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Miércoles Octubre 20, 2021

 

El Ministro de Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, lideró la preparación del Estatuto Anticorrupción.
La ex Secretaria de Planeación de Bogotá, María Camila Uribe, fue suspendida por no revocar una licencia que no podía revocar.  El fallo está en apelación ante el mismo personero en segunda instancia.
El Presidente Santos se puso en cabeza de una cruzada anticorrupción en el sector salud.
Néstor Eugenio Ramírez fue suspendido indefinidamente por la Contraloría por no responder a tiempo sus requerimientos.

Hoy se promulgó el Estatuto Anticorrupción y al mismo tiempo, el presidente Santos anunció una nueva purga, esta vez en la DIAN. Son dos hechos que, sumado a las propias cruzadas anticorrupción del Procurador, la Contralora y la Fiscal, en principio son positivos, pero pueden traer consecuencias negativas en el mediano plazo. Se va a volver muy difícil conseguir profesionales de alto nivel para trabajar en el Estado.

Por un lado, el Estatuto prohíbe que, en los dos años siguientes a dejar de trabajar con el Estado, los servidores públicos presten "servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo (…) con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios, asistencia, representación y asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos a los que se haya estado vinculado”. Además, para los asuntos concretos que haya conocido, la prohibición es indefinida

También tienen una inhabilidad de dos años quienes hayan estado en cargos de nivel directivo en el Estado, para contratar con el Estado, si lo hacen en contratos cuyo objeto tenga relación con el sector en el que prestaron sus servicios.

“Se acaba la puerta giratoria’”, dijo Santos cuando sancionó el Estatuto..

Con estas medida, se busca evitar, por ejemplo, que el funcionario que entrega una licencia de construcción luego sea asesor del constructor que se benefició con esa licencia (que puede ser un mecanismo para pagar ese ‘favor’). Y también que un ex director de un organismo aparezca un mes después de haber dejado el cargo para hacer lobby de intereses privados entre sus antiguos subordinados.

El problema es que este Estatuto también limita las posibilidades futuras de los servidores públicos e impone de entrada un sacrificio más alto del que ya de por sí exige un puesto público. Sobre todo por que en muchas ocasiones los salarios del sector público son menores que los equivalentes en el sector privado. Mientras que el Presidente gana unos 19 millones de pesos de sueldo, el presidente de una compañía grande, de un gremio o de una multinacional puede recibir 50 millones de pesos.

“Es como una condena a ser funcionario”, dijo un joven profesional que trabaja como asesor jurídico de una entidad del Estado. “El Estatuto cercena derechos como la libertad económica”.

Y es que se puede argumentar que hay casos en los que es muy difícil encontrar trabajo sin violar esas prohibiciones. Por ejemplo, si se trata de un químico del Invima experto en evaluar medicamentos ¿qué trabajos podría conseguir por fuera de la industria farmacéutica que vigilaba?

En gran medida, este debate se podría zanjar con una buena reglamentación, que defina cómo interpretar esas normas. Porque parte del problema ahora es que los funcionarios actuales no saben qué tan inhabilitados van a quedar cuando se retiren. Por eso, varios tecnócratas de alto nivel renunciaron en las últimas semanas para evitar quedar inhabilitados. Así sucedió en el Inco y en otras entidades.

Este costo de oportunidad que se crea para quien entra a trabajar en el Estado se suma a otros, que han aparecido en los últimos meses.

Las "asustadurías"

Desde hace décadas, los militares se quejan del ‘síndrome de la Procuraduría’: no ejercen sus funciones por miedo a que luego los órganos de control los castiguen. Ahora ese síndrome parece haberse ampliado: ya no son solo los militares los que se quejan, ni es sólo la Procuraduría la que sienten como una amenaza.

No solo el Procurador destituye funcionarios por delitos por los que ningún juez ha condenado, sino que, como medidas preventivas, la Contralora embarga cuentas de funcionarios (embargó las cuentas hace meses de 22 funcionarios del Ministerio de Agricultura por Agro Ingreso Seguro) y suspende de manera indefinida a servidores públicos. Y la Fiscal pide y los jueces otorgan detenciones preventivas porque se hizo mal un contrato.

