Primero, que tenga distancia con el gobierno. No conviene un magistrado gobiernista en medio del panorama de debate en materia constitucional que vive el país debido a la negociación con las FARC.

Segundo, que el magistrado electo no vaya a ser catalogado como "de la paz". Colombia requiere una Corte Constitucional que haga un examen estricto, desapasionado y alejado de cualquier tipo de filosofía o corriente política en cuanto a los mecanismos por medio de los cuales se refrendará el acuerdo de La Habana -si es que se firma- no ayuda al polarizado ambiente nacional respecto al proceso de paz que los guardianes de la constitución caigan en el torbellino político de la paz.

Finalmente, es fundamental que el nuevo magistrado que integre la Corte Constitucional tenga un profundo conocimiento de Derecho Internacional Público, puesto que los acuerdos en materia de justicia con las FARC requiere un estricto análisis jurídico a la luz de los compromisos y tratados internacionales que Colombia ha suscrito.