Constitucionalmente no hay, y socialmente no debe haber, ningún impedimento para que los desplazados vivan en barrios de estrato seis y cinco (tampoco para que lo hagan en barrios de estratos cuatro, tres, dos, uno o cero, aunque suene tautológico). Tampoco hay, o no debería haber, impedimentos funcionales ni físico-espaciales, arquitectónicos o urbanísticos para que ello pueda realizarse; pero, el debate es centralmente socio-político, socio-cultural y socio-económico.

En esencia hay dos grandes retos, el más complejo, romper las barreras que separan nuestra sociedad y las fuerzas que se empecinan en polarizarla; y el segundo, imaginar y proporcionar condiciones integrales para el desenvolvimiento de las redes sociales, económicas, culturales, vecinales y organizativas de sus habitantes y para crear dinámicas de territorialidad positiva –incluyente- que propicien el sano encuentro entre los diversos grupos sociales.

La propuesta del Distrito plantea una alternativa que para nada viola los derechos de los habitantes actuales, y hace uso de suelos de pertenencia estatal, o adquiribles por mecanismos legales y estatales, siendo legítima su destinación por parte del Estado para garantizar el derecho a la vivienda digna a los grupos más vulnerables; al respecto de la cual, las instituciones estarían en la obligación de propender y lograr que sea exitosa su realización. Por su parte, la sociedad, los técnicos, las comunidades de altos y bajos ingresos, el Estado y la academia deberían propender por crear las mejores condiciones de relacionamiento social y de generación de las mejores oportunidades para habitar y desenvolver las redes de hábitat, con el fin de lograr que esta experiencia sea exitosa.

Lo anterior requiere, de un lado, grandes esfuerzos de diálogo intercomunitario y para la construcción de acuerdos entre los residentes iniciales y de los nuevos habitantes a reconocer e integrar y, de otro, gran capacidad para contener o superar las fuerzas contradictorias movidas por intereses económicos o por divisiones políticas. Pues, en ello, no podemos desconocer que el hecho de que la propuesta provenga del gobierno de Petro ha pesado demasiado en las reacciones y discusiones, evidenciando polaridades altamente viciadas por los intereses políticos en curso.

La propuesta de política territorial el Distrito propende por la equidad, y busca romper con los factores de exclusión y segregación espacial en estas ciudades excluyentes que hemos configurado por décadas en nuestro país, y no puede descartarse simplemente bajo el mote de populista o demagógica. Por el contrario, por los alcances transformadores de la misma, precisamente estamos en un contexto y momento político que hacen indispensable argumentas y profundizar sobre la discusión en torno a su conveniencia social y política para el país.

En ello, la pregunta de la Silla merece pensarse desde distintos ángulos. Reconocimiento, inclusión, posconflicto y reconciliación.

El país está en mora de logar que el ordenamiento territorial de sus ciudades y las políticas de vivienda frenen la tendencia segregacionista desde décadas atrás y hasta ahora dominante, y se orienten de forma prioritaria a garantizar suelo adecuado para la vivienda de interés social y de interés prioritario, con una clara determinación de responder a la gravedad y magnitud de las demandas de la población afectada por el conflicto armado regional e intra-urbano (lo cual no sólo alude a Bogotá, Medellín y Cali, sino a muchas otras ciudades del país). En tal sentido, el Estado debe ampliar oportunidades para responder a tales demandas, y avanzar en la puesta en desarrollo de políticas y metodologías que desde allí aporten hacia un posible escenario de posconflicto y reconciliación. Imaginarios y cultura local.

Por décadas, en Colombia hemos venido construyendo una imagen estigmatizada sobre el otro-diferente, por su procedencia territorial, cultural e inscripción social y económica, pero sobre por el lugar que le ha tocado ocupar y sufrir en medio del conflicto armado; lo cual no sólo impide el encuentro entre la diversidad sino que activa su confrontación y rechazo.

