La reforma política no se va a hundir. El gobierno la salvará a culaquier costo. Pero si se aprueba como va la reforma hundirá la política y la democracia colombiana. Aunque tarde, el pronunciamiento de los precandidatos presidenciales independientes, los liberales y de algunos uribistas como German Vargas y Juan Lozano produjeron las primeras manifestaciones de la bancada uribista y el gobierno de estar dispuestos a algunas modificaciones. Lo que corresponde es transformar esas manifestaciones mediáticas en decisiones políticas y presionar para que no suban el umbral, no limiten la competencia electoral, sancionen fuerte y desde ya la criminalidad en la política y responsabilicen a los partidos y sus directivos por las actuaciones de sus candidatos y bancadas. Queda poco tiempo, pero algo del momentum se puede capitalizar.

Si no va a castigar severamente a los partidos por las actuaciones ilegales y antiéticas de sus miembros a partir de su promulgación y no desde 2010, que se hunda.
Si va a elevar a rango constitucional el transfuguismo político para terminar de consolidar mayorías uribistas en los cuerpos colegiados, que se hunda.
Si va a prohibir las coaliciones entre grupos de ciudadanos y partidos o movimientos con personería jurídica, obstaculizando el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, que se hunda.
Si sigue en su afán por sacar de las elecciones al Congreso a diputados, concejales y ediles, favoreciendo los intereses políticos de algunos congresistas que ven amenazada su permanencia en el legislativo, que se hunda.
Si va a dejar por fuera la disposición de que los partidos políticos incorporen mínimo un 30% de mujeres en sus listas a cargos de elección popular, que se hunda. ¿Queremos seguir manteniendo esta preocupante subrepresentación de las mujeres en los cargos de elección popular?

Así se caiga el mundo, el Gobierno va a hacer pasar la reforma política, porque es la partera del transfuguismo “por una sola vez” con que el Presidente va a construir su nave insignia: un partido político hegemónico al estilo peronista.

Si no se incluyen responsabilidades claras a los partidos y a los directores por avales otorgados y por los delitos contra el sufragio de los miembros de sus listas, como el más evidente de la compra de votos; si no se obliga a la democratización de los partidos y se les exige claridad ideológica y programática así como rendición de cuentas a sus electores; si no se les logra exigir mayor participación de la mujer  en sus listas, si mantienen la discriminación en contra de los movimientos de ciudadanos y si pretenden tener limitado el espacio a ediles, diputados y concejales, si, es preferible que se hunda.

Además de todo lo que ya se ha dicho sobre cómo esta reforma política está cerrando las puertas a la competencia democrática a las minorías políticas, hay algo igual de grave. En la actualidad, todos los partidos de la coalición uribista y casi todos los de la oposición tienen miembros involucrados en esta injerencia de los grupos ilegales en la política. 10 ex congresistas están condenados, de los cuáles 5 aceptaron cargos, 10 más fueron llamados a juicio, y todavía hay decenas de ex congresistas, alcaldes, gobernadores, además de los 400 políticos de los pactos de Chivolo y Pivijay, etc. que están o deberían estar en proceso. Esto no fue cosa de unos pocos, fue algo sistemático. Sin embargo, la Silla Vacía con efecto inmediato, eje de la reforma política archivada en 2008, para castigar a los partidos que desde antes del año 2000, recibieron estos políticos, quedará como una sanción hacía el futuro y la silla quedará llena. Se debe hundir esa reforma.

Si se aprueba la "reforma" política se habrá consumado uno de los grandes retrocesos de la Constitución de 1.991. Es la más descarada jugada para adecuar las reglas de juego en favor de quien las adopta. Lastimosamente, sin darse cuenta, a esto contribuyeron algunos que creyeron que había que modificar las normas para castigar la "parapolítica". Con las normas de hoy ninguna elección es válida si se ha constreñido a los electores. Los votos son nulos y por supuesto, que, una vez probada esta circunstancia, los votos se excluyen y la reposición de gastos debe devolverse. Resulta que por querer castigar terminamos en una "aministía".