Varios casos han puesto el tema en discusión. La Personería de Bogotá suspendió a la ex Secretaria de Planeación, María Camila Uribe, por no haber revocado la licencia de construcción de Unicentro a pesar de que argumentó, con buenas razones, que jurídicamente no podía revocarla. A Néstor Eugenio Ramírez, exdirector del IDU, la Contraloría lo suspendió indefinidamente por no haber respondido a tiempo un requerimiento suyo. Otra cosa es que después hayan salido más acusaciones en su contra.

Pero el golpe más fuerte para muchos tecnócratas fue el de la detención preventiva a los funcionarios intermedios de Agro Ingreso Seguro, y las altas penas que el Fiscal pidió contra ellos (más de 40 años), con el aval de la Procuraduría.

“Lo de Agro Ingreso Seguro fue lo peor”, dijo otro alto funcionario de un Ministerio. “El mensaje que hemos recibido quienes tenemos alguna vocación de servicio público es muy desestimulante”, dijo a La Silla Vacía un economista de una entidad descentralizada. “Se están volviendo temas penales problemas que serían quizás disciplinarios”, dijo un tercero. Todos ellos son funcionarios que volvieron del exterior con una maestría. Dos de ellos trabajaron varios años en el sector privado pero se decidieron por trabajar en el Gobierno porque tienen la vocación por lo público.

Pero los tres dijeron que ver en la cárcel a una funcionaria como Camila Reyes, que sienten que tenía una trayectoria similar a la suya y buena fama, los ha puesto a pensar si no es mejor trabajar en otro lado, donde no los persigan esas ‘asustadurías’, como les dicen ahora en algunos corrillos de las entidades públicas. 

También los pone a pensar muy bien antes de tomar las decisiones rutinarias que exigen sus cargos – y eso tiene al Estado a media marcha.

En Bogotá, el Comité Jurídico Distrital no ha podido emitir una directiva para que se pueda contratar durante la vigencia de la Ley de Garantías, porque temen que la Procuraduría y la Contraloría les caigan encima. El Ministerio de Hacienda ha castigado dos veces el plan de caja del Ministerio de Agricultura, porque éste no está ejecutando su presupuesto. Y hoy se anunció que los alcaldes y gobernadores tienen dos meses para ejecutar los proyectos de Colombia Humanitaria, porque también están demorados en gastar la plata. Y aunque el miedo no es el único motivo de la demora - probablemente hay mucha ineficiencia también - sí está presente.

Pero, además, el Gobierno parece haberse convertido en otro órgano de control. El despliegue que le dio esta mañana a las denuncias sobre corrupción en la Dian o la rueda de prensa que dio el Presidente, acompañado de la Fiscal, la Contralora, el General Naranjo y el Procurador, para mostrar que estaba a la cabeza de las investigaciones por el carrusel de la salud, dan esa sensación. 

El nuevo Estatuto Anticorrupción permite al Presidente  designar los jefes de control interno de todas las entidades del orden nacional. Y obliga a estos reportarle, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, que es el Secretario General de la Presidencia y mano derecha de Santos, cualquier irregularidad que encuentren. Es decir, la Presidencia se convierte casi en una central de contrainteligencia.

En defensa del Gobierno, un alto funcionario dijo a La Silla Vacía que al gobierno le ha tocado tomar esas determinaciones para frenar el desangre de recursos públicos producto de la corrupción. “La intención es mandar el mensaje de que tenemos los ojos muy abiertos, porque el simple hecho de que la gente se sienta vigilada los inhibe de cometer fechorías”, dijo a La Silla Vacía.

Ese objetivo es loable pero ese mensaje puede tener un doble filo. Puede ser entendido como que el Gobierno no confía en sus propios funcionarios y que todos los que trabajan con el Estado son unos corruptos. Esa señal no es muy estimulante para los profesionales jóvenes que querrían trabajar en el Estado.

El viernes pasado, funcionarios del IDU–que se ha vuelto el ícono del escándalo del Cartel de la Contratación- salieron a marchar para protestar contra la estigmatización de la que se sienten víctimas, y uno de ellos le dijo a La Silla Vacía que seguía en la entidad por vocación, pero con muchas dudas. “A otra funcionaria, una profesional, sus papás le dijeron que el mejor regalo que les podía hacer era retirarse del IDU. Renunció la semana pasada” le contó a La Silla Vacía.

