Un pacto de la nación Colombiana es lo que hemos intentado desde hace más de treinta años, cuando el Presidente Belisario Betancur acogió la iniciativa de Jaime Bateman Cayon, en su momento comandante del M-19 y quien había insistido desde 1980, de encontrar un camino de entendimiento y cerrar la guerra fratricida, que para el momento ya había dejado heridas, las cuales se ampliarían y profundizarían hasta el día de hoy, tres décadas después.

Por supuesto que hay que trabajar por un Pacto Nacional de Paz y en buena hora el Procurador General Alejandro Ordoñez con la asesoría de Rafael Guarin, viene planteando la propuesta de trabajar por un acuerdo de carácter amplio, donde los opositores a los diálogos y negociaciones que se adelantan entre el Presidente Juan Manuel Santos y las FARC y las que se abrirán en las próximas semanas con el ELN, presenten sus consideraciones y se pueda trabajar por una concertación, difícil, compleja, que se ve lejana pero totalmente necesaria si queremos un proceso de cierre del conflicto armado y construcción de paz, de manera estable y duradera, como lo ha formulado el titular de la agenda pactada y en trámite en La Habana.

Lo que falta en Colombia es capacidad de diálogo y construcción de acuerdos entre diferentes, de manera civilizada, recurriendo a la controversia, a la presentación de las tesis disimiles y buscar un campo común para la acción conjunta, y de esa tragedia para encontrar un camino compartido nos habla la negativa de Alvaro Uribe para mandar un mensaje compartido con Antanas Mockus e Iván Cepeda, en una movilización por la VIDA, un mandato imperativo, la VIDA, a lo cual se rehúsa ese importante liderazgo que es Álvaro Uribe.

Un Pacto Nacional de Paz es lo que se viene construyendo en la mesa Gobierno-FARC y el cual se va a complementar con la mesa Gobierno-ELN, pero este pacto requiere de la mayor pluralidad social, gremial y política, por eso es buena noticia que el Procurador Alejandro Ordoñez esté interesado en promover y participar de una concertación, que viene andando, pero por supuesto requiere de otras voces.

El cierre del conflicto armado va andando, se basa en una actitud de reconocimiento de responsabilidades, de implementar las reformas pertinentes, en tener una amplia verdad de este largo conflicto, con sus lógicas y protagonistas y por supuesto con garantías, para que no se siga esa nefasta saga de eliminar a los contradictores.

Un Pacto Nacional de Paz, es pertinente, bienvenido el Procurador a este proceso de concertaciones y construcción de unos acuerdos para una Colombia en Paz.

Yo estoy completamente de acuerdo. Pero, ya que yo no he sido cercano de narcos ni de paras ni de guerrilleros ni de políticos corruptos, el problema es que se pongan de acuerdo tantos -los demasiados- que se han dado el lujo de no creer en la ley, de ponerse por encima o por debajo de la Constitución, pero que están dispuestos a irse a la tumba con su amañada versión de los hechos como capitanes educados para hundirse con sus barcos llenos de huecos. Para ello, para que a diestra y siniestra se llegue a una conclusión que sea ese pacto por la paz, tendría que advertirse que el relato detrás de su versión no será judicializado, y bueno: reconocer que sigue sucediendo la misma guerra perdida que no se dio por generación espontánea.

Es relativo a la comprensión que haya sobre el pacto, si se refiere al compromiso de los partidos políticos en torno a la paz, un compromiso fundamental que deben realizar en materia de participación, reforma electoral y política, que de mayor garantías a los nuevos partidos que surjan, así como a las minorías existentes.

En diferentes escenarios hemos insistido en la necesidad de construir un dialogo entre todas las fuerzas políticas, para asumir no solamente el compromiso con la paz como una cuestión de nación, sino también para hablar de transparencia electoral, participación política, neutralidad de órganos de control, entre otras condiciones vitales para el mantenimiento de la paz en un campo democrático y participativo.

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Pues no se recuerda  un proceso de paz  que haya contado con una oposición que llegó a materializarse en un debate electoral , el de 2014, tanto en las elecciones de congreso como en la primera y segunda vuelta. No fue así cuando se hizo la Paz entre liberales y conservadores, en 1957. Tampoco en el proceso que inicio Betancur en 1982 . Virgilio Barco, no obstante las críticas que formulo durante la campaña presidencial, lo continuo. Y la iniciativa de paz que promovió en la mitad de su mandato fue exitosa, llevó al acuerdo con el M-19 y otros grupos guerrilleros. El del presidente Pastrana tuvo críticas y fracasó por situaciones que la opinión pública consideró intolerables y que el propio presidente denunció con indignación en su momento, febrero de 2002. El presidente Uribe adelantó conversaciones con el ELN durante varios años sin mayor repercusión...y llegó a acuerdos con los grupos de autodefensa que fueron muy controversiales en Colombia y mucho en el exterior. Todavía se debaten.

Pero no conocíamos una crítica que se hubiera convertido en debate electoral, sobretodo, en la segunda vuelta y que hubiera dividido al electorado casi por mitades.

Obvio, un proceso de paz es una cuestión fundamental que requiere un acuerdo nacional, ojalá tan sólido como el de los procesos exitosos de paz que ya hemos tenido.

Un acuerdo así necesita legitimidad, la decisión de todo el país de hacerlo valer y unos mecanismos e instituciones estables y robustos para hacerlos valer. De resto es pura tinta.

La legitimidad se garantiza involucrando a todos los actores: partidos, gremios, los trabajadores, todas las ramas del poder, incluída la prensa, y todas las organizaciones civiles.

De nada servirá acordar la paz si la toma del estado por políticos corruptos, la falta de participación ciudadana y la escandalosa desigualdad no se resuelven.

La Asamblea Nacional Constituyente es la única instancia que involucra a todos los sectores y está en capacidad de reformular toda la arquitectura institucional.

Con los sectores reacios habrá que hacer como con la guerrilla: generar hechos que los obliguen a sentarse a la mesa. Estos hechos incluyen cárcel por crímenes contra el estado, despojo de tierras y los derechos humanos, revelación de vínculos con organizaciones criminales y del narcotráfico, e impuestos a la renta de la tierra.