Luis Jorge Garay estuvo en el país presentando su libro Redes Ilícitas y reconfiguración de Estados, uno de cuyos capítulos es sobre Colombia. Fotos: Juan Pablo Pino

Luis Jorge Garay se ha aproximado a la criminalidad y la corrupción en Colombia desde un enfoque muy diferente al tradicional. Primero, abordó el concepto de la captura del Estado, para analizar cómo los grupos de poder aprovechaban su influencia para lograr leyes y regulaciones a favor suyo y no del interés general. Después, comenzó a aplicarlo para analizar cómo los grupos ilegales habían capturado el Estado y comenzado a reconfigurarlo.

En su último libro, Redes Ilícitas y Reconfiguración del Estado, usando la metodología de análisis de redes, profundiza ya en casos concretos de captura del Estado. Analiza específicamente la toma del Congreso y la penetración del DAS por parte de los narcoparamilitares durante el primer gobierno de Uribe.  Para eso utilizó casos ya judicializados en Justicia y Paz. El conocimiento que Garay ha acumulado es uno de los marcos teóricos para la nueva aproximación de la Fiscalía de Eduardo Montealegre al concepto de "macrocriminalidad".  

Su tesis es que hay que entender que las organizaciones criminales actúan en forma de red y que estas redes están constituídas por unos criminales pero también por unas personas que operan en la legalidad, que son "gente divinamente" pero que sirven de puente entre ese mundo ilegal y el Estado y las empresas que operan a la luz del día. Y que si esos enlaces entre ambos mundos no se identifican y se castigan, de poco servirá que la Fuerza Pública capture un capo todas las semanas, pues la estructura criminal se reproducirá.

La Silla Vacía: ¿Por qué es importante usar el análisis de redes para comprender lo que sucedió en los últimos años con la reconfiguración del Estado desde adentro por parte del narcoparamilitarismo?

Se parte de un principio básico criminológico: las nuevas redes ya no son estructuras jerárquicas como lo fue el Cartel de Pablo Escobar, sino estructuras cada vez mas especializadas horizontalmente en red, con campos de especialización, puentes estructurales que conectan los sectores ilegales y los “grises” que están en la legalidad y son cruciales para el funcionamiento de las redes ilícitas transnacionales y para su reproducción. Ser una estructura más horizontal y flexible, hace a estas organizaciones más resilientes ante choques tanto internos como externos. 

¿Quién sería un agente gris?

Un banquero o un cambista que se dedica a lavar dinero a la criminalidad dentro de sus actividades legales. Un militar que, en vez de atacar al criminal, le permite actuar en el territorio. Un agente del Das, o el director, que en vez de perseguir a los criminales filtra información para permitirles tener acciones más tranquilas. Un congresista que mediante un acuerdo político con la criminalidad busca tramitar proyectos de ley para favorecerlos. El accionar de los actores grises que una vez juzgados se vuelven criminales es esencial para entender la criminalidad. 

¿Cómo cambia esto la concepción tradicional del derecho penal?

La concepción tradicional penal se enfoca en un victimario, o un ilegal, que comete un hecho delictivo en contra de la víctima. Cuando el enfoque es a partir de las redes, cada vez se vuelve más importante entender las acciones legales o grises para ese funcionamiento. Ya no todas la relaciones de la red son criminales; en apariencia son legales, pero si se enmarcan en el contexto para el cual se cometieron se entiende que son ilegales. No es lo mismo tener un acuerdo político para favorecer intereses criminales que un acuerdo para sacar adelante un objetivo de interés común. Lo importante es el contexto.

Usted estudió la red asociada al jefe paramilitar Jorge 40. ¿Qué fue lo más interesante que encontró?

Dentro de toda la documentación judicial y procesal de Jorge 40, un dato revelador era que había sustituído parcialmente instancias del Estado. Firmaba los convenios que establecía con agentes grises en el mundo empresarial, político o de funcionarios públicos. Eran acuerdos para el manejo de parte de los recursos del sistema general de preferencias. Acuerdos para asignar la contratación pública a empresas que contaban con su aval, o para transferir dinero de regalías a estas organizaciones. Había un nivel de institucionalización de relaciones entre lo gris, lo legal y lo abiertamente criminal.

