Desde su misma reelección se advirtieron los conflictos de intereses de sus electores. Y no obstante, el fallo no apunta a esa razón fundamental.

El argumento central del fallo es que no podía ser reelecto porque no está consagrado. Esto nos deja igual que antes: No se castiga la falta real, ni lo que es dañino para la sociedad.

El Procurador no se va por la corrupción que implica el "yo te nombro y tú me eliges". Se va por virtud del vacío existente en la norma, que se resuelve por principios -si no está consagrado, no se puede.

Quedamos igual que antes porque el espíritu leguleyo que impera en Colombia sale fortalecido: no hay que buscar justicia, sino la forma legal de hacerlo. En últimas, se trata de seguir separando la realidad del derecho. Al margen de la buena noticia para el país laico, ganan los leguleyos y pierde el país.

En principio no es bueno para la seguridad jurídica del país y la estabilidad institucional, a no ser que la decisión sea estrictamente jurídica y sólidamente fundamentada. Pero surgen dudas: ¿son sólidos los fundamentos de ponencia que tuvo giro de 180 grados en meses? ¿Qué cambio tan drástico hubo en la demanda y mente del ponente? ¿Por qué se filtró a los medios antes de ser discutida en la sala? ¿Se quiso medir temperatura de la opinión pública?

Varios formadores de opinión le atribuyen al Procurador "sesgo ideológico" por su religión, algo sin asidero puesto que en ninguna de sus decisiones ha dicho o escrito algo parecido a, por ejemplo, "el quinto mandamiento de la Ley de Dios nos ordena". Quizás los que así juzgan no han caído en la cuenta de que incurren en aquello de que "cada ladrón juzga por su condición".

Ninguna Procuraduría anterior ha tenido una gestión tan efectiva en la lucha contra la corrupción, con una característica muy importante en beneficio del Estado: los fallos disciplinarios se han producido cuando el funcionario aún está en funciones y no después de que deje el cargo como era costumbre. Que aparentemente se haya excedido en algunas sanciones puede ser cierto, pero para eso está, ahí sí, la instancia del Consejo de Estado.

Buenísimo porque se abre la oportunidad de que llegue alguien más progresista, menos dogmático.

Además es un excelente precedente para que se pongan reglas claras sobre los mecanismos realmente legítimos para elegir un Procurador.

Ojalá con ese tipo de medidas se acabe con la máxima actual de "Yo te elijo, tú me eliges".

Lo relevante es la ratio decidendi, o sea los fundamentos de la decisión.

En todo caso, desdice del sistema jurídico que eso ocurra. Y peor aún si habiendo razones no ocurre.

Es bueno si la sentencia es sólida y además porque (a) el Sr. Ordóñez no comparte el principio laico de la Constitución; (b) porque su reelección fue particularmente desaseada; (c) porque ha demostrado un sesgo ideológico en muchas de sus decisiones; y (d) porque ha hecho notoria su ambición política con miras a un futuro presidencial.

Pero creo que debe prohibirse la reelección en los cargos públicos de la rama ejecutiva-administrativa que tienen períodos legales y debe reformarse el código disciplinario en lo que choca con la Convención Interamericana de Derecho Humanos.