Los acuerdos me confirman que este es un proceso sensato, factible y razonable. Las Farc al aceptar estos acuerdos confirman que quieren llegar hasta la firma del acuerdo final. Por eso, me dan tranquilidad. Ahí se confirma que no se le está entregando el país a nadie. 

La oportuna divulgación de los acuerdos alcanzados indican, entre otros, lo siguiente:

Tanto los negociadores del Gobierno como de las Farc han trabajado de manera metódica y eficiente, y por ende, sin defraudar las expectativas de quienes esperamos el cierre del conflicto armado.

La negociación habría entrado al punto de no retorno pues a estas alturas es muy difícil para las partes tener argumentos serios y creíbles para detenerla o dar marcha atrás, a no ser que la siempre imprevisible dinámica bélica, que sigue sin parar, produjera hechos que presionaran la ruptura o congelamiento.

Dichos acuerdos contienen aspectos claves para lograr un país más justo: uso adecuado de la tierra según su potencialidad. Estímulo a la formalización de la propiedad sin utopías socialistas. Reconocimiento del papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo rural sin perjuicio de la agroindustria. En lo político, más apertura de la democracia para los colombianos (as) de las zonas más afectadas por el conflicto. Y, en lo atinente al narcotráfico cabe destacar la orientación de la prioridad hacia las mafias, es decir hacia quienes ejercen más influencia y poder en la cadena del ilícito negocio.

Lo más importante será su implementación que ante todo debe contar con una férrea voluntad política so pena de una grave frustración para el país.

Es bueno que se hayan publicado los acuerdos parciales.

De ahora en adelante, y a partir de una explicación detallada que haga el Gobierno de su contenido, debe abrirse un gran debate nacional.

Teniendo en cuenta los textos, dicho debate puede ser intenso y constructivo. Dar a conocer lo acordado no cierra la controversia, la abre.

Y la búsqueda de la paz requiere que quien tenga opiniones diferentes no sea calificado como enemigo de la paz.

Aunque los textos de los tres acuerdos con sus salvedades habían sido publicadas por las Farc en su página web, era necesario que el Gobierno Nacional los diera a conocer para despejar dudas y eliminar rumores malintencíonados de los enemigos del proceso de paz.

Este gesto, por lo demás, demuestra que estamos en un punto de no retorno en la superación del conflicto armado entre las Farc y el Estado Colombiano. 

En general, los contenidos revelan un conjunto de propósitos y criterios imprescindibles para un postconflicto sostenible. También un paquete de medidas concretas que ayudan a recuperar el campo colombiano y reducir sustancialmente la pobreza rural, comprometen a las partes en la lucha contra el narcotráfico y en el ajuste a la política antidrogas, y apunta a modificaciones en el sistema político que hagan inútil el uso de las armas para la lucha política. Faltan todavía temas cruciales que ya se están abordando.

Claramente lo acordado cabe en la Constitución de 1991, pero no hay que temerle a reformas de hondo calado si con ello garantizamos una paz estable y duradera.

Que se haga visible el texto sobre lo que hasta el momento el gobierno y los representantes de los no más de 8000 narco guerrilleros de las Farc han acordado es una muestra positiva de respeto con el país.

Pero la clave está en descifrar para qué se muestran.

En las pasadas elecciones presidenciales 2 millones de conservadores que votamos por Marta Lucía Ramírez solicitamos hacer unas negociaciones con condiciones, pero el gobierno no escucha a estos 2 millones de electores.

Entonces ¿ahora qué sigue? ¿Serán tenidas en cuentas las observaciones que los partidos hagamos al texto de los acuerdos? ¿o sólo se hacen visibles para "acabar con las especulaciones" y una vez más seremos convidados de piedra?

En lo esencial lo divulgado conjuntamente por Gobierno y Farc ya se sabía por unos 50 comunicados emitidos a lo largo del largo proceso.

Queda claro que nada se sale del marco constitucional, ni del sistema capitalista, ni afecta el estatuto institucional de la Fuerza Pública como denuncia implacable e irresponsablemente la ultraderecha.  

Son ideas fundamentales que se han discutido toda la vida -la reforma del campo, el enfrentamiento al narcotráfico y el reforzamiento de la democracia participativa han sido tres problemas que no hemos querido tratar a fondo en estas últimas décadas-, y es realmente esperanzador que entren como debe ser en la agenda del Estado.

Pero, sobre todo, que tanto la guerrilla como la clase política reconozcan que es dentro de las instituciones donde se debe corregir el rumbo del país.

Qué bueno que quede claro, además, que no se está negociando nada que no sea lo obvio: darle vida al campo, dañarles el negocio a los narcos y convocar a la ciudadanía para que decida su propia suerte.

Creo que son tres pasos adelante. 

