Las salas de los juzgados cambiarán de “casting”: políticos, personajes de farándula y actualidad, artistas y críticos, caricaturizados y caricaturistas comparecerán ante la ley. Tal vez el programa radial La Luciérnaga tenga que ser emitido desde el complejo judicial de Paloquemao mientras, entre chiste y chanza, un cuerpo solemne de académicos, doctores e ilustrados servirán de peritos para declarar bajo juramento ante los jueces si en los casos a tratar hay o no hay humor. Porque con la parodia no se juega.
Estarán juntos, en el mismo escenario, desde el Presidente Santos, hasta políticos como Corzo y Barreras, junto con cantantes, actores, artistas plásticos, curadores, publicistas y periodistas. Pasaremos de la risa al llanto mientras los unos demandan porque han visto afectada su “integridad” y otros porque una sátira afectó sus “intereses”, o porque una “burla o chanza” se percibió como injuria o robo.
La mezcla de “realidad y ficción” del párrafo anterior la genera el Proyecto de Ley 001 de 2012 sobre limitaciones y excepciones al derecho de autor que fue propuesto por Augusto Posada, Juan Manuel Campo y Diego Alberto Naranjo, Representantes a la Cámara. Desde su primera formulación esta iniciativa ha adquirido una deuda inmensa con el área que pretende definir y por estos días goza de cierta notoriedad: el extraño intento de uno de sus artículos por enmarcar y definir lo que es la parodia ha despertado las alarmas del exitoso y lucrativo programa radial La Luciérnaga de Caracol y del periodismo solidario de su cadena hermana La W que han aunado su voz en el llamativo grito de “¡Censura!”.
En su artículo primero el proyecto dice que se permite la “transformación de obras artísticas o literarias divulgadas, siempre que se realice con fines de parodia y no implique riesgo de confusión con la obra originaria, no se afecte el derecho moral de integridad del autor, ni tampoco se cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor o se afecte la normal explotación de la obra originaria. A los fines del presente literal debe entenderse por parodia la imitación jocosa que implica una burla o chanza”.
Y todo parece muy bien intencionado, lo propuesto por Posada, Campo y Naranjo parece abogar por la libertad expresión, por la creación legítima de obras derivadas, por matizar todo aquello que los fundamentalistas del derecho de autor no han querido graduar a riesgo de perder los beneficios que les trae la intermediación, no vaya a ser que se rompa la camisa de fuerza del “copyright”. Pero el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.
El problema está en que una vez la ley “sabe” lo que es parodia un juez podrá decidir lo que no es. Y si a esto se le suma el componente “moral” —todo eso de no afectar “la integridad del autor”, “sus intereses” o la “normal explotación de la obra originaria”—, ahí, en la norma, quedan nombradas las contravenciones a futuro para que cualquiera pueda abrirle un proceso legal al artista que lo haya parodiado. La ley, un juez, dirá si algo es una “burla o chanza” pero, ¿cómo lo probará?, ¿riéndose?¿en serio?¿en broma?¿con un detector de ironía? ¿Y que sigue luego? ¿obligar a los mentirosos a que dejen de mentir?¿darle una definición legal al arte?¿registrar los chistes ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que nadie los pueda repetir sin pago o autorización? ¿Crear un colectivo de abogados para la defensa del arte y el humor?
Los representantes han sido poco receptivos a las observaciones que se le han hecho a su proyecto de ley, por ejemplo, el colectivo “Red Pa Todos”, pendiente de este asunto, ya les sugería hace unos meses eliminar casi todo el apartado en lo referente a la parodia, dejar un punto final luego de “obra originaria” y así evitar definir lo que es parodia o la zona gris del orden moral.
Pero no, los tres políticos han seguido explotando con su habitual tozudez la cantera inagotable del descaro y continuan tan orondos por el camino chueco. Se queda tan corto el proyecto que su medianía da a inferir que estos políticos solo quieren legislar para poder colgarle uno que otro mico a la ley, incluido el de la parodia, tener así una herramienta para judicializar todo lo que no les causa risa y vivir muertos de la risa a costa de la embriaguez que les da el poder y las libaciones de las gabelas que reciben por gracia del cabildeo.
Sirva esta polémica mediática alrededor de algo que afecta a La Luciérnaga para que el Gran Periodismo Nacional se tome esto más en serio e ilumine un proyecto de ley mediocre que promete continuar con la senda de las Leyes Lleras (I y II). Tal vez La Luciérnaga o La W ahora sí le paren bolas a áreas menos chistositas como las contempladas en los artículos sobre difusión y educación donde las limitaciones y pocas excepciones del proyecto han mostrado los peligros de la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda de estos malabaristas legislativos que se presentan en el circo del Congreso.
