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Jueves Diciembre 02, 2021

Colombia Civil

Después de la barbarie del conflicto armado, hay que reconstruir un horizonte de civilidad.

Profesor Asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Se desempeña actualmente como director del Centro de Estudios Sociales. Es también Faculty Fellow del Center for Cultural Sociology en Yale University y Fellow del Indo-Pacific Governance Research Centre de la University of Adelaide.

Sus intereses se enfocan principalmente en la sociología cultural, la sociología económica, y en particular sobre las relaciones entre sociedad civil y mercado, así como en la sociología cultural de la violencia. Sus publicaciones más recientes incluyen un libro publicado en 2012 en Nueva York con Palgrave-Macmillan sobre la influencia de la cultura sobre el funcionamiento de las instituciones monetarias (Central Bank Independence: Cultural Codes and Symbolic Performance) y otro libro editado por él que saldrá en 2015 con Harvard University y con la Universidad Nacional de Colombia sobre el papel de las prácticas creativas en las políticas públicas (Cultural Agents Reloaded: The Legacy of Antanas Mockus)

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Por: Mauricio García Villegas

 

Hace unas tres décadas buena parte de los servicios públicos eran prestados por el Estado. Así ocurría con la salud, el correo y las telecomunicaciones. Cuando el servicio era malo (lo cual ocurría con frecuencia) la gente protestaba ante el gobierno y a veces, cuando las protestas eran muchas, el asunto se politizaba y era objeto de debate público. Esas protestas y esos debates condujeron, a la postre, a la privatización de esos servicios. Hoy, luego de varias décadas de experiencia con el nuevo modelo privado, las cosas no parecen haber mejorado sustancialmente. La voracidad rentística de los intereses privados y la débil capacidad del Estado para controlarlos han creado una situación que es similar a la anterior.

Una de las cosas que ha empeorado es la dificultad para politizar los reclamos por el mal servicio. El hecho de que no haya un solo responsable (como lo era el Estado antes) sino muchas empresas, cuyas cabezas son casi invisibles debido a que son parte de emporios multinacionales, dificultan la movilización ciudadana.  A esto se agrega el hecho de que el servicio que prestan no siempre es visto por los usuarios como un servicio público.

El ejemplo más patente de lo que digo puede verse por estos días con la empresa Claro, cuyo servicio se ha ido deteriorando a tal punto que incluso el presidente de la República se quejó públicamente por la mala calidad de las llamadas.

Pero la privatización no solo dificulta la movilización ciudadana, sino que cuando ella ocurre desencadena una reacción despótica por parte de la empresa privada. Ante la protestas de los usuarios a través de las redes sociales, Claro decidió demandar a quienes organizaban dicha protesta. Esta reacción arrogante es propia de un poder autoritario que ve a sus críticos como enemigos y que no se relaciona con ellos a través del diálogo sino del derecho penal. El Estado que prestaba antes los servicios públicos era ineficiente, pero al menos se comportaba decentemente frente a la protesta. Claro, en cambio, no solo es ineficiente sino que se comporta como un burdo poder despótico.

En efecto, para darle mayor peso publicitario a su demanda contra los usuarios descontentos, la empresa contrató al abogado Augusto Ibáñez, ex presidente de la Corte Suprema, quien ha salido por los medios, con todo el peso de su imagen mediática, a desconocer los derechos ciudadanos, los mismos que como magistrado estuvo encargado de proteger. El asunto no solo habla mal de la dignidad de Ibáñez, sino de la de Claro, una empresa que subestima el carácter de servicio público de su oficio.

En síntesis, Claro pretende obtener todos los beneficios (económicos) que se derivan de prestar un servicio público, sin asumir ninguno de los costos (sociales y políticos) de tal empresa.

La empresa Claro es un súper poder mundial (su dueño era hasta hace poco la persona más rica del mundo) concebido para ganar dinero, no más. Los usuarios de Claro (no solo en Colombia) debemos tener presente el hecho de que solo nosotros podemos defendernos de semejante súper-poder. No podemos contar con el Gobierno, el cual, o bien se arrodilla ante semejante poderío o bien no tiene la capacidad para controlarlo y ponerlo en cintura. La gran mayoría de los medios de comunicación, por su parte, se quedan callados ante los abusos debido a que temen perder el dinero que reciben de Claro por la venta de publicidad. Así las cosas, lo único que nos puede defender es la movilización ciudadana. Solo eso los puede hacer cambiar de actitud. Por eso nos demandan cuando criticamos el servicio.

Así pues, tenemos que estar muy atentos frente a los intentos atrabiliarios de los abogados de Claro que pretenden criminalizar la protesta. 

