¿Cuál es el rol del sector minero en el proceso de paz? La pregunta no sólo es pertinente sino urgente. Los atentados de la guerrilla a oleoductos en el Putumayo nos recordaron que la presencia de los grupos armados ilegales en las regiones de extracción hace necesaria una reflexión de fondo sobre las perspectivas de la industria minero-energética en el posconflicto. Propongo 5 ejes de discusión:

1. Aunque sea el ELN el más abanderado del discurso nacionalista respecto de los recursos naturales como el petróleo y los minerales, la discusión en torno a los beneficios y ganancias que su extracción deja al país siempre ha estado presente en el imaginario de la lucha guerrillera. Los métodos a través de los cuáles parece plantearse desde las FARC son cada vez más cuestionados (i.e. voladura de oleoductos) y contradictorios con sus posturas en favor del medio ambiente (los impactos ambientales de la tragedia en Putumayo estarán ahí para recordárnoslo). Sin embargo, el debate en torno al state take, la porción de la torta con la que se queda el Estado, el rol de la empresa estatal Ecopetrol, el sistema tributario que rige al sector, no está zanjado. Se trata de un tema difícil en medio de una coyuntura de precios bajos en lo que todos los esfuerzos se destinan a hacer más atractivo el país para la inversión; pero es justo ahora que la negociación Estado-Mercado debe hacerse pensando en el largo plazo con contratos que puedan adaptarse a las condiciones volátiles del mercado pero que maximicen la renta que obtiene el Estado por la extracción de sus recursos. Al fin y al cabo, es esta renta la que se supone debe impulsar el desarrollo y puede financiar, en buena medida el posconflicto.

2. Pero la relación entre minería y paz no sólo está dada por las rentas que puede generar el sector para financiar el posconflicto. La extracción ilícita de minerales en numerosas regiones ha servido de combustible para el conflicto armado, abriendo paso a las FARC y a otras bandas criminales que extorsionan a pequeños mineros o se apoderan del negocio minero. ¿Qué tipo de transición se plantea entonces en estas regiones donde las FARC controlan la extracción minera? ¿Qué compromisos asume la guerrilla para dejar la actividad? ¿Qué compromisos asume el Estado para recuperar el control de esos territorios y evitar que otras bandas criminales se hagan con las minas? ¿Cómo se asegura el Estado de apoyar a los pequeños mineros informales para que no caigan en la cacería de brujas como criminales?

3. Los pre-acuerdos de La Habana han hecho énfasis en el rol de los territorios en la construcción de paz. Ello implica un rol renovado de las autoridades y de la ciudadanía y organizaciones sociales en el ámbito local. Pero también un mayor conocimiento de las instituciones del nivel nacional respecto de esta realidad regional y una mejor interacción con los actores locales para la toma de decisiones. El sector minero-energético altamente centralizado y jerárquico tendrá entonces que repensar cuáles serán los mecanismos a través de los cuáles las comunidades y los gobiernos locales pueden participar activamente en las decisiones sobre el ordenamiento minero. El famoso "decreto navideño" y las duras críticas que ha recibido son muestra que dichos mecanismos no pueden ser meras figuras procedimentales.

4. El rol de las empresas del sector en el posconflicto será también de suma importancia. Los líderes gremiales destacan el papel catalizador de la renta minera para financiar los programas del posconflicto. Pero su involucramiento va más allá. Por un lado, la primera responsabilidad del sector es la de cumplir las normas y adaptar sus prácticas a los más altos estándares ambientales, sociales y de derechos humanos. Por otro lado, además de las regalías cuya responsabilidad en la ejecución reside en el Estado, las empresas deben ser conscientes de la necesidad de alinear sus programas de RSE y su gestión social con el proyecto de territorio que los agentes locales planteen y evitar negociaciones al detal que generen división en las comunidades.

