La renuncia mandaría un mensaje que el país necesita pero no soluciona el problema de fondo. Además correríamos el peligro de reemplazar buenos magistrados por otros que podrían no tener las calidades por el sistema actual de elección que permite "manoseo" a los candidatos por parte de la clase política. Considero que los magistrados no deben ser elegidos por el Congreso. Aplicar justicia es esencial para una Nación y su democracia, mucho mas que gestionar la inflación pero para ello es claro que a la Junta Directiva del Banco de la República nunca la expondrían a transacciones políticas en el Congreso. Hay un problema de entendimiento sobre la importancia de la justicia y de los jueces.

De otra parte, la coyuntura no es buena para un cambio constitucional: las FARC deben estar expectantes para pescar en río revuelto. Estas crisis institucionales, de otra parte, suenan parecidas a lo sucedido en la Venezuela pre-Chaves y da temor que nos repitan acá en Colombia la receta del "socialismo Siglo XXI".

Estamos en un una encrucijada y los liderazgos actuales no están dando la talla. Es lamentable.

Me atrevo a decir que este no es un problema de todo o nada y que meter a la Corte y a todos sus funcionarios en el mismo costal no sólo es injusto, sino que no resuelve nada y sí genera muchos riesgos para las conquistas que hemos logrado hasta ahora en la defensa de los derechos humanos en el país.

Y aprovecho para invitar a este grupo de gente inteligente y comprometida, a conversar en la silla llena: ¿qué podemos hacer para mejorar lo malo y fortalecer lo bueno de nuestra Corte Constitucional? http://lasillallena.lasillavacia.com/todas-las-voces/qu-podemos-hacer-pa...

Sí,deberían renunciar, porque les faltó estatura ética para preservar el buen nombre de la corte más prestigiosa creada por la Constitución del 91, por donde pasaron juristas del nivel de Ciro Angarita Barón, Carlos Gaviria, José Gregorio Hernández y Eduardo Cifuentes. Pero tampoco eso resuelve la profundidad de la crisis de la justicia. Y de cara al posconflicto tiene el país el desafío de contar - con mayor imperiosidad - con una Justicia garante de una paz sólida, lo que implica una cirugía al poder judicial tomado por la corrupción. Tareas como éstas, probablemente, van a terminar imponiendo en la agenda política nacional una nueva Asamblea Constituyente. "El régimen está podrido: hay que cambiarlo", decía Alvaro Gómez el tramo final de su larga carrera política. Su franco diagnóstico sigue vigente. El país sigue siendo una inmensa cloaca. Hay que comenzar por la Justicia.

¿Por qué hemos llegado a esta situación? Habrá tres versiones: 1) La culpa es de Uribe -que todo cuanto toca y a quien nombra, da sus frutos. 2) En todas partes hay manzanas podridas, difíciles de detectar. 3) Es el diseño institucional.

Las soluciones son distintas: 1) Deshacerse de los frutos de Uribe. 2) Encomendarse a la virgen. 3) Reformar la arquitectura de la justicia.

Es obvio que 3 contiene a 2 y a 1, pero no conviene 3. Entonces, mejor 1, para que la corte mejore su credibilidad, y hacer cuanto se pueda para que 2 no fructifique. No obstante, hoy son los frutos de Uribe, y mañana serán los de Santos -o Bejarano. Porque lo que a Uribe, Santos y Bejarano les es permitido hacer, también son frutos de 3.

Blanco es, gallina lo pone, y fruto se come.

Conveniencia resulta ser hoy por hoy una palabra peligrosa. ¿Convendría a quién y para qué? 

El deterioro de la confianza del ciudadano por la institucionalidad que representa a la Justicia está en su peor momento.

Renunciar es un acto voluntario y eso no se va a dar. Ya lo vivimos. Hace tan solo unos pocos años no renunció un presidente a quien también le quitaron la visa y sumió al país en uno de los peores estados de ingobernabilidad. 

Revocar sería lo más apropiado y es precisamente ese planteamiento el que el Partido Conservador le hizo al presidente Santos en la carta enviada el día de ayer donde se propone la creación de una Corte Constitucional de excepción la cual, alejada de cualquier interés político, se integre por personas de las más altas calidades  no solo profesionales,  sino éticas y morales.

El expresidente Andrés Pastrana hace unos días hizo  un respetuoso llamado al presidente Santos para que convoque de manera urgente a un Acuerdo Nacional para salvar la justicia.

No es un asunto de conveniencia, es un deber devolverle la confianza al ciudadano en sus instituciones. "Democracia y Justicia son una única palabra" nos lo recordó ayer el exmagistrado Augusto Ibáñez. 

Colombia requiere una transformación ética profunda. Hemos estado sumergidos en la ignominia por generaciones, vivimos y sufrimos de enorme incredulidad ante la perspectiva de una sociedad sana y responsable con un proyecto compartido. Estamos fragmentados y enfrentados de manera destructiva.

Se requieren señales firmes y claras de un cambio posible ante la evidencia de que las cosas van por mala senda. Debería haber no solo una reacción ciudadana enérgica, una acción institucional pertinente y un debate público propositivo, sino respuesta de los implicados.

Ante el oprobioso escándalo en la Corte Constitucional, bien harían todos los magistrados si se hicieran a un lado y le mostraran a la sociedad que se puede y se debe tener sentido de responsabilidad ante la dimensión de los hechos tan censurables y delicados.

Me parece inconveniente la propuesta. Primero el caso de Pretelt tiene unas connotaciones particulares y si bien, hay prácticas indeseables de algunos miembros de la Corte no son comparables con las acusaciones sobre dicho magistrado. Segundo, nada asegura que la salida implique una mejor situación que la actual. Tercero, varios de los actuales Magistrados son personas merecedoras de toda la confianza.

El problema creado en la justicia implica decisiones radicales porque el deterioro es muy grande. Por eso insisto en mi propuesta de revocatoria o renuncia de los magistrados de todas las Cortes, aun cuando tengan que irse aquellos que no hacen parte del carrusel de la justicia.

Lo que sorprende es la actitud del gobierno que no quiere que haya revocatoria ni renuncia, pero tampoco propone nada. Si el gobierno cree que con el proyecto de reforma de equilibrio de los poderes se van a controlar los carteles de exmagistrados, conjueces y abogados íntimos de los jueces de las altas Corte, está equivocadísimo. Mientras el gobierno y los magistrados sigan pensando en resolverle la crisis personal a cada magistrado y no la de la Corte Constitucional, seguirán patinando y agravándose el gravísimo problema que atraviesa la justicia. Tampoco puede haber un pacto nacional por la justicia convocado por el centro democrático, responsable de la podredumbre en las Cortes.