Primero: Atender de manera urgente a los cientos de familias deportadas ilegalmente, antes que la política, el cuidado de la ciudadanía. En nuestra visita a la frontera, notamos una tímida e insuficiente presencia del gobierno. 

Segundo: Evaluar la conveniencia sobre la presencia del gobierno de Venezuela como garante del proceso de paz. 

Tercero: Llevar ante organismos multilaterales como el Consejo Permanente de la OEA y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a discusión la violación que el gobierno de Venezuela ha cometido de la Carta Interamericana de la OEA y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Vale la pena anotar que la argumentación del régimen venezolano respecto a la deportación ilegal de colombianos en frontera, puede hacerse extensiva a todos los colombianos residentes en la República Bolivariana. Al menos que el gobierno de Colombia actúe con diligencia ante los organismos multilaterales, podríamos presenciar una deportación aún mayor, mientras el régimen se siga deteriorando y buscando enemigos externos para distraer. 
 

La crisis que ha producido el cierre de la frontera colombo-venezolana en el Estado de Tachira es la reacción desde Venezuela a una situación muy delicada de actores organizados que desde hace varios años ejercen acciones ilegales con sus respectivas dinámicas de violencia, que ha tenido en la agresión al Ejercito de Venezuela, la respuesta que ocupa el debate público y la  acción de los dos gobiernos.

Decir que esta crisis debe ser tratada de manera diplomáticamente no dice mucho. Por supuesto que ante las crisis entre Estados el recurso es la diplomacia.

Lo de fondo es ver cuáles van a ser las políticas para que los dos Estados ganen el control soberano y en derecho de un territorio que no controlan, de lado y lado.

Ese es el punto central y allí parece que la imaginación y la acción concreta no se ve, no se logra, no hay voluntad, no existen las políticas y los mecanismos para llevarlas adelante. Porque hace años sabemos lo que pasa en la frontera: está plagada de ilegales de todos los pelambres y han echado raíces, a los dos lados, ese es el reto.

La pregunta entonces es: ¿Cómo recuperar la frontera para la democracia y la legalidad?.

¿Se quedó sin minutos el Presidente Santos que no ha tenido tiempo para una alocución presidencial sobre tan grave asunto?

Las declaraciones de la Canciller que "sigue minuto a minuto el desarrollo de lo que pasa en la frontera" son gaseosas,  por lo tanto se evaporan.

¿Será que teme que se "dañe" el refugio de las Farc?

¿Qué clase de garante para la paz es un gobierno que atenta contra la dignidad y honra de nuestros ciudadanos? 

Nuestros connacionales viven una crisis humanitaria que desde el mes de mayo se veía venir y así lo denuncio el presidente del Partido Conservador David Barguil con el propósito que se tomarán medidas preventivas.

 El cierre de la frontera no afecta al territorio sino a los ciudadanos colombianos que viven el drama del desplazamiento forzado.

El gobierno debe asumir de inmediato la atención humanitaria de emergencia, mientras esperamos que en las reuniones de alto nivel el Presidente (si aparece) exija el respeto a nuestros connacionales. 

Llama también la atención el silencio de los organismos internacionales de cooperación como la OIM y ACNUR. De UNASUR nada se puede esperar, Samper es un incondicional de Maduro.