El propósito es someter el acuerdo a la decisión ciudadana: con un plebiscito y un umbral del 13%, esto no se logra. Bien ha planteado Carlos Holmes Trujillo que los acuerdos de la Habana deben ser sometidos a la voluntad de la ciudadanía, previo un consenso nacional, mediante un nuevo referendo. Si no se blindan los acuerdos con legitimidad democrática, previo consenso político e institucional, cuando empiecen a ejecutarse los acuerdos la gente del común nos sentiremos engañados. Un plebiscito de sí o no a la paz, con solo el 13% del censo, es una salida fácil pero equivocada.

Estamos en la recta final de la negociación que han adelantado el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, se cumplen tres años de trabajo y lo avanzado es sustancial.

Ambas partes, Gobierno y FARC, en el diseño de negociaciones construido acordaron que la última palabra la tendría la ciudadanía y en esa perspectiva el Gobierno ha defendido su propuesta de plebiscito, la cual comparto, para que de manera democrática la ciudadanía apruebe o desapruebe el conjunto del acuerdo.

La iniciativa que ahora se discute en el Congreso de la República, establece un umbral del 13% del censo electoral para que el plebiscito sea válido.

La preocupación por el nivel de participación ciudadana en un plebiscito sobre el acuerdo negociado entre Gobierno y FARC es la evidencia de las falencias de esta precaria democracia. Se asume que la ciudadanía no saldrá a votar en un tema tan trascendental para el presente y futuro de la sociedad Colombiana.

¿Cuál es el compromiso de los partidos de la Unidad Nacional con lo negociado y de manera específica? ¿El compromiso de Cambio Radical y el Vicepresidente Germán Vargas Lleras?

Sobre la pregunta de umbral si o umbral no, mi postura es que deberíamos ir a un plebiscito sin umbral y jugarnos a fondo por una amplia participación.

La urgencia para finalizar los acuerdos no puede ser la causa para desligitimar el sistema democrático.

Primero, el gobierno presenta un proyecto de Acto legislativo para que se le otorguen facultades especiales al Presidente, proyecto en el cual el congreso solo tiene la facultad de ímprobar los artículos que se presentan. Ahora propone un proyecto de ley para reducir el umbral. 

Una refrendación con un umbral amañado es simplemente eso: una refrendación amañada.

Tantos atropellos a la institucionalidad y a la constitución en aras de buscar un acuerdo para que se de fin al conflicto armado con el grupo narcoterrorista de la FARC solo logra aumentar la desconfianza entre los ciudadanos. 
 

En absoluto desacuerdo. El fin de la negociación de La Habana -no la anhelada paz como se vende -no puede lograrse a costa de la institucionalidad. Generaría un pésimo precedente para que en futuros procesos de negociación de paz, otros grupos armados ilegales, exijan semejantes condiciones, deshaciendo de esta manera las instituciones democráticas colombianas.

Considero que no sería legítimo refrendar los acuerdos de paz sin establecer un porcentaje mínimo de participación ciudadana. 

Es necesario que el Gobierno Nacional garantice que el mayor número de colombianos, incluyendo los que se encuentran en el exterior, participe y decida sobre el acuerdo final para la terminación del conflicto armado. Asimismo, se debe adelantar un proceso de socialización para dar a conocer los alcances de la decisión a tomar.

No podemos desconocer que el proceso de paz requiere de cierta flexibilidad para que pueda llegar a feliz término, sin embargo, no podemos ir contravía de lo establecido en la Constitución Política, donde se señala que Colombia  es un estado democrático y participativo.