El viernes de la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos dijo que presentaría un proyecto de ley para derogar la ley de garantías. El presidente afirmó que como ya no había reelección la ley no tenía ninguna justificación.
¿Sin reelección, conviene la ley de garantías?
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Director, Observatorio de Restitución de Tierras
La Ley de Garantías fue una invención bastante artificial, cuyo objetivo era legitimar la institucionalización de la reelección presidencial inmediata, que favorecía al presidente en ejercicio. Es lo que en la retórica de hace un par de décadas llamaba una "hoja de parra". Que, además, como dice Santos, paralizó al estado durante largos períodos.
Pero el gobierno actual escogió el peor de todos los momentos posibles para tratar de suprimirla. Cambiarle las reglas de juego a una competencia en curso es un error de juicio fatal, que además tiene su propia economía política (independiente de lo que quieran, piensan, o digan los personeros del gobierno) y genera unos incentivos cuya naturaleza puede entender hasta el más simple.
En suma: había que proponer la medida, pero para que tuviera efectos a partir de la próxima elección.
Director de Protransparencia, Barranquilla
Ni aún con Ley de Garantías se ha podido asegurar que los dineros públicos se mantengan al margen de las campañas electorales en Colombia.
Es el sistema el que funciona así y burla y burlará incluso la norma más severa. Sería ingenuo creer que manteniéndose la ley no se emplee el presupuesto para hacer política electoral, como ha sido inútil imponer a los funcionarios públicos que no intervengan en actividades proselitistas cuando de hecho lo hacen. Todo el mundo sabe que en las temporadas electorales - y para mantener sus puestos - a los funcionarios les exigen llevar listados con determinado número de votos para los candidatos de la respectiva administración. De modo que estamos frente a una realidad de doble moral en estos temas.
Lo deseable sería que los gobiernos usaran el presupuesto sin criterio politiquero y que se levantara la mentira de la supuesta imparcialidad política de los funcionarios. Hacia allá hay que avanzar. Necesitamos no sólo leyes eficaces sino ejemplares prácticas políticas en la administración pública.
Representante a la Cámara, Alianza Verde
Sabemos que la ley de garantías, de una manera u otra, evita que los políticos tradicionales hagan campaña con contratación y con puestos.
Nosotros, desde la alianza verde, seguiremos trabajando para evitar que esta ley se derogue ya que no estamos de acuerdo con esta iniciativa del señor presidente. Tenemos claro que los recursos públicos deben estar apartados de las campañas políticas como lo establece la ley en la actualidad.
Ex consejera presidencial de Programas Especiales
Ley de garantías con o sin reelección es necesaria.
Por inconveniente de pronto para el gobierno, quizás es que se soltó el globito de proponer "desmontar" la norma.
Vale la pena releer la norma. No es solo el tema de las contrataciones lo que se liberaría, también está el de la participación política de los funcionarios públicos: una compuerta para que se pueda difundir propaganda política a favor del partido de gobierno, favorecer promociones o bonificaciones a quienes participen de una misma causa política, presionar respaldos y otras acciones de intimidación política.
Y una última perla, también señala que es conveniente la Ley de Garantías en caso de que quien aspire a la elección presidencial sea el vicepresidente, lo cual viene como anillo al dedo en este momento en que la campaña presidencial 2018 tiene al vicepresidente en su sonajero. "Desmontar" la ley de garantías podrá ser zanahoria para los alcaldes pero garrote para la democracia.
Ex Secretario de Gobierno de Antioquia
No contento con alterar vía mermelada elecciones de Congreso y Presidente, Juan Manuel Santos quiere distorsionar las locales eliminando ley de garantías.
No es cierto que la ley de garantías obstaculice la inversión pública. La contratación de la inversión se puede seguir haciendo, como es además ideal, vía licitación.
Lo que sí hace la ley de garantías es paralizar la contratación a dedo o vía convenios interadministrativos que se adelantan en la Administración Pública. Esos que tanto gustan a algunos gobernantes locales para meter gastos de funcionamiento como inversión y así hacerle el quite a ley 617. Esos por los que se contratan nóminas paralelas abultadas para desequilibrar las elecciones.
Por favor, Presidente Santos: déjenos tener unas elecciones locales sanas y equilibradas, lejos de la mermelada.