El problema no es que el Congreso cambie las preguntas. El problema es que se esté burlando de los referendos del agua y de la cadena perpetua, y de los miles de ciudadanos que los impulsaron.

No hay que ser muy suspicaz para darse cuenta de que la única razón por la que el Congreso está impulsando esos dos referendos es que sirven como escudo y como “gancho” para que la gente salga, el mismo día, a votar por el referendo de la Reelección II. Referendo al que, claro, se aplica a las mil maravillas la crítica del mismo Presidente Uribe: "en nombre de la democracia, lo que se va a hacer es permanentemente proponer irresponsabilidades"

(Nota: aprovecho para anunciar mi propósito de escribir siempre estilo Twitter, es decir, comentarios de menos de 140 palabras. A ver cómo sale el experimento)

En Colombia el uso de herramientas democráticas de iniciativa popular como el referendo es relativamente nuevo. Así que no hay mucha tradición o jurisprudencia a la que se pueda consultar. Sin embargo, uno puede acudir al sentido común. Si el constituyente estableció que en todos los casos los referendos deben ser sometidos al análisis del Congreso y la revisión de la Corte Constitucional uno puede deducir que, tanto el Parlamento como el Tribunal, los puedan modificar. Recordemos que el referendo propuesto por el Gobierno Uribe fue uno y el que salió del Congreso fue otro. Texto que además fue modificado por la Corte antes de ser sometido a consideración del pueblo.

Llama la atención el hecho de que el Constituyente, que fue elegido por el pueblo, no haya confiado en la capacidad del pueblo para proponer reformas y tomar decisiones. Quedó demostrado pues que la desconfianza entre el ciudadano y sus instituciones es recíproca.

No hay claridad jurídica sobre si un referendo presentado con firmas pueda ser modificado, por cuánto, a diferencia de un referendo presentado por el Gobierno, como el de 2003, no existe jurisprudencia específica de la Corte Constitucional sobre la posibilidad o no de este cambio. En la Cámara de Representantes, fue aceptada la tesis de que “la jurisprudencia constitucional existente es clara al señalar que el texto no puede modificarlo el Congreso porque no se puede alterar el contenido del texto original presentado a los firmantes porque fue en ese sentido concreto en que accedieron apoyar la iniciativa”. En el Senado por el contrario, hace carrera la tesis del Gobierno y del Ex Procurador Maya, sobre que la Ley 134 de 1994, de mecanismos de participación ciudadana, en dos de sus artículos (2 y 15), establecen que el Congreso puede "decidir, rechazar o reformar" los referendos de origen popular. Así las cosas, ante semejantes dudas, el Congreso debería abstenerse de modificarlos.

Por su experiencia, el Presidente tiene razón cuando afirma que "en nombre de la democracia, lo que se va a hacer es permanentemente proponer irresponsabilidades". Pero ¿quien define qué son irresponsabilidades y qué son actuaciones o propuestas responsables? ¿Los congresistas, el Presidente, el Ministro del Interior o Luis Guillermo Giraldo? Si el Congreso pueda modificar la esencia de las iniciativas populares, como de hecho sucedió con el referendo del agua, dónde queda la "vountad del pueblo"?