La Constitución Política y las sentencias de la Corte Constitucional establecen la propiedad del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables. Muchas veces los Gobiernos locales y las comunidades no comprenden suficientemente el tema y no son informados sino políticamente usados.

Más que renunciar a la explotación de la riqueza minera, se requiere buscar desarrollo estratégico, logrando equilibrio con el desarrollo de las comunidades y la protección ambiental. Es necesario diferenciar minería legal, ilegal y artesanal. Es urgente levantar un censo nacional de mineros artesanales, porque algunos hablan de 80% de minería ilegal, 10% artesanal y 10% industrial, legal a mayor escala. Y es necesario impedir la explotación minera como fuente de recursos de los grupos armados ilegales.

Se debe buscar que las autoridades ambientales acompañen el proceso minero desde el principio, es decir, desde la exploración, no desde la explotación.

Quisiera compartir brevemente con los lectores lo que sucede en otros países de América del Sur frente a esta pregunta.

1ero: las consultas locales frente a la minería no son comunes. Hay casos emblemáticos como Esquel (Argentina) o Tambogrande (Perú). Por ello se las debe proteger y alentar.

2do: como en todas ellas (o al menos las que recuerdo) el resultado fue un abrumador rechazo a la minería, los gobiernos activamente las han limitado o impedido. Los gobiernos refuerzan la centralidad de la toma de decisiones en el extractivismo y no aceptan condicionalidades locales. Esto está ocurriendo ahora por ej en Uruguay.

3ero: se llega a la consultas en muchos casos cuando la gente entiende que ya no quedan, o quedan muy pocas vías institucionales para dialogar con el gobierno central. Por lo tanto reclamar consultas es un síntoma de cierta pobreza democrática, "oídos sordos" de gobiernos y sistemas políticos. Anular la consulta no resuelve esto.

Según la Constitución el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar social y ambiental de la gente. Sin embargo, carece de la capacidad para hacerlo. Carece de los conocimientos, carece de los mapas de uso del suelo, carece de los espacios de participación para que la gente construya su propio bienestar.

Por lo tanto, como el Gobierno no tiene esa capacidad, la situación es caótica. En ese contexto la gente dice: “mandamos nosotros”. La gente tiene derecho a defender lo suyo. El Gobierno debe sentarse a dialogar con la población, porque tiene legalidad pero no legitimidad y mucho menos capacidad.

Yo creo que se debe respetar, por lo menos políticamente. Legalmente habría que ver cuál es la interpretación de las Cortes.

De cualquier forma lo que está sucediendo en Colombia no es “tropical”. Hay antecedentes en otros países del mundo. En Montana (EE.UU.) se hizo una consulta en la que fue rechazada la minería de carbón a cielo abierto en montaña. La gente lo hizo porque le apostó al paisaje, entre otras cosas. También pasó en Montana una ley contra la minería con cianuro.

En Piedras se está discutiendo el procesamiento del oro. La gente ha rechazado esto porque no quiere que le dañen el agua. Si yo hubiese sido de allá también hubiese dicho no.

César tiene toda la razón: lo mejor sería hacer una consulta nacional para precisarle a goberantes y mercaderes lo que el pueblo colombiano quiere hacer con sus recursos minerales y sus ecosistemas.

Eso resolvería de una vez por todas los eventuales problemas constitucionales y legales que alude Alfredo Ramos, y pondría al gobierno a jugar el rol que la sociedad le asigna. ¿Me equivoco César?

Volvemos a la leguleyada. ¿Qué ley puede tener mayor valor que una decisión de la población construida en el marco de las normas? En Piedras hubo un proceso, se definió todo de acuerdo con las definiciones que regulan la participación ciudadana.

De lo contrario, quienes no viven ni en Piedras ni en el Tolima, terminan decidiendo el destino de futuras generaciones de esa región. Sabemos que por ganarse unos favores y unos pesos con los inversionistas les acomodan la ley.

Si el argumento es que es un tema de nación, entonces hagamos una consulta nacional para definirlo pero una autoridad débil apoyada en la fuerza, en la plata y en procesos no democráticos no puede decidir sobre destinos colectivos sin que pase nada.

Es muy positivo que la ciudadanía participe activamente en los procesos de construcción social, pues habla de una consciencia creciente en las decisiones más trascendentales. Infortunadamente, para este caso no es aplicable por razones constitucionales y legales.

Sin embargo, es un llamado de alerta para lo que viene en procesos de minería. Oponerse a empresas mineras formales abre el paso a que la minería ilegal comience a acceder a espacios en los que se haría más daño de lo que originalmente se hubiera pensado en todos los aspectos.

El desarrollo de la minería debe ser responsable o absolutamente responsable con el medio ambiente, con el desarrollo social y económico de las regiones. Ésa debe ser la única consigna del Estado: garantizar el cabal cumplimiento de la normatividad.

La constitución del 91 indica que la soberanía reside en el pueblo. La decisión de la gente debe respetarse. Debe desde el gobierno, policía y Ejercito respetarse esa decisión y no los intereses de la empresa.

Es urgente que sintamos que Gobierno defiende voluntad popular y evitar que Piedras se convierta en otro Catatumbo. Que los partidos políticos, los medios, los congresistas hagan válida esta decisión es colocar la primera piedra en la construcción de una democracia moderna.

El país debe hacer una reflexión sobre el tipo de minería que desea y tomar la decisión de los lugares donde cualquier tipo de actividad minera esta totalmente prohibido. Esa no puede ser una decisión de cada municipio o departamento, sino reflexionada y acordada en el nivel nacional.

Lo ocurrido en Piedras, debe ser tomado y valorado como un elemento de juicio pero no debe asumirse como la posición definitiva. Podríamos estar ante el escenario de un municipio que solicita, por el mismo mecanismo, la exclusión de la fuerza pública y ello no puede implicar una aceptación de la decisión.

Por el momento debe.

Si los beneficios económicos para la nación fueran considerables en comparación con los daños medioambientales, y si se garantizara que los recursos se invertirían en la construcción de capacidad en infraestructura, protección medioambiental, desarrollo humano y económico, entonces sería razonable explotar esa riqueza.

Si tal como se presume los recursos de la minería fueran a parar a manos extranjeras y si lo poco que se recauda fuera para la corrupción, la politiquería, la entronización de mafias y el despilfarro, entonces lo más sensato sería hacerle caso a la comunidad y dejar esos recursos quietos, hasta que una generación de colombianos más sobria y responsable les dé un uso adecuado.

Ese contraste tan chocante que uno ve en Colombia, entre el derroche de riqueza superflua en las grandes ciudades y la pobreza patente en las calles y zonas rurales, señala que la extracción de la riqueza sagrada del subsuelo debe esperar.