Una de las más importantes reglas de éxito o fracaso de los gobiernos es su sentido de la oportunidad para tomar tal o cual decisión. El gobierno del Presidente Santos ha fallado varias veces en eso: parece de reflejos retardados, reacciona tarde, promueve decisiones a todas luces inoportunas, confía imprudentemente en la Unidad Nacional o no valora bien el clima de la opinión.

La presentación del proyecto de “ley de baldíos” es un buen ejemplo, digamos en un taller de buen gobierno, de lo que no hay que hacer. Es un test básico de “gobernabilidad”, es decir las preguntas elementales que conduzcan a determinar las posibilidades de que una idea pueda ser aprobada y convertida en realidad.

Presentar un proyecto de ley controvertido como el que más a un par de semanas de que se cierre el período legislativo es un desconocimiento elemental del funcionamiento de la política. Ningún proyecto –bueno, malo o regular- tiene posibilidad ninguna de ser aprobado en este período, ni siquiera de recibir ponencia para primer debate. ¿Para qué se presenta entonces?, quizás para representar la decisión de avanzar en algún sentido pero no para que lo aprueben. Tiene un efecto puramente simbólico.

Nada más inoportuno que querer aparecer resolviendo un tema particular a unos empresarios que diseñaron estratagemas jurídicas para saltarse los límites de la ley. Aún corrigiendo, como parece que se hará con el proyecto, el Gobierno cargará con la percepción de querer favorecer a unos amigos del Presidente. El Senador Robledo tiene un auténtico “bocado de cardenal” para cobrarle a Santos y a su ministro de Agricultura.

Ya Lizarralde había dado una muestra de poco sentido político al pretender deslegitimar a su contradictor con una grabación ilegal de una conversación que –era obvio- evocaba las “chuzadas”. ¿Puede, realmente, un ministro creer que oyendo esa grabación la opinión se iba a poner en contra del Senador Robledo? ¿Un Ministro, no calcula que la primera pregunta que le van a hacer los periodistas es de dónde sacó la grabación? ¿ Un Ministro, tiene tan poco sentido político como para creer que la versión del anónimo se la iban a creer?

Si no hubiera pasado, parecería inverosímil que un Ministro no haya consultado con el Presidente hasta el detalle una decisión tan políticamente sensible como la de un proyecto de ley como éste, con un tema que costó la cabeza del Embajador de Colombia en Washington y que está íntimamente relacionado con los diálogos de La Habana. “Se consultó con sigilo”, dijo el Ministro en una frase que parece –otra vez- recomendada por los enemigos.

Visto desde el otro lado, resulta increíble que el Presidente Santos no hubiese dado “precisas instrucciones” –como suelen decir los comunicados de Palacio- sobre lo que se podía y no se podía en ese proyecto. E incluso, sobre la oportunidad de presentarlo o no. Como en la reforma a la justicia, el Presidente volvió a llegar tarde y con señales equívocas.

Esta vez no parece descuido, sino eso que le critican hasta sus más cercanos colaboradores, “por querer quedar bien con todo el mundo”. Santos no quiere “legalizar” la manera irregular como algunos acumularon tierra en la altillanura pero no se atreve a ser “traidor de los de su clase”. Los compañeros de golf han pesado mucho en esta ocasión. Eso dice el exministro Restrepo y los funcionarios que salieron del Incoder.

¿Nadie en el Gobierno evalúa la viabilidad política de una propuesta? ¿El Ministro cree realmente que en el Congreso se puede tramitar a las volandas una ley con las implicaciones que tiene ésta?. Para aparentar que el Ministro no ha perdido el apoyo del Presidente van a insistir en presentar el proyecto con algunos cambios. Dicen que incluso lo harían con mensaje de urgencia. La preocupación se volvió ahora no dejar caer al Ministro.

¿En qué anda el Presidente y sus asesores de comunicaciones? Si como dicen, el Presidente dio la orden a su Secretaria General de retirar el proyecto, ¿nadie previó la trascendencia de esa decisión? ¿creyeron que no había que dar ninguna explicación? ¿cómo que el Ministro duró 36 horas buscando una cita con el Presidente para saber qué pasaba? ¿cómo que el Ministro del Interior sabia pero no sabia?. Entre el momento en que Felipe Zuleta, en Blu Radio, contó de la orden presidencial y cuando el Presidente trinó confirmando pasaron 14 horas y en el entre tanto hubo todo tipo de versiones.

Ahora no se sabe cual es la posición del Gobierno. El Ministro ha dicho que hará unos cambios y volverá a presentarlo. Dicen que buscaron una fórmula para tratar de quedar bien con todo el mundo: no tratar el tema de la acumulación de baldíos y dejar que sean los jueces en cada caso los que decidan.

Otra regla básica de un funcionario público con responsabilidades políticas es no “dejarse sacar la piedra”. Como en el fútbol, los contrarios provocan, llevan al límite la tensión esperando una reacción inconveniente políticamente. Lizarralde violó esa regla. Robledo lo sacó de casillas.

El tablero de instrumentos, ese que marca alarmas y da señales parece haberse apagado en la Casa de Nariño.

Valdría la pena que el Ministro de Agricultura le echara una llamadita al ex ministro Juan Carlos Esguerra, que renunció sin preguntar después de la crisis generada por una reforma a la justicia que él alabó y el Presidente desautorizó. Lo único peor a lo que ya pasó es prolongarlo.