Sin duda necesitamos un pacto agrario, pero el del 12 de septiembre solo fue un titular más. Un verdadero pacto debe responder a la pregunta de cuál modelo de desarrollo rural reclama la gente del campo, que no salió a marchar y que es la mayoría que nadie representa.

Me atrevo a plantear desde una mirada conservadora que, como esta crisis no es solo de tecnología, maquinaria o semillas, sino de los derechos de sus habitantes, se requiere que Estado planee y oriente para buscar un equilibrio en el desarrollo del agro controlando la expansión de la frontera agrícola, buscando la protección del medio ambiente de forma concertada y participativa con quienes lo habitan.

Que el Estado cumpla sus funciones en el ordenamiento del territorio aplicando los mecanismos de control existentes frente al abuso de los monopolios. Que la prepotencia de una política neoliberal extractiva no condene la oportunidad de fortalecer la economía campesina y la seguridad alimentaria del país.

La idea es importante para empezar a generar un ambiente de cooperación y confianza entre las partes. El ejercicio de ayer jueves fue un buen comienzo, pero la dinámica no fue tan fluida como se esperaba, especialmente por la falta de acuerdos previos concretos con cada gremio y por la inexistencia de diagnósticos rigurosos del agro.

El gran interrogante que queda es ¿por qué para sacar adelante al campo, lo cual es un mandato ético y constitucional, la ciudadanía tuvo que forzar al Gobierno a hacer un pacto? ¿No era suficiente con saber que todos los colombianos tenemos derecho a una vida digna, sea que vivamos en ciudades o en el campo?

Su necesidad era ya un corolario de los diálogos de paz. El reciente paro y el amplio apoyo que recibió, incluso entre la ciudadanía urbana, lo hacen aún más urgente.

Su objetivo esencial debe ser reducir la brecha rural-urbana, que era ya elevada hace dos décadas pero se ha agudizado, sobre todo en materia de ingresos. Eso significa inversión social y en infraestructura, así como en la estructura institucional del Estado. Implica mirar de nuevo la política e instituciones agrarias, debilitadas hoy en casi todos los campos. Incluyo aquí el papel de organizaciones campesinas e instituciones gremiales. Y la propiedad de la tierra, el gran tema pendiente de nuestra historia económica.

Significa mirar, por último, la política macroeconómica y de comercio exterior, porque el sector agrario ha sido una de las víctimas principales de la mezcla venenosa de revaluación con TLCs, cuyo resultado es que un país con vocación agrícola ha dejado de tener un excedente comercial en ese sector.

Para hacerle creer a los campesinos y empresraios del Agro que se tiene puesta la camiseta del sector.

En lugar de volver a los anuncios carentes de contenido, el gobierno debería apresurarse a ejecutar los pocos recursos de inversión que le dejó a la agricultura colombiana; volver por el curso de la mejor ruta a la modernidad que le había dejado trazado el gobierno anterior con el programa AIS; recuperar la política comercial para anticiparse a las bondades y a las dificultades que imponen los distintos TLC firmados; reactivar el diálogo permanente con los agricultores colombianos; y no permitir jamás que quienes han sido por décadas los verdugos del campo -terroristas Farc- funjan ahora como los salvadores del mismo.

Pero, además, es preciso dar ejemplo. No es justificable que el gobierno de la mermelada proyecte para 2014 aumentar los gastos burocráticos en 8,2%, mientras rebaja la inversión total en un 7% y la del sector agropecuario en un 30%.

Así es muy difícil creer.

El pacto nacional agrario es fundamental para determinar los elementos de una política rural. Lo grave es que se quede en un discurso o una reunión. Lo importante entonces es ver cómo se pasa de ese discurso a la política, a algo tangible.

No es otra cosa que la demostración de la incompetencia del Gobierno que en tres años no diseñó una política industrial ni una de desarrollo agrícola y rural indispensable para la seguridad alimentaria del país, para las exportaciones, para reducir la pobreza y para la seguridad nacional.

Los daños al campesinado y las pérdidas económicas por los paros agrícolas no se solucionarán con las "medidas de choque" acostumbradas por este gobierno cuando tiene el agua al cuello.

El famoso Pacto Agrario no debe ser otra cosa que desarrollar acuerdos de productividad por cadenas agrícolas y agroindustriales que ya se ensayaron con excelentes resultados en la política de Colombia Compite del Gobierno de Pastrana. (Continúa abajo...)

En esos acuerdos se identifican cultivos con mayor potencial y ventajas comparativas y se definen montos de producción que atiendan la demanda de esas materias primas agrícolas para la industria nacional o el consumo interno, y se hacen acuerdos de absorción con precios equivalentes al precio internacional.

Los insumos, la infraestructura -como distritos de riego, centrales de acopio y secamiento- y la comercialización deben involucrar a todos los eslabones de las cadenas y brindar garantías al campesino de que su cosecha no se pudrirá en la puerta de la finca como sucede hoy.

Y la aplicación de remedios comerciales cuando pueda haber amenaza de daño a la producción nacional debe ser inmediata y no extemporánea como en este Gobierno, para el cual la inserción internacional se ha limitado a ofrecer el mercado interno a través de TLC, más que a fortalecer la producción para conquistar el mercado externo.

Es necesario si queremos construir una visión de país sobre el campo. Es necesario arrebatar de pequeños grupos legales e ilegales la iniciativa en la política, el control territorial y la planeación sobre el quehacer en vastas zonas rurales del país. El campo país de todos

Es urgente definir una política de reforma agraria integral que esté en consonancia con los acuerdos negociados en La Habana y también con las exigencias de los campesinos y pequeños productores.

Es decir, una nueva orientación que permita protegerlos de los TLC, evitar la concentración en la tenencia y el uso de la tierra, evitar la extranjerización de la tierra y que permita un nuevo horizonte de desarrollo rural.

Es necesario el diálogo social que viene con la paz para eliminar las causas del conflicto y también para eliminar el conflicto social.

Los gobiernos de Colombia históricamente no han mirado hacia el campo. Las personas que han ocupado la presidencia del país vienen de la oligarquía social y no han tenido contacto con el campo.

En este país solo se le ha prestado atención a los grandes empresarios del café y a los grandes floricultores. Y es increíble que en un país agrario como Colombia no se haya hecho una reforma agraria seria que favorezca al campesino del común.

En Colombia es necesario un gran consenso con los sectores agropecuarios que se vuelva política de Estado.

El nombramiento del gerente de Indupalma como Ministro de Agricultura deja claro que desde la perspectiva de la élite, el pacto tiene como propósitos: i) legitimar una política orientada industrializar la agricultura con modelos de producción de capital intensivo; ii) mantener lo pactado en el TLC, a costa de la seguridad y soberanía alimentarias, iii) apaciguar el descontento campesino con medidas transitorias que no resuelven el problema de fondo, y iv) legalizar un delito.

Tiene la élite la ventaja organizativa, pues ni los sectores sociales que buscan modernizar a Colombia (como José Antonio Ocampo, junto a quienes hace unos meses sonaban bajo el título “Encuentro de Ciudadanos por la Democracia”), ni mucho menos la izquierda conservadora (Clarita está concentrada en la campaña), se han ocupado de dar forma a una organización política que dé un rumbo al descontento popular hoy manifestado en la crisis agrícola.