Al respecto, debemos referirnos a los imaginarios de miedo, estigmatización y satanización frente a los otros diferentes, que emergen detrás de muchas de las expresiones alrededor del debate que nos ocupa; así como referirnos también a los imaginarios de seguridad y exclusividad que hay detrás de los ideales territoriales y de la vivienda de muchos habitantes. Lo anterior parece exacerbarse en nuestras grandes ciudades, donde se expresan culturas locales fuertemente signadas por la gran desigualdad entre los grupos sociales, por los conflictos socio-espaciales, por la violencia y la inseguridad, entre otras.

Por su parte, el hecho de que las manifestaciones de tales imaginarios provengan de la ciudad capital tiene a su vez un impacto que aumenta su carga simbólica y política sobre el desarrollo territorial y social del resto del país.

Lógicas del mercado. Ante la fuerza del derecho a la propiedad, la función social y ecológica del suelo y el derecho a la vivienda digna encaran una gran tensión, y su conciliación se hace más difícil frente a las exacerbadas exigencias que la globalización económica hace a las ciudades, y ante el agravamiento del desplazamiento y la desigualdad asociados al conflicto armado.

En la discusión en curso, observamos argumentaciones desde el mercado, cuyo interés no radica sobre el valor del uso social del suelo sino sobre el valor de cambio de la propiedad y privilegia la búsqueda de un mercado con creciente rentabilidad para preservar las condiciones de exclusividad y alto beneficio del suelo urbano como fundamento inversionista; descartando de tajo el aporte que el territorio debe hacer para encarar las desigualdad y para atender las exigencias sociales del momento nacional, de cara a la inminente realidad del desplazamiento de poblaciones.

Reto del hábitat en los proyectos de vivienda. Partiendo de concordar con la propuesta de la mezcla social en los territorios urbanos, de romper con la estratificación, la guetificación y de encarar la amenaza de la gentrificación (al respecto de ésta última, Bogotá recientemente aprobó un conjunto de normas para contener impactos sociales negativos en proyectos de renovación), de estimular el intercambio social en el territorio, y de reconocer la diversidad y la equidad; la política territorial debe en ello propender por generar condiciones adecuados en sus hábitats para posibilitar el encuentro entre los diversos grupos sociales y económicos que conforman nuestras sociedades urbanas, y para el desenvolvimiento simultáneo de usos mixtos que fomenten las relaciones entre lo doméstico, lo productivo, los servicios, el intercambio y la sobrevivencia de sus moradores.

En tal sentido, es preciso avanzar en profundos análisis sociales y de reconocimiento de los diversos grupos de habitantes, sus formas de subsistencia y sus prácticas sociales, en proporcionar alternativas para el fortalecimiento de las redes de economía social, en generar institucionalidades y acuerdos educativos para incorporar los nuevos habitantes, y en alternativas culturales que posibiliten el encuentro entre los diversos habitantes de un territorio, que proporcionen espacialidades públicas para ello, y fundamenten hábitats apropiados para el desenvolvimiento de las tramas del habitar de sus moradores.

La construcción de viviendas VIP en barrios de alto poder adquisitivo, propuesta hecha por el Alcalde Petro, no es un asunto que deba remitir la discusión a la estratificación social, lo cual hace que nos desviemos del asunto de la planificación de ciudad a hacer de la inclusión/exclusión un argumento oportunista y fuera de contexto y responsabilidad.

Construir una sociedad incluyente, debe ser por principio un asunto relevante para todo gobierno; por eso mismo debe construirse en el marco de un proyecto planificador integrador.

Veríamos viable la propuesta si se habla de un proyecto de hábitat (ej. Renovación urbana, mejoramiento integral de barrios, etc) donde la comunidad de estas viviendas cuenten con los colegios, hospitales, oportunidades laborales y económicas en su ambiente barrial, para no generar más exclusión e inequidad.

La vivienda no es un asunto aislado a su entorno, la vivienda es realmente un asunto de hábitat.

¿Cuáles son los problemas que se resuelven con esta propuesta? – sin lugar a dudas no son los de la exclusión- , no en las condiciones previstas en el proyecto expuesto, pues le quedan a las familias obligaciones frente a su entorno y frente al bien en sí mismo que pueden producir mayor empobrecimiento.