5. Por último, en un escenario de posconflicto que abre el paso a la participación y a la movilización, es posible que las tensiones socio-ambientales y la protesta social sigan en aumento materializando luchas políticas y viejos problemas no resueltos. En este contexto, será necesario que las compañías integren cada vez más la consideración y manejo de sus impactos sociales directos e indirectos en el marco de su gestión operacional con instrumentos que generen un mejor conocimiento del territorio, una mejor interacción con las comunidades y atención de sus quejas y reclamos y un sistema claro de prevención de contingencias y planeación para su manejo. Pero el Estado debe jugar un rol mayor para prevenir el escalamiento de estos conflictos y ejercer una intermediación adecuada cuando sea necesario. Un adecuado mapeo y conocimiento del territorio (problemas, actores, etc) y un sistema de alerta temprana son dos herramientas para empezar y garantizar que estas tensiones sociales no se traducen en violencia o afectación a los derechos humanos.

?

En medio del actual paradigma de la minería como ente abstracto y homogéneo, es necesario hacer distinciones para priorizar. Dos aspectos urgentes:

Los aluviones. En las regiones de aluviones auríferos o placeres, como los llamaron los mineros españoles del siglo XVI, el abandono estatal histórico, el oportunismo de actores ilegales, la corrupción y la falta de mínimas oportunidades de subsistencia para las comunidades ha hecho a la minería una actividadinhumana, ilegal, anti-técnica, anti-económica, sin seguridad social, contaminante y vinculada al conflicto armado, que muchas comunidades de seguro optarían por dejar si tuvieran alternativas para su sustento.

En la región pacifica, el bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar, sur de Córdoba, Tolima (Ataco y Saldaña) principalmente, la configuración territorial se ha dado de facto con un modelo minero heredado de La Colonia, nunca incorporado a un proyecto de país ni a una concepción de desarrollos regionales, ajena al control estatal central, pero en donde es una de las principales fuentes de empleo y a veces la única. Estos ricos y fáciles placeres conforman las raíces de nuestro extractivismo y de sus bonanzas financieras; más recientemente imbricados al narcotráfico y al conflicto armadoal ritmo de los precios internacionales. Ello produjo desplazamiento y despojo de comunidades minera tradicionales, financiamiento del conflicto armado y lavado de activos, así como omisiones del Estado para garantizar los derechos de las comunidades mineras étnicas y tradicionales definidos en la Ley 685 de 2001, incluyendo el fracaso de los programas de formalización y legalización minera, con su ineficaz política de prohibicionismo ambiental y policial, incapaz de distinguir comunidades mineras tradicionales de actores criminales.

Para superar la confusión de la minería aluvial con el conflicto armado y con la delincuencia, se requiere romper los lazos que los retroalimentan. Antes que continuar indefinidamente las disertaciones ideológicas y los estudios y ensayos de políticas que tardan más que la mina en agotarse, a partir de las mismas prácticas de la gente poner esta minería en función de su desarrollo social y económico podría ser la clave. Sería meter esta riqueza nacional en la paz, creando empresas estatales de aluviones administradas económica y ecológicamente para las comunidades con tecnología limpia que ya existe, antes que nada con oro para la orfebrería y la industria nacional. Convías, electrificación, acueductos, salud y educación; que jalone otros sectores productivos locales, y permita el cierre de las minas rehabilitando las áreas afectadas, ello requiere una política integral profunda, mucha voluntad y no la mezquina visión de extraer el oro de las regiones, enriqueciendo a unos pocos y cobrando regalías para la corrupción y las maquinarias burocráticas.

Segundo. El modelo de minería de gran escala debe revisarse de manera que permita evaluar y planear los proyectos en función de los modelos y planes de desarrollo regionales, jalonando sectores agropecuarios, industriales y de infraestructura social, de conservación ecológica e invirtiendo las regalías bajo premisas de desarrollo sostenible es decir durable, de largo plazo o estructural, para dejar las posibilidades materiales de la paz a las generaciones futuras, y no la caja menor“del diario” de los gobiernos de momento.

La definición de desarrollo sostenible para Colombia es tan solo un párrafo en la Ley 99 de 1993, y es menos el modelo de articulación de las diferentes minerías los desarrollos regionales sostenibles.

Tres realidades introductorias:

Primero, que la guerrilla hoy es el mayor extractor ilícito de minerales, habiendo cambiado la fuente de financiación de sus actividades de los cultivos ilícitos y los negocios que sobre ellos gravitan por la extracción clandestina -directa o indirectamente- de un producto legal: los minerales, usualmente oro pero también coltán y otros.

