Aunque muchos recuerdan la presidencia de Turbay Ayala, 1978 a 1982, por asuntos como la toma de la Embajada de República Dominicana por parte del M-19 y sus exitosas negociaciones para salir de la crisis, por los millones de chistes inspirados en su forma de hablar y por algunas de sus declaraciones (como la famosa “reduciré la corrupción a sus justas proporciones), realmente el gobierno de Turbay tiene un sello indeleble que lo identificará por siempre: la expedición del Estatuto de Seguridad.
El 6 de septiembre de 1978, un mes después de la llegada de Turbay a la Casa de Nariño, el entonces Ministro de Gobierno, Germán Zea Hernández, le informó al país la aparición de un duro régimen de seguridad, conocido como el Decreto 1.923 o Estatuto de Seguridad. Según las palabras de Zea el propósito era “defender las instituciones democráticas, hoy asediadas por serios peligros, y defender a los asociados de toda clase de acechanzas para lograr una patria donde se viva en paz”.
Hasta que fue derogado en 1982, el Estatuto, que fue promulgado bajo el amparo del declarado Estado de Sitio, se convirtió en uno de los temas que más polarizó al país y que más críticas recibió de parte de los defensores de derechos humanos. El Decreto concedió facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares y estableció una serie de medidas represivas con el fin de desarticular los grupos guerrilleros en Colombia.
Entre las medidas más recordadas están la restricción a la información de orden público en radio y televisión y el que los acusados por delitos de extorsión y alzamiento de armas, entre otros, fueran juzgados por la justicia penal militar en consejos verbales de guerra. Aún hoy muchos hablan sobre el famoso decreto como una puerta abierta a la violación de los derechos fundamentales y como el causante de múltiples torturas y desapariciones. Además de la razón para que varios intelectuales colombianos decidieran abandonar el país, ante la persecución del Estado.