Poner plazo es un periódico de ayer. La exigencia es mayor, debe abordarse ya el tema del fin del conflicto. El desarrollo de la confrontación supero los tiempos de la mesa y exige cambiar el orden de lo acordado. El país exige mayoritariamente a ambos el fin de la confrontación.Los gestos se hacen insuficientes. El plazo en la opinión se acabó.

Con Antonio Navarro lanzamos la propuesta de una "septima papeleta" que se vote en las elecciones de Octubre, mediante la cual la ciudadanía le de un mandato a las Farc y al gobierno de culminar la negociación de paz antes del 9 de Abril de 2016.

Entendemos los riesgos. Pero la situación de estancamiento, ilegitimidad y agotamiento del proceso nos preocupa igualmente. Tenemos que usar esas tres realidades del proceso y la opinion pública en favor y no en contra del proceso. Hicimos consultas previas para no proponer algo imposible ni que se rechazara absolutamente.

Estamos convencidos que si no le damos oxigeno ciudadano y político al proceso difícilmente llegaremos a un acuerdo, y menos aún seremos capaces de refrendarlo con mayorías en las urnas. Estamos abiertos a criticas y contrapropuestas, pero la paz necesita toda la audacia de la que seamos capaces

El proceso de paz en Colombia enfrenta una creciente ola de escepticismo y de crítica, producto natural del escalamiento de las operaciones de las Farc y del cansancio de unas conversaciones que se perciben como estancadas. La tentación de ponerle un plazo fijo es grande, y no hay duda que las conversaciones deben alcanzar resultados adicionales muy pronto.

Sin embargo, es importante resistir esa tentación. Poner un plazo definido sería condenar el proceso al fracaso, principalmente porque la complejidad de la negociación, la duración del conflicto y la persistencia de acciones armadas probablemente conspiren contra su cumplimiento.

No debemos menospreciar los logros alcanzados: cuatro acuerdos parciales sobre temas en extremo difíciles y una resistencia a los embates internos y externos que explica porque ninguna de las partes ha pateado el tablero hasta entonces.

Pero la persistencia y la paciencia deben ser acompañadas de medidas concretas como insistir en el desescalamiento, demostrar los beneficios humanitarios del proceso, continuar con el desminado, liberar a los menores en manos de la guerrilla y preparar al país para los retos del post-conflicto.

Frente a la pregunta de porqué seguir negociando, conviene preguntarse también cuál sería la alternativa y quienes serían los beneficiarios de la continuación de esta absurda guerra.

No, rotundamente no. Amarrar el proceso a plazos fijos es echarlo por la borda. De ninguna manera ese tema se debería siquiera discutir más.

En cambio, lo que necesitamos es tomar decisiones sobre lo que lo atranca. Quitar la mula muerta que está taponando el camino, claramente el tema de la justicia a aplicar. El tema es sumamente complicado, a menos que la dirigencia de este país reflexione y acepte que sobre la sociedad toda, recae una parte importante de la responsabilidad del conflicto que durante medio siglo ya largo, viene azotándolo.

No podemos esperar a que la recién acordada Comisión de la Verdad presente sus informes. Tampoco a que se tramite y apruebe alguna legislación especial, y menos  nos podemos quedar como hoja seca en un remolino, viendo que tenemos que resolver  el asunto pero seguimos  atrapados en los temores a la Corte Penal Internacional, de la que,  muchas fuentes ya nos han indicado que no tiene tanta claridad, ni tantos instrumentos, ni tantos “dientes”. ¡Arreglemos nuestro problema! Y si los guerrilleros aceptan asumir el riesgo, asumámoslo, que por encima de todo está nuestro sagrado derecho a vivir en paz.

Más que un plazo, el presidente debe exigir el cese inmediato de actividades criminales por parte de las Farc.

La ciudadanía ha perdido confianza en la negociación de La Habana, pues no se entiende cómo mientras se habla de paz, en el país se sufre el deterioro de la seguridad como lo confirma el Ministerio de Defensa en su último informe sobre logros de la Política de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP) en donde se presenta un aumento del 62% en acciones terroristas en 2014 respecto a 2010, al igual que un exhorbitante aumento en la extorsión durante este mismo periodo, superior al 300%.

El lenguaje del gobierno respecto al anhelo de la paz, no corresponde a la realidad del país. El gobierno debe cambiar de estrategia y demandar cese del crimen a Farc y concentración en zonas del país, bajo la supervisión internacional.

Ante la difícil situación que vive el actual proceso de paz, más que definir un plazo perentorio, se debe llevar de una manera más abierta, que involucre a las instituciones y a los diferentes actores, para que exista una verdadera corresponsabilidad. Asimismo, es indispensable dar herramientas a la sociedad civil que le permitan tomar una decisión con la claridad necesaria frente a las consultas que deben ser avaladas por el pueblo colombiano.

