Si y es una persecución legítima. Los que delinquieron y abusaron del poder, los que se asocian con matones, los que usan la confianza ciudadana para perseguir la oposición deben ser perseguidos, enjuiciados y encarcelados. Se les puede aplicar normas de justicia transicional luego de que reconozcan sus responsabilidades ante el país.
Lo extraño es que en Colombia se les persiga dado el antecedente de impunidad existente en el país donde la justicia es aún una quimera y la impunidad es mimada y reina de los poderosos

El uribismo está asociado a los 'falsos positivos', a las 'chuzadas' y a otra serie de comportamientos que distan de un auténtico gobierno democrático, respetuoso de la vida y la intimidad, y con esa funesta etapa del país apenas se ha empezado a ajustar cuentas con parciales consecuencias carcelarias. Falta mucho todavía. La totalidad de la verdad no se conoce.

Y si algo ha faltado es una Fiscalía más efectiva y menos espectacular. Tal vez porque el fiscal habla mucho en los medios de comunicación y protagoniza en exceso, y porque la Fiscalía filtra intencionadamente información, se desconfía de su tarea y se sospecha de su equilibrio e imparcialidad. Si la Fiscalía borrara esa impresión, nadie, creo, dudaría de lo que está haciendo frente a los delitos cometidos por el uribismo.

Nada de persecución política. La persecución a la Corte fue evidente. Y ninguna forma más fácil para tratar de esquivar la justicia que contraatacar alegando y acusando por supuesta persecución política.

El anuncio de la Fiscalía General de que imputará cargos a Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, funcionarios durante la Presidencia de Álvaro Uribe, por su presunta participación en acciones ilegales contra la Corte Suprema de Justicia debe ser recibida como el trámite normal del funcionamiento de la justicia, que debe operar contra todos los delitos y todos los ciudadanos, independientemente de su condición.

La acción ilegal contra la Corte Suprema de Justicia está comprobada, hay personas condenadas por ello, es el caso de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado.

Lo que está por establecer es si hay más responsables y eso nos lleva a Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, igualmente hay otros mencionados: José Obdulio Gaviria y el mismo Álvaro Uribe.

Esa es la tarea de la justicia y la ciudadanía espera que ella haga lo que le corresponde en el orden constitucional. Si hay delitos hay que investigarlos y sancionar a los responsables.

El Uribismo puede argumentar políticamente que hay persecución, es su punto de vista, la realidad es que estamos ante unos delitos ya probados judicialmente y si faltan responsables deben ser enjuiciados y sancionados.