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2013-07-20 15:43

señores e tenido dificultades con varios servicios Públicos domiciliarios, siempre estas empresas se van al limite sobre todo en cobros de la facturación, algunas veces se a ganado el pronunciamiento hay veces no sabe uno donde quejarse, que hacer y como actuar, en este Pueblo del Norte del Valle hicimos una protesta contra ACUAVALLE y la EPSA, no se supo quien o quienes mataron dos lideres de las protestas desde esos años a lo acaecido no se volvieron a dar dichas protestas, estamos ante el terror de las multinacionales de servicios Públicos.

Dom, 2013-06-02 09:29

El tema de los POT, donde algunos gobiernos locales impiden o dificultan la instalacion de infraestructura de comunicaciones tiene su trasfondo. Al pais llego una empresa centroamericana, COLLOCATION, que maneja las torres en centroamerica a cambio de "regalos y espejitos" para las municipalidades; ya empezaron a hacer convenios en Barrancabermeja, Neiva, Armenia, Soacha, etc. Los operadores ya contratan con ellos el arriendo de torres donde colocar sus antenas y no tienen que lidiar con alcalduchos....investiguelo y lo confirma...

Mar, 2013-05-28 11:12

Hay una impresición en el artículo. El presidente de la República se quejó de la telefonía en términos generales y no de una compañía en específico. De hecho, un tweet de Vladdo, periodista respetado, confirmó que el celular del presidente es Movistar.

Una cosa adicional: nadie se ha preguntado por qué el gobierno no ha hecho nada con los operadores ante tanta queja de los usuarios? La respuesta es que el gobierno también tiene responsabilidad en el problema que a hoy tenemos los usuarios de telefonía celular. Los POT no permiten instalar antenas y desplegar la infraestructura necesaria, los alcaldes piden plata por dejar hacerlo, las comunidades creen más en mails cadena de Internet que en lo que dice la OMS, y por último, Colombia tiene la más baja repartición de espectro en el mundo. Eso quiere decir que a hoy, que hay más celulares que colombianos, tenemos que navegar por menos ancho de banda que países con condiciones similares y casi el doble de espectro.

Falta investigación.

Mar, 2013-05-21 08:31

La privatización clientelista y semifeudal que ocurrió desde las directivas sindicales anquilosadas o estafadoras con un discurso de izquierda tenía el sello del atraso y de la ineficacia; la privatización que impulsó Gaviria y que se ha continuado con mayor tesón en los gobiernos de SAMPER, ANDRÉS PASTRANA y ÁLVARO URIBE VÉLEZ en íntima ligazon con los grandes monopolios nacionales y respondiendo a los requerimientos económicos de las transnacionales, por supuesto que también es despotismo. Todos los esfuerzos que recientemente se han hecho y las reformas que se proponen buscan armonizar las políticas, los proyectos y los planes del Estado con ese gran capital. Por ello, CLARO se expresa de ese modo. Lo del ex-Magistrado IBAÑEZ no habla bien de la decencia de las Cortes. Pero lo más bochornoso es que las propuestas de enriquecimiento fácil se concreten en cederle el espectro electromagnético a un operador de telefonía móvil que cambia su razón social para atropellar de la peor y vulgar manera a los usuarios y cada vez más atropellados resultan si los planes de sus servicios son más amplios. De COMCEL a CLARO se da el cambio de la ignominia a la perversión de la torcida ética que caracteriza la insolencia de los grandes potentados del capital.

Mar, 2013-05-21 08:31

La privatización clientelista y semifeudal que ocurrió desde las directivas sindicales anquilosadas o estafadoras con un discurso de izquierda tenía el sello del atraso y de la ineficacia; la privatización que impulsó Gaviria y que se ha continuado con mayor tesón en los gobiernos de SAMPER, ANDRÉS PASTRANA y ÁLVARO URIBE VÉLEZ en íntima ligazon con los grandes monopolios nacionales y respondiendo a los requerimientos económicos de las transnacionales, por supuesto que también es despotismo. Todos los esfuerzos que recientemente se han hecho y las reformas que se proponen buscan armonizar las políticas, los proyectos y los planes del Estado con ese gran capital. Por ello, CLARO se expresa de ese modo. Lo del ex-Magistrado IBAÑEZ no habla bien de la decencia de las Cortes. Pero lo más bochornoso es que las propuestas de enriquecimiento fácil se concreten en cederle el espectro electromagnético a un operador de telefonía móvil que cambia su razón social para atropellar de la peor y vulgar manera a los usuarios y cada vez más atropellados resultan si los planes de sus servicios son más amplios. De COMCEL a CLARO se da el cambio de la ignominia a la perversión de la torcida ética que caracteriza la insolencia de los grandes potentados del capital.

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