También se hace inaplazable establecer una hoja de ruta que contemple el estado de avance del proceso, metas a corto, mediano y largo plazo, acuerdos logrados, imprevistos y correctivos para que el proceso no se estanque, o en el peor de los casos se de por terminado.

Aunque es compresible la discreción con la que el Gobierno Nacional ha dirigido el proceso, los acontecimientos de los últimos días requieren un cambio en el manejo que se le ha dado al proceso de paz de total discreción y hermetismo a un proceso de cara al país.

Un colega me regaló la frase de que ponerle plazos perentorios a la negociación podría ser como colocarle un taco de dinamita con mecha lenta. Tarde o temprano podría explotar.

Más bien debería evaluarse entre las partes qué tanto ha avanzado el proceso y determinarse si tiene sentido seguir adelante, si se suspende esto o si se levanta la mesa y prosigue la lucha armada. Personalmente, anhelaría que las Farc digan - contundentemente - que van a dejar las armas, como de manera explícita lo hizo el M-19 en 1989 y lo cumplió a principios de 1990.

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Las negociaciones del gobierno con las Farc pasan por su momento más crítico desde que se iniciaron en noviembre de 2012. Y no solamente por los hechos del Cauca, de por si graves en términos humanos y de gran  impacto político. También en una opinión pública que venía abriendo un mayor compás de apoyo a un proceso tremendamente frágil ante la ciudadanía. 

Las negociaciones pasan por un momento definitivo, luego de los importantes avances logrados en 29 meses de trabajo riguroso en el que las dos partes han logrado importantes acuerdos en los temas históricos del conflicto: desarrollo rural y garantías de participación política.

Para cerrar la negociación faltan tres grandes temas: cómo asumir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, el tema no superado del paramilitarismo y las garantías de seguridad, para transformarse en una fuerza política sin armas, tres temas gruesos y claves por resolver.

Ahora las dificultades mayores están en concretar unas formulaciones para asumir responsabilidades ante graves violaciones y la grave criminalidad, cometida por todos los implicados en un conflicto armado tan prolongado y degradado, que exige de gobierno y Farc avanzar con el máximo de rigor ante una sociedad que es altamente sensible a pretensiones de negacionismo u operaciones descaradas de impunidad. Esto no le sirve al propósito de ampliar esta precaria democracia.

La tarea de cerrar el conflicto armado está en curso y las dos partes directamente implicadas. Gobierno y Farc deben seguir en el trabajo de concluir los puntos que faltan, con ritmo apropiado, siendo precisos en que la variable tiempo es fundamental.

Esta negociación no puede ir más allá de mediados del 2016, por pragmatismo político, el acuerdo en su primer arranque debe ser promovido entre los firmantes y eso tiene tiempos y nombre propio. Es con el Presidente Juan Manuel Santos y en los meses previos a que arranquemos el debate presidencial en el segundo semestre de 2017.

La negociación ha avanzado de manera importante, es hora de emprender lo que falta con ritmo.

Creo que no. Creo que ponerle plazos al proceso es el paso anterior a incumplirlos. Creo que, teniendo claro que muy probablemente el que esté pidiendo plazos esté montado ya en las campañas de 2015 y 2018, Santos tiene que ganarse de vuelta la confianza de esa gran parte del ejército que la derecha ha estado azuzando --aprovechando la brutalidad de la extrema izquierda-- con tanta disciplina y tanta irresponsabilidad, más que nunca.

Creo que para contrarrestar la propaganda negra debe seguir recordándole a la gente, con mayor efectividad, que él no es un aliado de las Farc, sino justamente la contraparte que está tratando de terminar el conflicto.

Tiene que dejar en claro que en esto llevamos desde 1984 y que durante los gobiernos de Betancur y de Pastrana se terminó cediendo al delirio de los dos extremos luego de mucha violencia. Y tiene que recordarle al país cómo han fallado, una y otra vez, tanto la guerra como la paz con las Farc desde hace treinta años.

Sigue habiendo, en fin, un problema de comunicación, enturbiada, además, por las mentiras y las versiones amañadas de tantos. Y creo que debe insistir, entonces, en la idea afortunada de que la paciencia de los colombianos tiene límites. Sería lo ideal que los colombianos mismos mostráramos esa impaciencia a la guerrilla, que nada que sale de sus tiempos circulares para entrar en los tiempos de la historia.

Durante la campaña presidencial insistí en que la negociación para terminar el conflicto con las Farc debía tener plazo y condiciones humanitarias pues el tiempo indefinido iba a desgastar la institucionalidad y la confianza en el gobierno como en efecto sucedió. 

El plazo debe suponer un cambio de ritmo: menos rondas y mas intensidad en el trabajo.  El gobierno de Santos debe ponerse a si mismo como límite máximo diciembre de este año para poder anunciar al país que la desmovilización de las Farc se hará con entrega de las armas y sometimiento a la justicia. De lo contrario será una negociación fallida que no será refrendada por el pueblo colombiano.