Este hecho fue dado a conocer el 8 de mayo pasado por Guillermo Asprilla en el programa Semana en vivo, que presenta María Jimena Duzán, en un debate en el que estaba también Miguel Gómez, y enseguida se armó la polémica. Algunos consideran que es ilegal que el alcalde y su equipo tengan acceso a las firmas pues estas deben ser secretas, como lo es el voto. De hecho, ayer Rafael Guarín y Óscar Ortíz, ambos exfuncionarios de Uribe, le pidieron a la Procuraduría determinar si Petro, Asprilla y la Registraduría violaron la ley de datos personales. Otros se preguntan si Petro aprovechará esta base de datos para tomar represalias contra los firmantes, en caso de que sean funcionarios o de que aspiren a ser contratados por el Distrito.

El Registrador Carlos Ariel Sánchez no se puede pronunciar porque sería la segunda instancia en caso de que alguien apele a la decisión que tome la entidad sobre las firmas, pero una fuente cercana a él le dijo a La Silla que están convencidos de que la entrega del CD es legal. De hecho no es la primera vez que la Registraduría entrega formularios de revocatoria escaneados vía derecho de petición.

La Silla también consultó a dos expertos en temas electorales y de datos personales y estos coincidieron en que, por ser una petición pública, las firmas son información pública, pero reconocieron que hay una potencial discriminación pues existe la posibilidad de que estos datos sean usados en contra de los firmantes. En este caso hay una duda jurídica pues la Ley de Habeas Data (de protección de datos) no tiene ninguna consideración especial en los casos de las firmas para revocatoria y hasta ahora no hay jurisprudencia sobre el punto. Por eso seguramente la última palabra la tendrán la Procuraduría y la justicia.

El alcalde y su equipo han aprovechado que conocen las firmas para revelar irregularidades como que aparecen firmando Gustavo Petro y algunos superhéroes. Incluso contaron que el 80 por ciento de 40 mil firmas que han revisado no cumplen los requisitos legales. Sin embargo en los procesos de firmas es usual que haya bromistas o saboteadores firmando con curiosos nombres y no es extraño que firmen hasta los muertos, lo cual sí es un delito. Esto le ocurrió incluso al mismo Petro con las firmas con las que se presentó a la Alcaldía, como lo contó La Silla, pues en sus planillas aparecieron firmando 11 muertos. En cualquier caso, la certificación final no la da la administración sino la Registraduría.

Miguel Gómez radicó 641.707 firmas y necesita que 289.263 sean válidas para que se convoque al referendo revocatorio.  

La Silla conoció la contabilidad de los gastos de Gómez y ahí se indica que, a corte de marzo, gastó 125 millones de pesos en la recolección de las firmas, unos recursos que -según el representante- aportó la Fundación Democracia y Libertad que maneja su familia.

En uno de sus ganchos, Petro le pidió vía derecho de petición a la Registraduría -que a su vez envió la petición al Consejo Nacional Electoral (CNE)- las cuentas de Miguel Gómez. Pero el CNE respondió que no tiene aún la potestad de auditar dichos datos y que para el caso de las revocatorias sólo puede hacerlo desde el momento en el que la Registraduría avala las firmas y fija la fecha de la votación.

Gómez le está respondiendo a Petro con otro derecho de petición: uno para que el alcalde diga con qué recursos está financiando la revisión de las firmas. Eso luego de que la concejal Clara Lucía Sandoval denunciara que la revisión la están haciendo contratistas del Distrito. Sin embargo, según un alto funcionario de la administración, ésta se está haciendo con donaciones de amigos Progresistas y no con recursos públicos. 

Y ambos lados tienen la razón: eso de que el proyecto progresista desde la Alcaldía de Bogotá es llevar a Petro a la Presidencia se lo dijo a La Silla Álex Vernot, hombre cercano al mandatario, y lo reiteró recientemente el nuevo secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo. Por el lado de Gómez, es apenas normal que un político joven como él quiera aspirar de nuevo a un cargo público y que su idea de revocar a Petro tenga una intención política. De hecho, el representante reconoció ayer que nunca en su vida había sido tan popular. Sin embargo, por ahora no puede aspirar a la Alcaldía de Bogotá pues está inhabilitado por ser representante a la Cámara por Bogotá, según dijo, aunque en realidad si renuncia a tiempo y hay revocatoria sí podría lanzarse.

En la entidad saben que tendrán que argumentar muy bien la decisión que manifiesten los registradores distritales en una resolución que, si no sale mañana, saldrá en un mes. Decisión que en cualquier caso puede ser apelada ante el Registrador Nacional. 

Gómez ha dicho que su hermano Enrique y su firma de abogados representan al Distrito en un caso de Doña Juana (también curiosamente uno de los temas que más interesan a Guillermo Asprilla) y que él tiene que “ganarse la vida”.

La situación está siendo aprovechada por ambas partes, pues mientras el alcalde hace bulla con el tema, Gómez asegura que lo más probable es que a su hermano no le vuelvan a contratar.