Partamos por entender "corrupción" en lo público como "el aprovechamiento de las prerrogativas que se tienen por ejercer un cargo público, en beneficio propio y no para el servicio a la comunidad".

Así las cosas, lo que se ha conocido como "mermelada" (principalmente los cupos indicativos) en sí misma no implicaría corrupción, pues para que se diera habría que determinar quiénes y con qué objeto emplean esos recursos.

Pero como en Colombia la mayoría de congresistas (si no todos) -cuyas funciones no son gestionar recursos sino legislar y ejercer control político- gestionan "mermelada" para sus regiones con el objeto de mantener o acrecentar su clientela o caudal electoral, sí se da la corrupción.

Habría corrupción aceptable (porque los cupos indicativos son "legales"), si dicha gestión fuera en aras del bien común público y no para mantener clientelas, o sea poder electoral.

De todas maneras es alentador que estemos debatiendo este tipo de cuestiones en un país que ha venido perdiendo su sensibilidad ética. Solo lograremos recuperar la legitimidad de la política cuando restablezcamos el "link" entre ética y política y entendamos que no todo lo legal es ético.

Una de las famosas frases del presidente Turbay Ayala fue que la corrupción había que reducirla a sus justas proporciones. Eso, en términos de mermelada, significaría aceptar que se puede untar la tostada, pero que no se la pueden comer a cucharadas.

Mermelada es corrupción, una práctica perversa a la que en el 2001 la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de ponerle el tate quieto y no lo hizo, dejando el espacio abierto al permitir que los congresistas sugieran inversiones.

Tres billones de pesos es el botín que acumulan los congresistas por sus buenos oficios con el ejecutivo -votar sí a los proyectos de ley o reformas que promueve el ejecutivo- y con el que el ejecutivo celebra el apoyo.

¿De dónde sale que es función del congresista gestionar recursos? No es una función constitucional. ¿Quién controla esa gestión? ¿Quién señala el monto del cupo? ¿Cómo se rinde cuentas de los recursos gestionados? ¿Qué relación tienen los contratistas que ejecutan esos recursos con la financiación de las campañas de los congresistas? ¿Cómo se seleccionan los municipios beneficiados por la "gestión" del congresista?

La mermelada revivió la figura corrupta de los auxilios parlamentarios del siglo pasado y podrán llamarla como quieran: es corrupción con los recursos públicos. Para los que aun no conozcan la definición: prebendas, burocracia, cupos indicativos que el gobierno otorga a los congresistas para que no miren, no protesten, no controlen y caigan de rodillas a favor del ejecutivo.

Mermelada: término muy dulce para definir algo muy amargo, la corrupción y el clientelismo, que es diferente a la gestión de recursos para las regiones y que forma parte de la tarea de los parlamentarios.

Hoy los congresistas pasaron de ser legisladores a intermediarios de contratistas y negociadores de cupos indicativos. Y en ese trabajo de intermediación se pierden recursos de nosotros los colombianos.

No solamente es corrupción porque se escoge a dedo a quien se le entregan montos muy grande de recursos públicos, sino que además se le permite al beneficiario directo que la use para financiar directa o indirectamente su llegada al Congreso de la República.

El precio que está pagando el Gobierno por esa práctica es altísimo porque han llegado figuras vergonzosas al Parlamento colombiano gracias a la mermelada. Este es el efecto bumerán que le costará mucho al Gobierno.