¿Alguien sabe cuantos delincuentes norteamericanos han sido extraditados hacia Colombia? Bueno...yo tampoco.
La verdad es que la extradición, así como gran parte de la política de lucha contra las drogas es una política de una sola via en la cual Colombia sólo obedece instrucciones. Muchos de los narcotraficantes prefieren hoy un arreglo con Estados que una cárcel en Colombia. Allí pagan un par de años y a cambio de la entrega de dinero y delaciones pasan a gozar de un retiro seguro en algún suburbio de un tranquilo pueblo.
La política de lucha contra el narcotráfico debería ser revisada, incluida la extradición. Una clausula clara debe ser que el dinero y los bienes entregados deben ser restituidos a Colombia y que las confesiones judiciales sean compartidas con la justicia colombiana. Y, finalmente, soñar no cuesta nada, que los empresarios norteamericanos que ayudaron a financiar el paramilitarimos vengan a pagar sus penas en Colombia, acá no habrá suburbios esperandolos.

Si en tiempos de Escobar la extradición fue amenaza letal pra los narcotraficantes, hoy es un premio a tres bandas: al gobierno colombiano lo libra de quedar salpicado por las confesiones de narcos y paras que contribuyeron a elegirlo y reelegirlo. El gobierno norteamericano recibe pingües aportes sobre los réditos de cada narco que confiesa intimidades y haberes de su negocio. Y éstos ven reducida su pena muchas veces a tiempos ridículos de cárcel, antes de verse libres para seguir en el negocio.
La guerra de los años 80 arrojó miles muertos a manos de mafias que declaron preferir una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos.
Antes, la extradición era un castigo, hoy es una gabela. Y los grandes damnificados, como siempre, las víctimas y la justicia colombiana.

Mientras continuen las extradiciones de jefes paramilitares y guerrilleros, la justicia seguirá sin rostro para todas las víctimas de los crímenes perpetrados por estos grupos armados en el marco del conflicto.

De hecho, ha sido difícil que las víctimas puedan intervenir adecuadamente dentro de los procesos de Justicia y Paz estando los jefes paramilitares en el país, ni hablar de lo que será ahora que se encuentran del otro lado del continente.

La permanencia de estos individuos dentro del territorio colombiano no es solamente un capricho. Por el contrario, está estrechamente relacionada con la posibilidad de adelantar investigaciones y juicios "de cara" a la sociedad colombiana y a las víctimas. Lo que está en juego es nada más ni nada menos que el acceso a la justicia y la posibilidad misma de que haya justicia material.

En Colombia no necesitamos justicias ciegas, jueces sin rostro o victimarios ausentes. Hay que crear las condiciones para que todos puedan -y deban- dar la cara.

La respuesta que se me antoja obvia es que estas extradiciones en efecto deben ser suspendidas hasta que paramilitares y guerrilleros respondan por sus crímenes en Colombia, por lo menos los de lesa humanidad. Y es la respuesta obvia ya que desde distintos sectores se han denunciado obstáculos para acceder a los líderes de las autodefensas recluidos en prisiones de USA. Resulta entonces inaceptable que usemos la figura de la extradición para promover, consciente o inconscientemente, la impunidad. Ahora bien, si en efecto las extradiciones se suspendieran, surgen nuevas preguntas. ¿A la Fiscalía y a las Altas Cortes se les darán finalmente los recursos necesarios para asumir con eficacia las investigaciones? ¿Se han tomado los correctivos para evitar que desde las cárceles continúen delinquiendo? ¿Acaso se han logrado parar los asesinatos y amenazas contra víctimas y testigos claves de los crímenes de estos grupos? Si bien Colombia debe suspender las extradiciones, antes de esto debe fortalecer su aparato jurídico, penal y carcelario. No podemos darnos el lujo de pasar de una impunidad causada por la lejanía del sindicado a una causada por la ineficacia de la justicia.

La extradición de miembros de grupos ilegales armados se ha convertido en un acto de denegación de justicia si se analiza en el marco de los conceptos de verdad, justicia y reparación. Se privilegia el delito de narcotráfico, que tanto peso tiene en el gobierno y la justicia de Estados Unidos, y se posterga para años futuros, aún sin determinar claramente, el castigo en Colombia de los delitos de lesa humanidad. Es urgente evitar la extradición de estos actores de la guerra y comenzar a ligar los delitos de conspiración para traficar con sustancias ilícitas y la violación de derechos humanos, para que los responsables sean sancionados penalmente en el país. Si no se vinculan ambos delitos, el actual gobierno colombiano seguirá extraditando a Estados Unidos a quienes están comprometidos con el narcotráfico, evitando la acción penal por los delitos de lesa humanidad y, de fondo, que se conozca la verdad, vía por la cual se exonera a los que, desde la legalidad, apoyaron esas violaciones.