El Congreso colombiano históricamente parece no haber sido consciente de sus dos más grandes poderes, por una parte reformar la Constitución y por otra “tumbar” al Presidente. Otros congresos de América Latina sí lo han sido y los han ejercido con altos costos para la estabilidad institucional de varios países.

Con el primero, el de modificar la Constitución, teóricamente el Congreso puede modificar las reglas de juego de la política, acabar instituciones o crear nuevas, ampliar períodos o recortarlos, en fin, “mangoniar”. Hasta 1991 el Congreso usó poco ese poder y cuando lo hizo fue a instancias del Presidente.

Del 91 para acá lo ha hecho, en la mayoría de los casos con la anuencia del Gobierno, muchas veces  para “legislar” por esa vía, ya que adoptan disposiciones de tal manera reglamentarias que en otra parte no serían dignas de la Constitución. Varias veces han echado mano de ese recurso para responder a una decisión de la Corte Constitucional. La autorización de la reelección fue el mayor cambio de reglas, pero en 2003 también modificaron sustancialmente las normas electorales y en esa ocasión lo hicieron contra la voluntad del Presidente.

Los congresistas parecen cada vez más dispuestos a cambiar la Constitución. Les parece fácil. Es relativamente rápido y con mayorías como las de la Unidad Nacional, sin riesgos. Se han cogido tanta confianza que aprobaron la “Reforma Judicial”, que en realidad cambiaba el equilibrio entre los poderes. Acudieron a la figura del referendo para intentar permitir un tercer período presidencial.

A pesar del descubrimiento del juguete, se puede decir que el sistema de controles ha funcionado bien. La Corte impidió la realización del referendo y la reacción ciudadana obligó a derogar la “reforma a la justicia”. La Corte ha tenido que reaccionar varias veces para declarar inexequibles reformas que violentan los principios esenciales de la Carta.

Ahora parecen estar descubriendo otro “juguete”, el de decidir la permanencia del Ejecutivo. Si bien, la teoría dice que en los regímenes presidenciales como el nuestro el Presidente no se “cae”, lo cierto es que el Congreso cuenta con dos instrumentos que podría usar en caso de un enfrentamiento con el Jefe de Estado: el juicio político, con el que lo puede declarar indigno y sacarlo del cargo y el de declarar la incapacidad física del Presidente o “reconocer” la del Vicepresidente.

En Paraguay recientemente el Congreso de ese país le hizo un juicio político al Presidente Fernando Lugo y lo sacó de su cargo en pocos minutos. La comunidad internacional protestó pero ha tenido que reconocer que el procedimiento fue constitucional. Así ha pasado en más de diez ocasiones en los últimos años en países como Argentina, Brasil, Perú, Venezuela y varios centroamericanos. El Presidente ha perdido su mayoría en el Congreso y éste ha promovido “juicios” que terminan en destitución y en la designación de un interino nombrado por el legislativo. Eso en Colombia parece impensable.

En 1997 en Ecuador el Congreso de ese país decidió usar otra facultad distinta a la del juicio político, la de la declaratoria de incapacidad permanente. Declaró la “incapacidad mental” de Abdalá Bucaram y le nombró como reemplazo al Presidente del Congreso.

Con ocasión de la enfermedad del Vicepresidente, Angelino Garzón, y justificados en el errático manejo de comunicaciones sobre su estado de salud, el Presidente del Senado Roy Barreras decidió iniciar su gestión estrenando “juguete”. Se saltó el reglamento que exige, en caso de ser necesario, que la certificación sobre la salud del Presidente o del Vicepresidente la expidan tres “facultativos de la más alta calidad científica designados, cada uno en su orden, por la Academia de Medicina, la Federación Médica y el Tribunal de Etica Médica” y prefirió designar una Comisión integrada por algunos médicos y profesionales de otras ciencias de la salud para “visitar” a Garzón.

La aparición de Angelino en público, donde se le veía convaleciente pero totalmente lúcido y en recuperación, hacia innecesaria la visita que algunos encontraban justificada por el silencio familiar y oficial sobre su estado. Barreras siguió adelante, integró la Comisión y programó la visita.

La noticia ha pasado relativamente desapercibida. Incluso algunos afirman que se organizó con la “bendición” presidencial. De hecho la comisión la integran los partidos de la Unidad Nacional y de ella se separó una de las senadoras que siguen las instrucciones del expresidente Uribe, pero nadie de los “santistas” ha dicho que no irá a la visita.

El examen que se practicará el “ojímetro” parece un recorderis al Vicepresidente de que su permanencia en el cargo depende del Congreso. Se tramita una reforma, propuesta por Santos pero presentada por el senador Telésforo Pedraza, que los medios dijeron que había sido firmada por congresistas de todos los partidos de la Unidad Nacional, para eliminar la figura de la Vicepresidencia. Podría aprobarse como de aplicación inmediata.

Pero también a los congresistas que visitarán al Vice les podrá parecer que no está en capacidad de ejercer su cargo y así podrían hacérselo saber al Congreso para que este lo declare. En la práctica ese procedimiento lo que requiere es conformar la mayoría para aprobarlo.

El Congreso no había descubierto ese “juguete” cuando se rumoró que el Presidente Virgilio Barco sufría de alzhaimer durante su período presidencial.

¿Que tal la hipótesis de que hubiera sido elegido Antanas Mockus como Presidente de la República? A Antanas le diagnosticaron Parkinson en un estado inicial que para nada afecta su condición mental y solo le significan algunas limitaciones físicas, casi imperceptibles, a pesar de lo cual durante la campaña se cuestionó su capacidad para ejercer como Presidente. Un Congreso hostil, en el que Mockus no hubiera tenido –ni de lejos- la mayoría, ¿habría creado una comisión para visitarlo?

Más valdría que Santos le pidiera a los senadores no realizar la visita. No debe olvidar que cualquier día el destinatario de la misma puede ser el Presidente y hay visitas peligrosas.