En segundo elemento es que en el caso de Jorge 40 se encontró que la captura del Estado fue de lo local hacia arriba. Llegó a su máxima expresión con la captura de parte del legislativo y parte del Das. No está judicializado hasta donde llegó en el sistema judicial.

Lo tercero que es interesante es la complejidad del entramado de las subredes. En lo político, estaba el senador Álvaro García, que se encargaba de las relaciones con los políticos del nivel local, regional y nacional, con alcaldes, concejales, en siete departamentos de la Costa Atlántica. La complejidad de las relaciones entre Jorge 40 y multiplicidad de agentes de la red casi no se ve en otros casos.

¿Qué explica que Jorge 40 tuviera relaciones directas con tantos agentes en las redes?

La única explicación es que Mancuso y Jorge 40 todavía tenían una respetabilidad social en sus regiones gracias a su origen social, cosa que no tuvo, por ejemplo, Martin Llanos, que era hijo de un abierto criminal y no tenía capacidad de interactuar directamente con la institucionalidad.  Tenía que hacerlo a través de la alcaldesa de Monterrey.

Esto significa que si Jorge 40 hablara se podría desarticular realmente la red que giraba alrededor suyo

Ese es un punto crucial. Una vez la captura avanza tanto que compromete incluso instancias de instituciones, el desmonte de estas redes es muy difícil porque ya existe un capital social perverso y una institucionalización. Ahí viene un tema que es crucial, que es la nueva visión de inteligencia y seguridad. No basta con abatir o capturar a los grandes criminales. Si no se desmontan simultáneamente los puentes estructurales de las zonas grises ese capital social continúa intocado y se coloca al mejor postor y eso es lo más perverso. Toca desvertebrar todo el esquema social e institucional gris y supuestamente legal.

¿Se logró algo de eso en Justicia y Paz?

El proceso en Justicia y Paz tuvo un elemento muy importante y es que los fiscales lograron ubicar muy rápidamente que lo político formal era muy importante. Antes no había precedente de esto. Ellos proveyeron información crucial a la Corte Suprema que fue muy importante para la investigación de casi el 30 por ciento del Congreso.

El problema es que al tener que cambiar la perspectiva penal tradicional, los fiscales se concentraron en los hechos de criminalización pura, tradicionales, que son claves: quién mató a quién. Pero no entraron a estudiar otro tipo de relaciones que son determinantes como las de financiación. Es muy poco lo que se avanzó porque los capos no han querido sino hablar sobre victimización.

¿Por qué cree que no hablan de los financiadores?

El que mas habló fue Hazbun, que dio una lista de 400 empresas, pero en general no han hablado de financiación de empresarios sino solo de narcotraficantes y hubo muchos financiadores que no eran narcotraficantes. Algunas razones es que hay todavia unas relaciones existentes y que esos agentes grises son poderosos. Pensando que van a ser liberados con penas débiles en Estados Unidos y vuelven a Colombia les conviene mantener ciertas relaciones con estructuras de poder gris o legal.

Con los militares igual, no han involucrado a muchos militares pese a que varios agentes participaron directa e indirectamente. Han hablado mucho de exmilitares ya muertos. Con los políticos igual. Lo de los políticos se supo fue porque se descubrió el Pacto de Ralito porque ahí estaban las firmas. Ninguno habló de eso en un principio. Han tenido una posición estratégica.

¿Eso explica que extraditen a 12 capos y que esto no haya tenido un impacto sobre el negocio?

Es porque hay una zona gris y supuestamente legal muy poderosa que acumula el poder capital perverso. Son las que permiten la reproducción. Muchos hablan de las fuerzas oscuras pero no se trata solo de eso. Son agentes claves que están en la legalizdad.

¿Quiénes eran los agentes grises en la red de Jorge 40?

Álvaro García Romero, Dieb Maloof, Salvador Arana y otros congresistas. También está el caso de Jorge Noguera y el del “ventilador del Das”, que  muestra una subred de inteligencia. No sabemos nada de empresarios, muy poco de militares, muy poco de hacendados y de terratenientes. Lo van a sacar de Justicia y Paz porque no ha dicho nada. Es para volver al país sin que tenga enemigos claros. Mancuso tuvo contradicciones por presiones sobre familiares y hablaron muy poco. Parece una estrategia coordinada de presionar un poco al Establecimiento involucrado al decir ‘vamos a hablar mas’ pero siempre esperando no tener una confrontación directa a la espera de tener un mejor futuro para ellos.