En efecto, el ciclo de precios altos para el caso del oro y el carbón (aunque hoy el panorama de precios haya cambiado), así como el hecho de que se trate de productos cuya comercialización es legal (diferente a las drogas ilícitas), han hecho que los grupos al margen de la ley adapten sus comportamientos criminales. Es por ello que no debe sorprender que coincidan los territorios que antes eran áreas de cultivos ilícitos y del narcotráfico y hoy son terreno de la extracción ilegal o de ambas actividades.

Segundo, lo anterior ratifica que hay una relación de causalidad entre ilegalidad (de cualquier naturaleza: cultivos ilícitos, narcotráfico, contrabando, extracción ilícita de minerales) y pobreza y violencia.

Tercero, la explotación de recursos naturales, en particular por multinacionales, ha estado históricamente en la agenda política y económica de algunos grupos al margen de la ley.

El escenario de construcción de paz plantea retos importantes en materia de presencia del Estado en el país rural. Sin duda, dada la posibilidad que ofrece la pequeña minería de generar ingresos relativamente rápido, existe el riesgo de que la misma se configure en un factor que, en presencia de un aumento inusual de la oferta laboral rural (desmovilización masiva de guerrilleros por ejemplo), se exacerbe la informalidad del sector minero en estas áreas. De hecho, existe una gran probabilidad que excombatientes en busca de reintegración a la sociedad civil busquen en (o continúen con) la pequeña minería un medio de ingresos.

Por esto, el Estado debe anticiparse y preparar la institucionalidad responsable de la Formalización de la pequeña minería, para recibir ex combatientes; pero, en todo caso, dichos programas deben intervenir oportunamente para generar un empleo formal, con la debida capacitación técnica, en condiciones de seguridad y legalidad. El peor escenario sería un aumento exponencial de la informalidad fuera de control.

En cuanto al sector privado, éste ya hoy contribuye a la paz en el país rural. Cada centímetro del territorio ocupado por la minería formal, es un centímetro del territorio que se le cierra a la ilegalidad y a la criminalidad. Parte de la estrategia del control de territorio se ejecuta, sin duda, a través del empresarismo legal que opera en las regiones apartadas de Colombia.

En este sentido, el país debe abrir más las puertas a una industria formal responsable y sostenible, sinónimo de empleo digno, recursos lícitos, trabajo con seguridad y salubridad, gestión ambiental, responsabilidad social empresarial, generación de valor compartido.

No obstante, será inevitable que en un escenario de construcción de paz se invite al sector privado a que refuerce su inversión en proyectos productivos que promuevan la generación de empleo e ingresos, contribuyendo a superar la pobreza y a la construcción de ciudadanía en las áreas rurales que históricamente han sido las más golpeadas por la violencia.

En fin, tanto el sector público como el sector privado minero, deben prepararse mejor para conquistar el país rural, con o sin un proceso de paz. Y la minería formal es sin duda una alternativa para ello.

Dudo que el sector minero financiará el posconflicto. La senadora Claudia López denunció un mico en la reforma tributaria para eximirlos de impuesto al patrimonio. Difícil pensar que así se conseguirá la plata para la paz. Además, a diferencia del petróleo, el Estado en Colombia está prácticamente excluido de la explotación minera directa.

Hay experiencias comparadas de posconflicto como Guatemala y el Congo dónde, con el cese de hostilidades, la depredación de recursos naturales se intensificó. Los conflictos armados degradan el ambiente, pero también pueden ser una forma trágica de conservación, porque impiden el acceso de ciertas operaciones extractivas de gran escala.

El posconflicto debe ser sustentable. Sería una paradoja que los libros de historia en el futuro indiquen que la conservación de los páramos frente a la minería a cielo abierto -mientras duró- obedeció a la presencia de grupos armados y no a una regulación ambiental vigorosa.

Por eso, el rol del sector minero en el posconflicto debe ser tomarse el derecho ambiental en serio y no operar en áreas protegidas, en especial las que tienen fuentes de agua. Así contribuiría a la construcción de la paz, pues prevendría los conflictos ambientales.