Álvaro Uribe llegó a la Presidencia de Colombia en 2002. Y pese a asegurar en la campaña que lo llevó ese año a la Casa de Nariño que no estaba de acuerdo con la reelección inmediata, pasados algunos meses como Presidente cambió de parecer.
El ex Presidente Uribe llegó al poder como candidato independiente. Pese a haber militado en las filas del Partido Liberal durante su vida política, tomó la decisión de separarse de la colectividad cuando sintió que no tenía suficientes garantías para competir contra Horacio Serpa y ser elegido candidato de los rojos a la Presidencia. En esa primera campaña, como ocurriría posteriormente, Uribe contó con el apoyo del Partido Conservador y algunos dirigentes liberales.
Aunque en diversos sectores la figura de Álvaro Uribe ya generaba controversia, al haber recibido financiación durante su campaña de personajes como Enilse López, La Gata, por la ley de Justicia y Paz que impulsó como método para conseguir la desmovilización de los paramilitares, y por el apoyo recibido por diversos políticos posteriormente vinculados a investigaciones por nexos con la AUC, entre otros hechos, como mandatario Uribe logró mantenerse en el tope de la popularidad
Por ello, la mayoría de los votantes vieron con buenos ojos que el entonces mandatario y sus seguidores decidieran impulsar una reforma constitucional que le permitiera ser reelegido de manera inmediata como Presidente de Colombia. Lo cual finalmente ocurrió, cuando alcanzó el 62.35% total de la votación, es decir 7.397.835 votos. Casi dos millones más de los que había conseguido en 2002 (5.862.655 votos).
La reelección de Uribe no solo se convirtió en un hecho histórico por haber, de alguna manera, destruido el temor de los colombianos a las consecuencias de una reelección inmediata, sino por los hechos polémicos que la rodearon y que aún hoy son investigados por la justicia.
El primero de ellos fue el sorpresivo cambio del voto de Yidis Medina, durante la aprobación de la reforma de la Constitución en el Congreso. Medina, quien siempre sostuvo que votaría en contra de la posible reelección, finalmente votó a favor. Lo mismo sucedió con Teodolindo Avendaño, quien pese a no votar a favor, se ausentó del recinto para no votar en contra. Estos hechos, denunciados por otros congresistas como Germán Navas Talero, condujeron a lo que se ha llamado la Yidispolítica. Un escándalo en el que dos ex ministros de Álvaro Uribe, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, aparecen relacionados, al haber sido señalados de ofrecer dádivas a los dos congresistas para que dieran curso a la reelección de Álvaro Uribe.
Yidis Medina, aún se encuentra detenida por estos hechos, al haber sido acusada de cohecho. Aunque el procurador Alejandro Ordóñez en primera instancia declaró inocentes a los entonces miembros del gabinete uribista, han vuelto a ser vinculados al proceso. Sabas Pretelt por lo ocurrido con Medina y Palacio por el caso de Avendaño.
Teodolindo Avendaño, quien ya fue condenado por cohecho, ahora se enfrenta en la Fiscalía a un nuevo cargo: falsedad ideológica en documento público. Pues, el organismo encontró que había falsificado algunos recibos para ocultar la procedencia de los dineros entregado por Medina como resultado del rendimiento de la Notaría que les fue entregada como dádiva por apoyar la reelección.
Pero el tema de las notarías no para en Avendaño y de allí se desprende el segundo escándalo de la reelección. A principios de 2009, el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, acusó a 38 senadores y representantes de haber recibido notarías como retribución a su apoyo a la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe.
Según lo dicho por Cuello Baute, las notarías fueron adjudicadas entre 2003 y 2005 y su entrega fue ordenada por funcionarios del Gobierno.
Entre los señalados por Cuello Baute estaba Alirio Villamizar, Senador de Santander, que ya se encuentra detenido en la cárcel La Picota por esos hechos. Los demás involucrados están siendo investigados e incluso la Fiscalía adelanta una investigación en contra de Tomás Uribe, hijo del mandatario, por la aparente entrega de una notaría en Tunja.
Para rememorar este hecho, no seleccionamos ni una copia de la Constitución del 91, ni el listado de implicados en los escándalos, ni una imagen de la segunda posesión de Uribe Vélez. Como objeto simbólico decidimos incluir una caricatura realizada por Vladdo en 2004, en la que no solo hace referencia a la próxima reelección de Uribe, sino al tipo de lenguaje religioso que se empleó en algunas vallas de sus campaña.