Para lograr la paz necesitamos hacer un esfuerzo para cambiar la forma en que nos explicamos el mundo.

Debemos dejar a un lado esta idea nuestra de no tomar responsabilidad por nuestras acciones, de excusar nuestros errores en la injusticia que existe en que otros que han cometido mayores errores se mantengan sin castigo.

Usar esa maravillosa flexibilidad con que nacemos y la facilidad para adaptarnos para cambiar discursos y filtros de pensamiento y arrancar de nuevo.

Reconocer que ya no habrá como explicar nuestros problemas en la situación de inseguridad del país y construir el imaginario de que podemos llegar a ser un país más justo.

El contenido de los tres acuerdos no difiere, en sustancia, de lo que ya se conocía. Los detalles revelados confirman que las negociaciones han avanzado notablemente y que los desacuerdos (por lo menos en lo que está escrito) hasta ahora son menores. Los acuerdos son además los correctos porque no solo atienden a las necesidades de las partes, sino que se proyectan a la sociedad. Los cambios en la transparencia en procesos electorales, la reforma agraria integral y la nueva concepción en la lucha contra las drogas, deberían lograr cierto consenso social.

Sin embargo, la virtud de estos acuerdos contiene implícitamente su mayor desafío. A este paso, la paz en Colombia será una de las más elaboradas del mundo, lo que es un mérito. Pero también implica que la implementación será extremadamente compleja, con múltiples políticas de corto, mediano y muy largo plazo. Esto abrirá expectativas muy grandes en la población, particularmente en la que está ubicada en las zonas de conflicto. Lograr la reforma rural y la democratización de la sociedad son anhelos históricos de Colombia que difícilmente se materializarán luego de la firma de un acuerdo de paz.

Los temas que dividen a las partes están por delante: justicia transicional y terminación del conflicto. Muchos de los acuerdos que se discutan en estas semanas afectarán a los ya suscritos y las decisiones se volverán más complejas y lentas. Por eso, es muy importante ser realista en lo que se quiere lograr con el acuerdo. Al final, las mayores dificultades están en implementar ese acuerdo en Colombia, y no solo en firmarlo en La Habana.

Claramente se han quedado varios subpuntos pendientes, lo que sugiere que el proceso apenas si va por la mitad, con lo más dificil aún por acordar.

Por otro lado, delegan en el Congreso una responsabilidad enorme, y se pregunta uno si este Congreso tan polarizado está a la altura de semejante reto.

La implementación de los acuerdos requerirá un presupuesto extraordinario que deberá sostenerse por más de una decada y que no hay disponible.

Los contenidos requieren una revisión muy detallada de los mecanismos para su operatividad especialmente en el tema del narcotráfico.

Las Farc son ángeles en sus anhelos para Colombia, pero demonios en sus acciones para alcanzarlos.

En los acuerdos piden más democracia pero asesinan al que piensa diferente, piden más infraestructura pero vuelan torres y puentes, piden más salud pero envenenan acueductos...

Siempre es que están como perdidos.

Lo sabíamos casi todo...

Me voy a concentrar en el punto que más he estudiado que es el número uno o el punto sobre tierras. De la comparación de lo que sabíamos (lo publicado en los comunicados de prensa conjuntos) y lo que no sabíamos (el acuerdo completo publicado ayer) me quedan tres conclusiones.

La primera es que sabíamos casi todo. Es decir, nada realmente trascendental al acuerdo parece haber quedado por fuera de lo divulgado inicialmente. Lo que tiene el documento largo son, sobre todo, mecanismos de implementación o pequeñas aclaraciones a los grandes temas ya publicados.

En segundo lugar, la lectura me deja la sensación de que los desacuerdos (o lo que falta por acordar y está entre paréntesis) son cosas más bien residuales, de implementación o proceso. Excepto por una que siempre ha sido de álgida discusión: la cuestión de soberanía o seguridad alimentaria.

La tercera, es que el acuerdo no enfrenta los conflictos actuales sobre el uso de la tierra. Por ejemplo, no se refiere a la explotación minera. Nunca se dice, por ejemplo, en caso de decidir entre explotación campesina o agrícola y minería cómo se deberían resolver esos conflictos.

Mucho espacio abierto para futuras discrepancias en la interpretación de los acuerdos.

Es oportuna la publicación de los acuerdos.

No porque por medio de lo publicado estemos mucho mejor informados de lo que se negocia en La Habana, sino porque muestra cómo el Gobierno y las Farc son conscientes de que el tiempo pasa y la oposición al proceso cobra por ello fuerza cada día, y cuando menos las invocaciones a la transparencia -que nunca puede ser completa- dan la sensación de que algo se mueve.

Está claro que la negociación se mete en 2015. Bien, pues de aquí a entonces harán falta pasos sólidos, visibles y concretos para que el Gobierno no pierda la batalla de la opinión pública.