Precisamente por todos los problemas de corrupción y de gestión, el Estado no puede darse el lujo de no ser una opción competitiva para la gente más preparada. Hay que encontrar un equilibrio entre proteger los recursos del Estado y tener las personas más competentes para manejarlos.

 

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Trabajar para el Estado

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Néstor Eugenio Ramírez
Juan Manuel Santos Calderón
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Lun, 2011-07-18 14:09

Y me perdonarán, pero no creo en eso de "me salí del sector privado para servirle a mi país desde el sector público". ¿Eufemismo de qué? Ustedes mismos lo imaginarán.

Lun, 2011-07-18 14:02

Retomando un poco mi discusión con el autor de la columna, creo que su mayor debilidad es que ignora un factor cardinal: el mercado laboral en Colombia. A la pregunta ¿que profesional se le mide a trabajar en el Estado? La respuesta es tan sencilla y evidente, que por obviarla es que muchos de los foristas se han levantado contra la ella. Aspiran a trabajar en el Estado la gran mayoría de los profesionales, porque en Colombia, el mercado laboral no da para escoger. ¿O si? Acaso se nos olvidan los miles de profesionales que trabajan para el Estado en condiciones mínimas (prestación de servicios, sin prestaciones, sin derecho a vacaciones, sin derecho a participar en concursos de ascenso, etc)? Así pues, es como le digo al columnista que los mejores sueldos, privados o públicos, son una loteria, que la mayoría de veces no va de la mano con la meritocracia, sino de un "gran" padrino. El enfoque de la columna y su título debieron ser diferentes.

Lun, 2011-07-18 17:20

No-doxa, es cierto que no abordé ese punto en el artículo, y que es muy relevante. Al igual que otro, el de la falta de verdadera carrera administrativa (una en a la que se entre por abajo y se pueda salir como director de instituto, digamos).

Por otra parte, el tema de la prestación de servicios creo que es un problema más amplio, que no se da solo en el sector público.

Saludos.

Sáb, 2011-07-23 07:16

Pues bueno, ahí vamos afinandonos todos!!!

Lun, 2011-07-18 11:06

El delito de la corrupción tiene que ser un delito de lesa humanidad, porque condena a los pueblos al atraso y la muerte (salud, educación)para que nunca prescriba, eso por un lado, y tambien para que no se estanquen las cosas en la justicia como en la procuraduria para asuntos disciplinarios y en la fiscalia para asuntos penales los abogados, los jueces y los fiscales deben tener tiempos inamovibles y si en esos tiempos no se cumplen con la justicia entonces serán cumplices de los corruptos, no solo incompetentes y podran ir a la carcel y se les podra quitar la licencia, pero que por vencimiento de terminos los corruptos queden libres y no pasa nada. En Colombia ningun cargo importante es elegidos por meritos sino por politiqueria (cuota burocratica) y palanca, pero cuando ha escuchado que los ministros y presidentes de todas las entidades publicas se les haga un proceso de selección ?? no ellos pueden hasta haber comprado el diploma pero profesionales no son, no estariamos como estam

Dom, 2011-07-17 22:14

Hmmm...

http://pdba.georgetown.edu/constitutions/colombia/col91.html

"(...)
Ley 190 de 1995 antiguo Estatuto Anticorrupción
Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratació Pública
Ley 200 de 1995 antiguo código disciplinario
Ley 610 de 2000 tramites de responsabilidad fiscal
Ley 734 de 2002 nuevo código disciplinario
Ley 909 de 2004 que regula la carrera administrativa
Decreto 2232 de 1995 normas relativas al formulario único de bienes y rentas."

Interesante. Muy. Interesante.

La adicción a las leyes -algo muy santanderista y típicamente colombiano- nos puede a veces hacer distraer de la realidad. Sí hay riesgo en estos procesos de endurecimiento. Sí es, sin embargo, necesaria la tabula rasa para poder depurar lo existente.

De paso... @sety1 "te podrian castigar hasta por equivocarte en la fecha de un documento publico o por no colocar en la web alguna información o dejarla alli durante dos años."

¿No es irónico? Porque en dos añitos, digamos, se negocian reelecciones...

