además, el ex ministro Arias había llamado a algunos de ellos para pedirles que unificaran las versiones que iban a dar ante la Fiscalía. Esto podría configurar los delitos de obstrucción a la justicia y concierto para delinquir.

El ex ministro Arias fue citado a interrogatorio el próximo 6 de septiembre. Inicialmente el llamado había sido para el 20 de agosto, pero se aplazó porque Arias estaba fuera del país.

En la diligencia, el ex ministro tendrá que responder si hubo una relación entre la entrega de los subsidios para proyectos de riego y drenaje y las campañas políticas del referendo reeleccionista. Además, le preguntarán por la entregas de subsidios en el marco de los convenios 003 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009, suscritos entre el Ministerio y el IICA. Cuando se conoció el llamado, Arias respondió que está dispuesto a entregar todas las explicaciones que se consideren pertinentes, igual que lo ha hecho ante la Procuraduría y la Contraloría.

Queda pendiente la decisión que la Fiscalía tome sobre el ex ministro Andrés Fernández.

El IICA: Se suspendió el contrato y no pasa nada

Cuando Andrés Felipe Arias era Ministro de Agricultura firmó un convenio [4] de cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) cuyo objeto era planear e implementar la convocatoria pública para los beneficiarios de riego y drenaje. Esta incluía la verificación de requisitos mínimos, la selección de las iniciativas, el cumplimiento de los acuerdos de financiamiento y la interventoría técnica, financiera, administrativa y legal de la ejecución de los proyectos.

Cuando estalló el escándalo de Agro Ingreso Seguro, la posición del entonces Ministro Andrés Fernandez fue culpar al IICA de los abusos cometidos, y para ello, expidió la Resolución 191 de 2010 declarando el incumplimiento del convenio por parte de la entidad internacional. Haciendo valer la cláusula penal del convenio de cooperación, el Ministerio tasó los perjuicios en 14 mil millones de pesos con el fin de que la aseguradora hiciera efectiva la póliza.

El Ministerio también solicitó ante el IICA en Costa Rica que le levantaran la inmunidad al anterior director Jorge Andrés Caro, el funcionario chileno que firmó el convenio, para investigarlo.

El IICA no levantó la inmunidad del director alegando que todas sus obligaciones en el proyecto se habían cumplido a cabalidad, menos los 33 proyectos que el Ministerio había solicitad suspender. Y que tan era así, que en el 2009, el Ministerio volvió a celebrar otro convenio con el IICA con el mismo propósito. En todo caso, el Ministerio no siguió el procedimiento adecuado para solicitar el levantamiento de la inmunidad que era a través de la Cancillería. Y tampoco convocó al Tribunal de Arbitramento definido en el Convenio como la instancia para la resolución de los conflictos.

Así las cosas, ni la aseguradora Confianza S.A. ha pagado la póliza, ni se ha convocado la instancia judicial para dirimir el conflicto, ni el gobierno le ha contestado al IICA qué hacer con la plata –de los contribuyentes colombianos- que se lleva pagando por concepto de administración a la fiducia donde está la plata del convenio firmado en 2009 y suspendido por el Ministro de Agricultura cuando estalló el escándalo. El ex director Caro sigue trabajando en Colombia, aunque ya no como Director.  

Hacia el largo camino de la expropiación

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo hoy que ni uno de los 15 mil millones de pesos que algunas familias y grupos económicos recibieron por concepto de subsidios de Agro Ingreso Seguro, después de fragmentar sus tierras, han sido devueltos.

Desde hace un año, después de que estalló el escándalo, el ex presidente Álvaro Uribe pidió a esas familias que devolvieran el dinero destinado a programas de riego y drenaje y entregado a 13 parcelaciones que fueron duplicadas o triplicadas, pero hasta ahora no se ha logrado respuesta.

El Ministerio de Agricultura está adelantando un proceso de conciliación con esas familias, con la mediación de la Procuraduría, como lo ordena la Ley, pero si no se logra acuerdo el Gobierno tiene planeado aplicar las acciones judiciales necesarias para recobrar el dinero.

Mientras tanto, la Fiscalía ya logró congelar el desembolso de cerca de nueve mil millones de pesos que corresponden al 60 por ciento que faltaba por entregar de 20 proyectos de riego y drenaje.

La parcelación de las tierras se conoció por una investigación [5]de la revista Cambio que reveló que algunas familias pudientes del Magdalena habían parcelado sus fincas para recibir varios subsidios simultáneamente.

También se daba el caso en que utilizaban la forma como estaban redactados los requisitos para recibir el subsidio y creaban varios proyectos en una misma finca, con lo cual eran beneficiados por un subsidio por proyecto. Ese fue el caso de la familia Vives Jimeno, que creo varios proyectos “Campo Grande” y así fue varias veces beneficiario.

El Ministro Restrepo logró también suspender una partida de Finagro por 2.115 millones de pesos que se venía ejecutando para hacer promocion y relaciones públicas al programa de Agro Ingreso Seguro y que fue revelada [6]el viernes pasado por el diario El Heraldo.

Finagro respondió que no es cierto que haya existido una feria de contratos ni beneficios politiqueros. Sin embargo, para curarse en salud, el Ministro ordenó congelar esos gastos. “Los programas del Gobierno deben venderse por sí solos”, dijo Restrepo.