Luis Camilo Osorio fue Fiscal General entre 2001 y 2005; fue quien nombró a Elba Beatriz Silva como coordinadora de la Undiad de Derechos Humanos.

Mario Iguarán fue Fiscal general ente 2005 y 2009. En esa época le pidió la renuncia, a través de los medios, a Marlene Barbosa, pero nunca lo hizo de manera oficial. por el contrario, la ratificó en todas sus investigaciones.

Esta semana la Fiscal General Viviane Morales nombró tres funcionarios claves en la Fiscalía. En los tres casos se trata de funcionarios con trayectorias en la entidad y que han estado vinculados a unidades élite con lo cual Morales envía una señal de respeto a los fiscales. Pero dos de ellos, el de la nueva coordinadora de la unidad de Justicia y Paz, Elba Beatriz Silva; y el de la nueva coordinadora de Derechos Humanos, Marlene Barbosa, son polémicos.

La Unidad de Justicia y Paz

Elba Beatriz Silva es la nueva coordinadora de Justicia y Paz, la unidad encargada de los procesos relacionados con la negociación con los paramilitares. Su nombramiento llega después de que otras dos personas fueron presentadas en ese cargo pero finalmente no resultaron nombradas.

Primero fue Óscar Julián Guerrero, experto en derecho penal internacional y derecho internacional humanitario y quien fue asesor de Alfonso Gómez Méndez en la Fiscalía. Luego, el ex director de la unidad de Derechos Humanos Pedro Díaz Romero, quien salió en tiempos de Luis Camilo Osorio por presiones internas cuando solicitó la captura del general retirado Rito Alejo del Río. Finalmente resultó nombrada Silva.

Silva lleva más de 20 años en la Fiscalía, desde cuando era la Dirección de Instrucción Criminal la encargada de investigar los delitos. Durante este tiempo, Silva ha tomado varias decisiones que han sido duramente criticadas.

A mediados de los años noventa, cuando Silva era directora seccional del CTI en Sucre, se vio involucrada en un escándalo de un allanamiento ilegal por el que la Nación terminó condenada. Aunque Silva no fue sancionada, un fiscal dijo que ella le pidió que le ayudara a tapar su error legalizando su allanamiento.

En 2002, el coordinador de la Unidad de Derechos Humanos, Alejandro Ramelli, renunció a la Fiscalía, al igual que la fiscal de la unidad Mónica Amparo Gaitán, después de que esta última proyectó una resolución de acusación contra ocho oficiales de la Armada por la masacre de Chengue durante la fiscalía de Luis Camilo Osorio, que finalmente nunca vio la luz. Tras la salida de Ramelli, Osorio le dijo a los fiscales de la Unidad que iban a tener la posibilidad de elegir a su coordinadora. Para ello les pidió que votaran de forma secreta. Al día siguiente, les contó que habían elegido a Elba Beatriz Silva. En ese entonces, El Tiempo informó  sobre el evento y lo calificó como “peculiar” porque varios fiscales dudaban de que el nombramiento hubiera sido realmente el resultado de su votación.

Sobre este episodio, la fiscal Silva dijo a La Silla Vacía que ella y otro fiscal de la unidad, Hernando Castañeda, quedaron de finalistas, y que fue Luis Camilo Osorio, a quien ella solo había conocido cuando llegó a la Fiscalía, quien la nombró.

Como coordinadora de la unidad, Silva fue criticada porque, según cinco fiscales que a la postre solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ella se negó a ofrecerles protección. Según la fiscal, esto fue un malentendido “por diversas coyunturas”, pues ella les brindó todas las medidas de seguridad, incluyendo carros blindados. Y resaltó que el tema con la Corte Interamericana fue asumido directamente por Luis Camilo Osorio.

Luego en 2005, Gustavo Petro hizo una revelación que golpeó directamente la credibilidad de esta fiscal. En un debate de control político en la Cámara de Representantes, el entonces representante del Polo afirmó que Silva tenía engavetada desde el año 2000 una grabación de la Policía en la que Álvaro ‘el Gordo’ García y un jefe paramilitar preparaban la masacre de Macayepo. Esta grabación fue fundamental para que al año siguiente, la Corte Suprema de Justicia dictara una orden de captura masiva contra políticos de Sucre, con lo que dio inicio a la parapolítica.

"No se nada de esa grabación", dijo la fiscal Silva a La Silla Vacía. Dice que fue ella quien, por asignación del coordinador de la Unidad del momento, Pedro Díaz, asumió la investigación a los cuatro días de la masacre. Y que en menos de una semana había identificado a alias 'Cadena' y a alias 'Barretón' como los autores de la misma y luego les libró orden de captura. Respecto a lo que ocurrió después en el proceso, dijo que ya no era ella sino Marlene Barbosa, quien la reemplazó en el despacho, la encargada de este caso.