Pensemos en integración y definamos mecanismos de ordenamiento territorial que los soporten pero nunca fuera de un ejercicio serio de planeación del territorio.

No es fruto de una política social, no es un avance en la solución a los problemas de vivienda en la ciudad, no generará inclusión social sino guetos forzados, no es para ayudar a los desplazados sino para perjudicar a los ricos.

1. La mera vecindad geográfica no combate la segregación ni garantiza inclusión social. Son varias las decisiones que deben tomarse para estructurar una política integral en la materia. Los ejemplos que algunos traen a cuento para avalar la fórmula Petro no sirven porque se refieren a programas de renovación urbana en los que se ha respetado el hábitat de la población residente en las áreas o zonas recuperadas (artesanos, obreros, empleados de nivel inferior). En ninguno de los casos citados se desaloja a la población nativa del lugar ni se le desplaza a otros barrios. La Universidad de los Andes promueve programa en el barrio Las Aguas que reúne las características anotadas. En el caso Petro ocurre lo contrario, porque no es programa de renovación urbana.

2. La convivencia de grupos humanos de diferente condición social es exitosa si se da la habitabilidad de que hablen los especialistas y que en el caso de Bogotá ni siquiera se ha estudiado.

Proceder como propone la Alcaldía que haga conduciría a los pobres a vivir en verdadero gueto social.

3. La función administrativa debe cumplirse de acuerdo con los principios de eficacia y economía. En este caso, lo que había es un despilfarro de recursos públicos, porque es claro que con el valor de los predios escogidos, en vez de 372, se podrían ofrecer varios miles der soluciones de vivienda.

Así como el Estado cobra valorización y plusvalía por las obras que ejecuta y las decisiones que toma, también debe responder patrimonialmente cuando su proceder desvalorice los bienes de los particulares. Estas inevitables indemnizaciones elevan aún más el costo de los 372 aparentemente ofrecidos.

4. Alex Vernot, quien conoce a Petro por ser su asesor más cercano y tal vez su candidato a la alcaldía, le dijo a La Silla Vacía: “La gente quiere que Gustavo se vuelva un gerente, pero él es un político…en su esencia es un político…no va a dejarlo de ser nunca…va a polarizar la política…es un fenómeno político…va a ser candidato presidencial en el 2018”.

5. La propuesta Petro tiene contenido y alcance políticos inocultables por varias razones:

a) En su programa de gobierno y plan de desarrollo ofreció 70.000 soluciones VIP y VIS, que se volvieron promesa incumplida y que no logrará con las 372 que saca de un cubilete.

b) Su falta de interés en el tema de vivienda se pone de presente con los reparos y obstáculos que le puso a las 10.000 viviendas gratis que el gobierno nacional adjudicó a Bogotá. Por ese palo en las ruedas, tales viviendas apenas empezaron a construirse cuando en otras ciudades y municipios las viviendas gratis ya fueron ocupadas por sus beneficiarios.

c) Tampoco ha puesto en marcha ningún programa de renovación urbana en el centro ampliado dela ciudad.

d) ¿Por qué los 372 apartamentos serian para desplazados y no para habitantes raizales de la ciudad? Unos y otros tienen necesidad de vivienda digna e igual derecho, pero debería preferirse a los habitantes de Las Cruces, La Perseverancia, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa o Usme, para citar solo unos casos. No se da esa prelación, porque el mensaje político que se envía es a los 6 millones de desplazados que hay en el país con miras al 2018. 

El Alcalde Gustavo Petro ha colocado una iniciativa de ciudad, de honda significación cultural, al tomar la decisión de construir 377 casas en sectores del norte para familias victimas de la violencia, donde tradicionalmente han estado familias con un nivel económico destacado y un comercio y servicios de igual condición. 

El intercambio y las reacciones han estado marcadas por una pluralidad. Desde el rechazo abierto, al considerarla una medida ¨populista¨, que genera división y que no tiene viabilidad financiera, que contrasta con las argumentaciones de quienes valoramos que es una iniciativa pertinente, posible y deseable en una sociedad y una ciudad altamente segregada y excluyente, en este caso del acceso a nuevas posibilidades de vida para sectores populares.