Sáb, 2011-07-16 01:58

Por los comentarios, se nota que la mayoría que dicen que "el que nada debe, nada teme" no son funcionarios publicos, una cosa es decirlo y otra es sufrirlo, aun cuando seas de los mejores funcionarios, muchas de las conductas que castiga la procuraduría, pueden ser sin dolo, y para darles un ejemplo, te podrian castigar hasta por equivocarte en la fecha de un documento publico o por no colocar en la web alguna información o dejarla alli durante dos años. Incluso te pueden sancionar por no ir a trabajar un día, a veces las investigaciones cuestan más que las sanciones, si es que te aplican una. Y muchas de esta depende de gente dentro de tu Institución que tiene contactos con la IAS y son las que atizan los procesos para sacar a gente del medio.

Vie, 2011-07-15 19:11

El que fiscales o contralores o procuradores obren con abuso de sus atribuciones, no es fundamento lógico para repudiar la prohibición de contratar o vincularse con empresas del sector privado con las cuales el funcionario hubo de atender por razón de su cargo. Este abuso se da con o sin la prohibición. El síndrome de las "ías" es anterior al estatuto anticorrupción y al cierre de la puerta giratoria. A mi juicio, se invita a quien tenga vocación de sevicio público y no a quien halla en este un medio o un puente para su futuro ejercicio profesional privado, asesorando o participando en cuadros directivos o en altos cargos de nómina, a y de las empresas con las cuales mantuvo relación de autoridad.

Vie, 2011-07-15 19:03

El haber empezado a cerrar la puerta giratoria es muy saludable. No pocas personas, profesionales casi todos, trabajan primero para el Estado o con el Estado y allí aprenden lo que la universidad no les enseñó: la ejecución pragmática del conocimiento. Y este proceso de aprendizaje, por lo general breve (tres a cinco años) sirve de puente para llegar a la puerta giratoria que les comunica con empresas de alto nivel, a las que son vinculados como asesores, consultores o de nómina. Y aceptan sin rubor alguno. Esto que era un impedimento ético -tan desconocido por lo trashumantes de lo público a lo privado y de lo privado a lo público- hoy tiene respaldo legal. Si un profesional no quiere, ahora, trabajar con el Estado, es porque su vocación no era el servicio público, sino la wmpresa privada a través de la puerta giratoria o el trampolín que impulsa, como se le quiera ver.

Vie, 2011-07-15 08:59

A mí me parece un buen artículo. Pone sobre la mesa un tema importante y una inquietud legítima.

En realidad, como lo dice el autor, la prueba de fuego está en la reglamentación de la ley. Y es gracias a artículos como este de LSV, que las reglamentaciones salen bien (porque aclaran y muestran presión).

Así que, más allá de los enardecidos que quieren purgas, el punto del artículo es claro, legítimo y, en últimas, benéfico para el país. Sin un artículo así, habría poco interés en la reglamentación de la ley. Ahora, el escrutinio público va a ser enorme. Gracias

Vie, 2011-07-15 00:27

Relacionada con este artículo y el tema de la puerta giratoria, el 27 de junio se publicó otra visión del asunto a cargo de Ricardo Galán. RRA.

Jue, 2011-07-14 22:27

De acuerdo con el Estatuto Anticorrupción... Ahora, parece que los de ingresos altos no tendrán incentivos para entrar a usufructuar los recursos del Estado. El reto ahora es asegurar que la entrada a los puestos del Estado sea verdaderamente por meritocracia, que esté atado con una mejora sustancial en las Universidades de alta y media gama, que aseguren la formación de miles de profesionales de bajos y medianos ingresos que podrían tener las puertas abiertas al Estado, pero que sea eso sí, por pura meritocracia. El endurecer los reglamentos no necesariamente tiene que llevar a un vacío en el funcionariado, los incentivos cambian, pero que habrá gente de calidad para ejercer esos puestos, los habrá siempre!!! y ahora, es el tiempo de tener en cuenta a otros que no habían sido tenidos en cuenta anteriormente.

Jue, 2011-07-14 23:04

peter_ohs, tue enfoque me parece sumamente interesante. Es cierto que si se van unos, se abren posibilidades para otros. Y que si la sociedad logra que esos otros estén bien capacitados, a la larga gana la movilidad social y toda la sociedad. Lo importante es que ahora podemos poner tus ideas en práctica. Saludos.

Jue, 2011-07-14 21:35

De acuerdo con el estatuto de corrupcion;se le abre las puertas a tanto profesional
de clase media,bien preparado y que nunca puede ingresar a las empresas del estado por falta de "palanca";con excepciones pero la corrupcion siempre ha estado en las clases altas,alli es donde se imponen los Presidentes,los senadores,los ministros etc,y son ellos los que tienen las empresas que en la mayoria de los casos contratan con el estado.Nada de acuerdo con este articulo.