Cambiando un poco el foco, ¿qué implicaciones tiene para el proceso de paz que también sea una red criminal?

Mi opinión es que en las Farc hay todavía una cúpula política con unos regimientos que mal que bien están bajo su control y comprometidos en un proceso de negociación y que quieren una participación política en el futuro en el país. Hay que apoyar el proceso de negociación. Pero eso no va a desactivar el conflicto tradicional.

¿Por qué?

No podemos saber qué porcentaje de la guerrilla está involucrado en actividades abiertamente ilegales en asocio táctico con las Bacrim. Y crecientemente hay información de inteligencia y de la Fiscalía sobre su relación con organizaciones poderosas como el Cartel de Sinaloa, alrededor no solo del narcotráfico, sino que están integrando mercados ilegales, como la minería criminal. Un subgrupo de las Farc está involucrado en este proceso. ¿Qué porcentaje? No sabemos, pero es un grupo poderoso.

Llama la atención que las Farc en un principio tuvieron relaciones con Eta y con la organización mafiosa italiana 'Ndrangheta, con las que había intercambio de explosivos y armas por cocaína. Eso está en fallos y sentencias en Italia y España. Pero más recientemente, hay actividad creciente con otros mercados como el coltán. No está judicializado. Hay información sobre relaciones de las Farc alrededor de oro en Antioquia con el Cartel de Sinaloa y con los Rastrojos.

¿Tiene sentido una negociación con las Farc sin que entreguen toda su red criminal?

Uno de los puntos de la agenda es el desmonte del narcotráfico. Pero no solo es importante el desmonte del narcotráfico sino de todos los mercados ilegales en los que están involucrados. La duda es qué tanto la cúpula de las Farc conoce lo que estan haciendo en la región.  Tengo mis serias dudas de que tengan conocimiento. Uno de los objetivos de la negociación es que develen cómo parte de la estructura está involucrada en el negocio. Pero ellos no lo aceptan, es un tema muy crucial en la negociación. La preocupación es que si no se avanza en ese sentido, ese porcentaje va a seguir como una organización transnacional ilícita en la región con carteles internacionales. Hay evidencia de que cada vez hay más italianos en Colombia.

¿Si?

Hace poco arrestaron seis capos italianos en Colombia. Estan teniendo que venir a negociar directamente el envío de droga a Italia, a través de África, y no sabemos el hueco negro de Venezuela. Esto se ha transnacionalizado. Y no solo es coca. En el libro que hemos hecho con Mejico, sobre la Familia Michoacana, hay un caso muy famoso de un comerciante joven chino que se instaló en el DF y tenía negocios en Miami. A veces los carteles que se matan en el territorio llegaban donde este chino, para mandar coltán y pactar el lavado de dinero en China, que es muy laxo para lavado de capitales. Se usaba parte de ese dinero para importar sustancias claves para drogas sintéticas que son fabricadas por el Cartel de Sinaloa. Era una triangulación perfecta. Al chino le encontraron en su casa 200 millones de dólares en billetes. Esta en Maryland en la cárcel. Eso demuestra en que nivel estamos.

¿Cuáles son esos nuevos mercados que están integrando las redes criminales?

El de coltán es un mercado super valorado. El oro es el mejor artículo, porque no solo tienen ganancias sino que lo lavan todo. El oro es una moneda patrón, lo exportan, lo sobrefacturan, y logran una legalización perfecta.

¿Cómo opera este mercado criminal del oro?

Si uno logra tener poder territorial, puede entrar y explorar oro fácilmente. Requerirá ingenieros, los grises y los legales. En el territorio se apropian del subsuelo como antes se apropiaron del suelo. Por eso es mi miedo es que, dadas las condiciones de Colombia, donde no se sabe ni qué se exporta ni a cuánto, se pueda desarrollar una mineria criminal a favor de organizaciones ilícitas transnacionales. 

¿Usted es partidario de congelar la explotación minera?

Se debería hacer una moratoria en zonas de conflicto y de restitución de tierras. ¿Qué se va a restitur si debajo hay una licencia minera? Hay que seguir la moratoria mientras entendemos esto. En algunas zonas, incluso tenemos que estudiar revertir licencias mineras. Eso le va a costar mucho al Estado, porque hay derechos adquiridos.