En las zonas donde se van a construir estas casas es muy común ver a las trabajadoras del servicio doméstico, los porteros, los jardineros y los empleados del comercio, que recorren la ciudad de extremo a extremo y en no pocas ocasiones viven en los municipios aledaños, utilizando horas de su vida cotidiana en trasladarse de sus viviendas a sus sitios de trabajo.

Quizás esta población es la que pueda acercarse a ligar su vivienda y sus trabajos no a distancias de horas sino de cuadras, es una buena idea que bien vale la pena concretar.

Es la política del resentimiento a todo vapor, porque, si Petro verdaderamente buscara el bienestar de los más vulnerables tendría estudiado ya con todo rigor y responsabilidad todas las variables posibles para no crearles más zozobra y riesgos a los desplazados, re-victimizar las víctimas, evitarles el dolor de un escándalo, la depreciación de la tierra y  evitar enfrentar a nuevos y viejos vecinos.

Pero como con los recicladores de verdad-verdad que están más pobres ahora que antes, como los habitantes de la calle ahora forzados a ser recicladores y enfrentados con recicladores de oficio y ante la sorpresa de usuarios de aseo, ahora las victimas del desplazamiento son la punta de su flecha…

Por puro respeto a la ciudadanía y sobre todo a la población vulnerable el Alcalde debería compartir razones y estudios de su decisión. Explicar por ejemplo, cómo es que las víctimas del desplazamiento tendrán más seguridad en la 82 y la 93 frente a otras opciones; explicar cómo estos sitios son idóneos para adecuarse a sus modos y medios de vida, y como, el Distrito tiene ya previsto la mejoría en la  calidad de vida de las víctimas con guarderías y centros deportivos cercanos, tiendas, espacios verdes, amplias rutas de trabajo y cupos de estudio suficientes en la zona.

Ahora bien, respecto de quienes ya viven en esas zonas no hay lugar a dar explicación alguna de por qué otros seres humanos de idéntica nacionalidad colombiana van a vivir a su lado. Mientras no se trate de un proyecto de vivienda de aliens, zombis o mutantes, no debería pedirse siquiera explicación alguna sobre la condición económica o calamidad que haya vivido el vecino.

Tampoco el Gobierno Distrital tendría por qué entrar a consultar, si está ya estudiada y aprobada por la ciudad, la puesta en marcha de una estrategia de Mixidad Urbana y Social. Así como en París o Nueva York, bien puede Bogotá entrar ofrecer vivienda para compradores de capacidad de pago media o reducida ubicada en entornos aventajados, y dar incentivos para vivienda de lujo en entornos de capacidad de pago media o reducida.

Pero es que la mixidad social no es la intención del Alcalde. De ser así abordaría la cuestión con estratégico cuidado y emprendería obras  que luego abriría  a la venta de quienes  voluntariamente quieran irse a vivir al trancón permanente de la 82 y la 93. Pero el Alcalde no busca impulsar la  tolerancia y convivencia social que es de lo que pretende la mixidad urbanística.

No. Petro quiere lo contrario azuzar a unos, castigar a otros, y  con la presencia impuesta de los unos  sobre los otros, generar -a lo Uribe-  un estado de discordia constante que le permita mantenerse vigente creando miedos y buscando medios.

Lo más grave que tiene Petro es que constantemente manosea los sueños y el futuro de los más desventajados haciéndolos estallar periódicamente en peleas caprichosas que solo le reportan retorno a él.

Qué bueno sería tener una ciudad menos segregada, un alcalde menos populista y unos ciudadanos más confiados los unos en los otros.

Durante la última década de gobiernos populistas de izquierda en Bogotá no se ha mejorado la segregación ni la confianza. Ni Luis Eduardo Garzón ni Samuel Moreno ni Clara López ni Gustavo Petro han contribuido al aumento de la integración y la confianza entre los habitantes de Bogotá.

Hoy estamos lejos de lograr esos propósitos y la forma y el lenguaje con el que el alcalde Petro presenta su propuesta no ayuda.