Sus actuaciones frente al tema de la parapolítica le valieron ser mencionada en un artículo de Semana, de 2007, que criticaba la lentitud de la Fiscalía de Luis Camilo Osorio en ese tema. En el artículo también aparecen el ex fiscal Guillermo Mendoza Diago y Luis González León, nuevo fiscal de la Unidad de Bandas Criminales.

Con la llegada de Mario Iguarán, Silva pasó a ser fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, y un año más tarde, en septiembre de 2006, fue nombrada fiscal quinta de Justicia y Paz. En ese cargo estuvo encargada de la investigación de los hechos del Bloque Centauros y del Bloque Héroes del Llano de las AUC, que actuaban en Meta, Casanare, Guaviare, Vichada y partes de Cundinmarca y Boyacá.

En ese cargo investigó cómo llegaron los paramilitares a los Llanos Orientales, y logró avanzar mucho la investigación. Según contó a La Silla Vacía, encontró más de 200 cuerpos de personas desaparecidas, determinó cómo ocurrieron más de dos mil hechos, atendió 12 mil víctimas. Además, imputó cargos contra decenas de paramilitares, incluyendo alias Pirata y alias Cuchillo, y estuvo a cargo de los procesos vinculados a alias Don Mario. Y solicitó que se investigara a militares como el coronel reitrado Héctor Alejandro Cabuya y el general retirado Mario Montoya. Hasta el momento, no se han producidos condenas por esta labor investigativa.

Silva llega en reemplazo de Luis González, que fue nombrado por la Fiscal Morales ahora en una nueva unidad para investigar a las Bandas Criminales. González lideró la unidad de Justicia y Paz desde su creación y es reconocido por haber implementado una nueva metodología de investigación, que en lugar de indagar caso por caso buscaba encontrar patrones de delitos por grupo delincuencial y por regiones para capturar a la banda entera. Aunque su unidad solo produjo una condena, expertos en el tema le reconocen a esta unidad bajo su cargo haber hecho mucho con los escasos recursos con los que contaba. Ahora podrá ser replicar la metodología en la investigación de las ahora llamadas Bacrim.

La Unidad de Derechos Humanos

Algunos medios de comunicación publicaron que Marlene Barbosa Sedano fue designada como nueva coordinadora de la unidad de Derechos Humanos, una unidad élite que se encarga de investigar las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, aún no existe una resolución oficial que la nombre en ese cargo aunque todo parece indicar que sí será nombrada.

Barbosa tiene una larga trayectoria en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, donde trabaja desde 1995, y tiene fama de ser buena investigadora, “una fiscal de pesquisa”, como dijo a La Silla Vacía un ex fiscal que trabajó con ella.

Barbosa fue coordinadora de la subunidad OIT, que es un grupo élite de la Fiscalía que cuenta con recursos humanos y materiales excepcionales para investigar los crímenes más graves contra sindicalistas. Esta subunidad ha registrado buenos logros en los últimos años pues desde su creación en 2006 las sentencias condenatorias por estos crímenes han aumentado considerablemente. Además en muchos de estos procesos, esta subunidad logró condenar o identificar a un alto porcentaje de autores intelectuales. Estos resultados, aunque siguen siendo pobres en comparación de la cantidad crimenes contra sindicalistas, muestran un nivel de productividad mayor al resto de la Fiscalía del país

Pero su trayectoria no está exenta de debates. En mayo de 2009, le concedió la libertad por vencimiento de términos a Alirio de Jesús Rendón, ‘El Cebollero’. Por ello, el entonces Fiscal General, Mario Iguarán, le pidió públicamente la renuncia. Según dijo la fiscal Barbosa a La Silla Vacía, Iguarán nunca le notificó oficialmente de esa solicitud y en cambio, la ratificó en todos sus procesos. Finalmente Barbosa se mantuvo en la entidad y ordenó la recaptura de ‘El Cebollero’, quien finalmente se entregó y denunció un complot en su contra.

Respecto a esta decisión, la fiscal Barbosa explicó que en efecto hubo un vencimiento de términos que, según quedó probado en la posterior condena, se originó en una maniobra de dilación de los abogados. Dijo que a la mañana siguiente ella misma calificó el proceso dentro del término legal y dictó orden de captura. Dijo además que Alirio de Jesús Rendón se entregó e intentó hacerse pasar por enfermo, pero ella no permitió la detención domiciliaria.  Después de eso ella misma ordenó la captura de 40 personas más de la misma organización criminal, la Oficina de Envigado.

