Bajo la compleja situación de orden público en la que se encontraba el país y la falta de control territorial por parte de las fuerzas armadas en ciertas zonas del territorio nacional es fácil encontrar las razones/excusas por las cuáles estas empresas terminaron pagando -voluntariamente o a la fuerza- grandes sumas de dinero a grupos al margen de la ley.

Se pueden establecer muchos casos que se deberían analizar con detenimiento y que conducirían a diferentes interpretaciones.

Siendo benevolente, se debería castigar a todas las empresas que fueron determinadoras de crímenes. Es bien sabido que no pocas empresas utilizaron el poder paramilitar para mantener a raya a sus sindicatos (no en vano los altísimos registros de muertes de sindicalistas durante el apogeo del paramilitarismo). Una cosa es pagarle a un criminal para que no le haga daño o para que lo proteja (una conducta delictiva, sin duda) pero otra muy distinta es pagarle directamente para que cometa un crímen.