Obviamente que se puede aspirar a tener una ciudad menos segregada y hacerlo bien y sin enfrentamientos puede significar una mejoría en la calidad de vida de todos los ciudadanos.

La propuesta del alcalde puede ser un primer paso para lograrlo, a la brava, como le gusta a él pero si no se implementa con la suficiente planeación, tributación y planificación urbana puede terminar siendo es un fiasco.

Esta vez coincido con Petro.

Si bien es probable que un análisis costo/beneficio muestre que es mejor construir vivienda social en zonas de estratos bajos, lo esencial de la medida es que apunta a romper el paradigma clasista y racista que ha condenado por siglos a los habitantes de Bogotá a vivir segregadamente.

Ninguno de los alcaldes posteriores al régimen constitucional de 1991 empleó las armas del “Estado social de derecho” para romper ese paradigma ni los poderosos simbolismos que lo protegen y lo hacen pasar como algo normal. A este respecto todos ellos se quedaron en la retórica “progre”.

No debieran importar las motivaciones de Petro, que deben como las de todos los políticos que pescan votos y apoyos a como dé lugar.

Opino que la propuesta de Petro debe analizarse desde dos diferentes puntos de vista.

El primero como una política de inclusión social tendiente a lograr una sociedad más integrada y sin discriminación como consecuencia del estrato social.

Ahora bien, existe otra perspectiva a considerar y es el impacto que tendrá el precio de los inmuebles ubicados en esos sectores como consecuencia de la decisión del Alcalde de construir vivienda de interés social.

Teniendo en cuenta la estructura de los estratos y su impacto en los servicios públicos, las personas que han adquirido sus hogares en los sectores donde se piensan ubicar las viviendas de interés social han pagado precios altos por los servicios públicos y han pagado un impuesto predial alto como consecuencia de un marco jurídico que conlleva una segmentación de la vivienda en estrato.

En este sentido sería injusto y contra la certeza jurídica, proceder a cambiar esta estructura de vivienda sin reconocer el impacto que ese tipo de decisiones puede tener en el patrimonio de muchas familias.

En algunos países ha sido exitosa la inclusión social pero más que por el hecho de que se construyan viviendas para diferentes ingresos, por el efecto que tiene en la composición de la sociedad de estos países la asistencia indiscriminada de todos los niños al mismo establecimiento educativo. 

Al 2012 según cifras del Sipod, Bogota tenía más de 90.000 familias desplazadas. Toda administración municipal tiene la obligación de brindar apoyo y la corresponsabilidad para el alcance del goce efectivo de derechos de esta población. 

Petro anuncia con bombos y sin platillos que hará 372 viviendas en la localidad de Chapinero para la población en situación de desplazamiento. Esta localidad alberga el 1.7 % del total de la población en situación de desplazamiento que tiene la ciudad.

Que las haga donde pueda, pero que las haga. Esta alcaldía es promesera y cizañera.

Que el alcalde Petro cumpla con su deber es lo que llevamos años pidiendo los habitantes de Bogota. Y si va a eliminar la estratificación, mejor aún.

¿Será que toda la ciudad tendrá al fin un cobro unificado y no estratificado por la prestación de servicios públicos?

Me parece que Petro es un populista irresponsable. Con la plata que va a construir 10 viviendas, hace 100 en otro sector de la ciudad.

Con esa medida, los afectados van a ser los desplazados. ¿Qué van a hacer, van a hacer mercado en Carulla?

El Alcalde Petro con tal de joder a los ricos no le importa joder a los pobres.

En Bogotá hay un deficit de vivienda que se debe solucionar. El lote de la 93 con calle 100 por ejemplo vale 40 mil millones de pesos con las que se pueden hacer casas en otro sector de la ciudad.

Es una irresponsabilidad con los recursos públicos de Bogotá que responde a un capricho político de instalarlos en el estrato seis. La pelea debe ser a favor de los que no tienen vivienda.

Bienvenida la vivienda para desplazados sea donde sea.

Es ofensivo y pobre de espíritu pensar que la riqueza da derecho a despreciar la vecindad de los demás.