Pocos meses después, Barbosa tomó otra decisión polémica. Después de que mediante una grabación el empresario cartagenero Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca demostró que había sido extorsionado por el fiscal José Alfredo Jaramillo por un caso de cuatro homicidos, Barbosa heredó el caso. Unos meses más tarde anuló uno de los dos cargos contra Hilsaca, el de homicidio agravado y mantuvo el de concierto para delinquir.

Barbosa admitió que en este caso ordenó la nulidad del proceso pero asegura que lo hizo en derecho, pues un fiscal seccional le había imputado el delito en el expediente de otro proceso y por eso ella ordenó que se separan los procesos. Según Barbosa, hoy Hilsaca tiene dos procesos en contra, uno por concierto para delinquir en la Unidad Antiterrorismo y otro en la Unidad de Derechos Humanos, por el homicidio de las cuatro mujeres. Los dos están en etapa preliminar. Además, afirma que el caso por homicidio siguió en sus manos y que hace menos de dos meses, Hilsaca rindió versión libre dentro del proceso por homicidio.

La historia de Claudia Julieta Duque

Hay otro proceso que une a las dos fiscales y que no deja muy bien parada a ninguna de las dos. Es el caso de la periodista Claudia Julieta Duque. Según se lo relató Duque a La Silla Vacía, cuando, en 2004, se dieron las amenazas más serias en su contra, la coordinadora de Derechos Humanos era Elba Beatriz Silva.

El hostigamiento comenzó luego de que la periodista realizara un documental junto con Hollman Morris, en que se demostraba la existencia de un montaje del DAS para desviar la investigación por el asesinato del humorista Jaime Garzón.

Silva recibió las denuncias de Duque por las amenazas y seguimientos, pero en septiembre de 2004 decidió que el caso no tenía relación con los Derechos Humanos y lo envió a una seccional de la Fiscalía. Un mes después  Claudia Julieta recibió una amenaza contra su hija, lo que finalmente la obligó a exiliarse.

Cuando se dieron estos hechos, el director de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía, el coronel Luis Alfonso Novoa, aportó al proceso una investigación que probaba que las llamadas que recibía Claudia Julieta estaban trianguladas, es decir, aparecían como si fueran de un número pero venían de otro. Las denuncias de Duque se comprobaron luego con el memorando del DAS donde se ordenaba el seguimiento ilegal a defensores de Derechos Humanos, incluida ella. Sin embargo, esas pruebas no fueron tenidas en cuenta por Silva, y solo fueron incluidas de nuevo cuando la periodista volvió del exilio y se apersonó del caso.

A raíz de las denuncias públicas de las amenazas, el caso volvió a la Unidad de Derechos Humanos. Y el 26 de noviembre de 2004 llegó a manos de Marlene Barbosa, quien había reemplazado a Silva en su despacho. Pocos días después de tenerlo en sus manos, Barbosa dictaminó que las llamadas provenían de un teléfono público y que por lo tanto, no había nada más que hacer. Con esto se paralizó el caso.

La fiscal Barbosa aseguró a La Silla Vacía que este proceso estuvo en sus manos durante año y medio pero que cuando lo dejó, en 2006, había agotado la parte probatoria. Sin embargo, es un proceso que aún está en investigación previa y en un un momento muy delicado porque se está definiendo si se imputan cargos y, en dado caso, a quién. Tiene reserva sumarial y por ello Barbosa no le pudo decir nada más a La Silla Vacía.

Según Claudia Julieta, el proceso sólo se reorientó hace un año con un cambio de fiscal. El nuevo encargado sí tuvo en cuenta los reportes de la triangulación, por lo que el proceso avanzó. De cinco cuadernos que tenía el proceso hace un año, hoy son 21 donde solo por las llamadas, se ha logrado identificar a los funcionarios del DAS que realizaban los seguimientos, así como el conductor del carro desde donde se hacían.

El caso estuvo casi diez años paralizado y por ello la periodista asegura que estos nombramientos son “una bofetada de la impunidad en la cara de las víctimas”. "Estos dos nombramientos, junto con el de la directora del CTI, Carmen Maritza Gonzalez -quien recibió las primeras denuncias de las amenazas y no las investigó- son preocupantes", dijo Duque a La Silla. "Sobre todo ad portas de que se van a tomar decisiones en mi proceso, después de diez años”.

Ser fiscal en este país y en estos temas no es fácil. Estas dos mujeres tienen la oportunidad de demostrar que los temores que Duque y otras víctimas han manifestado frente a sus nombramientos son cosa del pasado.