Jue, 2011-07-14 18:56

Aplaudo el estatuto anticorrupción, porq hay que reducirla a sus justas proporciones, q desgraciadamente no es 0%. De los más sano de esa Ley es prohibir por 2 años para trabajar con empresas vinculadas a su toma de decisiones en el estado. Un buen profesional es versátil y si es bueno encuentra espacio en otro sitio. Así se acaba la cooptación tácita de funcionarios q cultivan en su cargo público sus relaciones con sus clientes del sector privado, con la expectativa de un cargo o contrato en ellos. Lo más reciente, el exMinMinas Martinez, q peló el cobre aceptando una junta directiva de una empresa que fue su interlocutor el gobierno. Esas vagabunderías tiene q acabarse. Este es el Estatuto Anticorrupción más serio en Colombia. Como caso risible, los estatutos anticorrupción que se hicieron en los gobiernos de Samper y Uribe. Un saludo a la bandera para decir luego que ellos expidieron uno. BANDIDOS AMBOS. Santos SÏ tomo el toro por los cuernos. Aplauso y bofetada para los CORRUPTOS.

Jue, 2011-07-14 17:19

Este articulo me parece contrario a lo que el pais debe hacer para erradicar la corrupcion y poder instaurar el desarrollo, no se puede justificar lo injustificable que en este caso se concreta en la tesis que defiende el autor del documento, no se puede decir que las medidas que toma el gobierno no pueden ser porque se establecen mas garantias que permiten que los empleados publicos no sean corruptos. Que es mejor, que se establezcan garantias que no permitan que se roben los dineros publicos o menos exigencias al momento de ser empleado publico? cuando menciona el caso de agroingreso seguro y dice que esta mal porque a los funcionario los intimidan con asuntos penales, COMO DEBE SER, o cuando dice que el mensaje es que todos son corruptos y que el estado no puede darse el lujo de no trabajar con los mejor, ES FALSO, porque es verdad que hay corrupcion y que debe erradicarla y obviamente los mejores pueden trabajar con el estado, simplemente es una exigencia para erradicar la corrup

Jue, 2011-07-14 14:54

Uno es honesto, uno es capaz, uno trabaja para el estado. Resulta después que uno trabaja en la entidad cuestionada del momento, cualquiera que sea (entendiendo que como uno es honesto, no teme), y por esa moda se convierte uno entonces en el blanco de una sesgada cacería de brujas, en la que ya que uno trabaja ahi por capaz y no porque el gamonal de turno ahí lo puso y lo protege, es a uno al que terminan acusando y enjuiciando. Aún sin un proceso justo, pues fue el producto de un afán protagónico de una "ía", o de una medida de emergencia bien intencionada que resulta en errores como el que uno, que es honesto y capaz, pague el pato por quienes no lo son. Así pues, uno que es un profesional honesto y capaz, prefiere no trabajar para el Estado. Este caso hipotético es de lo que habla el artículo. A eso hay que sumarle el juicio mediático, pues muchas veces se condena en la opinión a una persona que apenas está siendo investigada, lo que no significa que sea culpable. Ahí sí, uno teme.

Jue, 2011-07-14 12:29

Desde que me gradué de la Universidad he trabajado de una u otra forma para el estado y debo decir que ví muy poca "vocación de servicio".
A la mayoría de los más antiguos les gustaba su comodidad y ser casi intocables, algunos tenían invesitgaciones desde hacía décadas. (No digo que todos pero sí muchos).
Los más jóvenes lo usan para sumar años de experiencia e ir luego a una empresa privada relacionada con el sector, así que más que una puerta giratoria es un trampolín. Las mismas empresas privadas "cazan" a estos funcionarios porque combinan conocimiento técnico y legal en el área.
Muchísimos de los cargos de alto nivel se nombran por recomendaciones. Al menos yo no conozco el primer "Concurso público para contratación de asesores a X Ministerio o Entidad".
Personalmente escuche a una "alta funcionaria" de un "ente de control" decir por télefono: "Es que acabo de llegar aún no sé que hay disponible dame unas semanas y miro donde te ubico", bueno quizás hablaba con su mueble.

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