¿Hay alguna forma de desarticular estas redes?

La decisión de la Fiscalía colombiana de crear una unidad de macrocriminalidad va en el sentido correcto. Implica una nueva tecnología de investigación, una transversalidad en la investigación y una tecnificación en el análisis de los casos. Porque Colombia no puede seguir sin analizar la macrocriminalidad. No es garantía de que se va a desmontar pero es un avance importante.

Las redes ilicitas se caracterizan por la integración de mercados de carácter cada vez mas transnacional. Por eso se necesita abordarlos de manera transnacional. Es muy complejo, aunque se está avanzando. Por ejemplo, en el marco de la OEA se han firmado convenios para compartir información. Sin la unión y sin unas normas armonizables entre países claves es imposible. 

¿Qué impacto tendría sobre la macrocriminalidad si se legalizan los cultivos ilícitos?

Infortunadamente en la medida en que se han integrado multiplicidad de mercados, y la cocaína va perdiendo peso, y la van ganando otros mercados, esa despenalización o descriminalización va a tener una menor efectividad en las redes poderosas, porque tienen otro capital social que permite sustituir ese mercado.

¿O sea que el “activo” no es el producto sino el canal?

El canal es clave y el entramado de lo gris y lo legal.
 

¿Qué cuota de responsabilidad le cabe al sector financiero como agentes grises en esta macrocriminalidad?

Es un sector que está en el punto de mira de las organizaciones macrocriminales para lavar activos, diversificar portafolios, pero también lo hacen a través de la creación de empresas. No es solo el sector bancario. Esto implica que sectores clave adquieran una conciencia de tener un código ético para combatir la criminalidad organizada.

¿Hay algún ejemplo de eso?

El Código Ético Empresarial Antimafia en Sicilia establece que cuando hay una sospecha fundada de que una empresa está asociada con dineros ilegales es expulsada del equivalente de la Andi. Y se le prohibe a cualquier otra empresa tener relaciones con esa empresa.  Es una sanción social y moral. Eso se empezó a aplicar hace dos años en Sicilia, y ahora también funciona en Lombardia y Roma.

¿Ha funcionado?

Está funcionando. Se trata no solo de ética sino que también en el mundo empresarial convivir con la macrocriminalidad no es rentable.

Entendiendo esta teoría, ¿cómo debería cambiar el periodismo judicial?

No es un problema solo del periodismo. Es que las autoridades por mostrar resultados efectivos de largo plazo privilegian la información sobre ‘cayó este capo, cayó este otro capo’, y no permiten entrever la complejidad de lo que estamos tratando. El cubrimiento se concentra en los hechos del día, pero no en un análisis mas sistemático. Entender por qué la organización criminal se reprodujo a pesar de los capos que han caído es fundamental.

Usted estudió el fenómeno de reconfiguración del Estado durante la época de Uribe. ¿Se ha revertido este proceso con Santos?

Tengo serias dudas de qué tanto ha cambiado el proceso. Obviamente el país ha avanzado con el juicio de congresistas y de funcionarios como Jorge Noguera. Sin embargo, mi concepción es que el sistema político nunca ha asumido la responsabilidad de hacer las reforms necesarias para erradicar estas prácticas.

¿Qué tipo de reformas puntuales se necesitarían?

Necesitaríamos optar que no solo el partido politico pierde la silla sino que debería haber una verdadera sanción al partido. Si hay evidencia de tratos con la ilegalidad de una alta proporción de miembros quitarle la personería jurídica. Es draconiano pero no hay más que hacer. Es que incluso en el Congreso ha habido un reciclaje de personas que no garantizan que este tipo de prácticas se hayan desmontado.

Institucionalmente se dio un paso importante con el Das pero tampoco hemos avanzado en crear una institucionalidad que de plenas garantías. Tengo dudas sobre movimientos que se dan en la Justicia, que no parecen muy claros. El sistema político no ha tomado la decisión de romper totalmente con la ilegalidad. Son clarooscuros muy complejos, porque la profundidad de la captura y cooptación del Estado ha llegado a puntos muy graves. Cuando ve lo local y lo regional se da cuenta que ha reproducido el fenómeno con otras caras y otras formas.

Su visión es un poco pesimista

No es ser pesimista. Es alertar de lo que puede pasar.